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ARGENTINA, LA LUCHA CONTINUA
 

El hotel funciona en régimen de cooperativa desde hace 14 años
Ellos dicen la verdad
El genocidio se prueba con el testimonio de los sobrevivientes

Por Nicolás San Marco

El viernes pasado, 17 de febrero, se conocía la noticia de que, finalmente, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani iba a ser detenido en La Rioja con prisión preventiva y trasladado a las dependencias del Servicio Penitenciario de esa provincia. César Milani, había sido designado años atrás, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el 3 de julio de 2013, Jefe del Estado Mayor General del Ejército. En ese entonces, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dirige Horacio Verbitsky, impugnó el ascenso de Milani a ese cargo. Recordemos, también, que aquella promoción contó con el aval del Frente Para la Victoria en el Senado de la Nación con el argumento de que la entonces Presidenta de la Nación así lo había decidido en su carácter de jefa de las Fuerzas Armadas.

Atrás quedaban las denuncias de organismos de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y del CELS impugnando el nombramiento de Milani al frente de las FF.AA. De un plumazo y con 39 votos a favor frente a 30 en contra, en 2013 el kirchnerismo sellaba el ascenso de Milani a pesar de las denuncias que tenía en su haber por su participación en los delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas Pedro y Ramón Olivera y Verónica Ligia Matta, en La Rioja entre 1976 y 1977. Durante aquella sesión en el Senado, el argumento central fue el principio de inocencia. Sin embargo, como bien declaró el CELS en un comunicado hacia finales de aquel año, "ese concepto fundamental rige en un juicio penal, donde todo imputado tiene el derecho de defensa, pero no es admisible extrapolarlo a un debate institucional y político sobre las condiciones que deben reunir los jefes de las Fuerzas Armadas".

El caso es que Milani fue parte del Batallón de Ingenieros 141 del Ejército en La Rioja. Alfredo Olivera lo denunció por primera vez en 1984 –lo había nombrado, también, el 29 de junio de 1979 en una denuncia ante el juez federal de La Rioja– ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos, y ratificó sus dichos en 2013 ante la Justicia. Su denuncia se basó en la identificación de Milani como partícipe de unos allanamientos en el que fueron secuestrados y torturados él y su padre, Pedro Adán Olivera. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ha dicho en línea con esto que "en los días que corren, donde la derecha procesista busca levantar cabeza con los dichos de Lopérfido, Gómez Centurión y el propio Macri, defender cada juicio en marcha, cada investigación judicial abierta, sostener como un principio inalterable que el enocidio se prueba con el testimonio de los sobrevivientes y que ellos dicen verdad".

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo de DD.HH fundado por el Partido Comunista en 1937, fue el que redactó el proyecto de ley de derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgado durante el kirchnerismo el 2 de septiembre de 2003 bajo la ley 25.779. Aquellas leyes establecían que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles y paralizaban los procesos judiciales a los responsables del genocidio durante la última Dictadura Cívico-Militar-Eclesiástica, respectivamente.

Sin embargo, a pesar del avance y la victoria del campo popular gracias a la independencia política mantenida por los organismos de derechos humanos frente a los gobiernos de turno, Milani llegó a contestar en el contexto del debate sobre su designación como jefe de las FF.AA. que en aquel entonces "tenía 21 años y no ocupaba un cargo de mando y que esos dos hechos lo eximen de responsabilidad" lo cual, implícitamente, desliza el argumento de la noción de obediencia debida: de más estaría decir que existen al momento numerosos casos de imputación hacia subalternos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es más, otro de los argumentos de Milani para desprenderse de toda responsabilidad por su participación en los crímenes por los que se lo acusa, es el que refiere a su desconocimiento sobre la existencia de un Centro Clandestino de Detención en el Batallón 141 de Ingenieros que es precisamente el lugar en donde Milani desempeñaba sus funciones. Horacio Verbitsky respondió a esto explicitando que "los comunicados del jefe de Milani, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia, que el CELS aportó al Senado, invitaban a denunciar en el Batallón a los denominados subversivos y las causas judiciales falladas en el último año prueban que también allí iban a reclamar noticias los familiares de los secuestrados. Ningún oficial de la unidad podía desconocerlo"1.

Dicho esto, es incomprensible el silencio del kircherismo al respecto. Es incomprensible el silencio porque fueron los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los que se adjudicaron la victoria de las luchas por levantar y sostener bien en alto la bandera de la Memoria, la Verdad y la Justicia para que Nunca Más nuestra Patria vuelva a sufrir un genocidio. Por esto es que nunca se entendió el empecinamiento de querer situar en lo más alto de las FF.AA. a un militar que tenía denuncias por participación en crímenes de lesa humanidad. Pero lo que más llama la atención es el doble juego de, por un lado, desconocer por parte del Peronismo-Kirchnerismo no sólo el avance que esto significa en materia de Derechos Humanos para el país y el incansable trabajo que han desempeñado los organismos de derechos humanos y, por otro lado, el intento de lavado de manos del ex Director Ejecutivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, quien ocupó ese cargo entre octubre de 2012 y diciembre de 2015, y quien ha dicho en los últimos días que "si Milani es responsable de crímenes de lesa humanidad debe terminar sus días en la cárcel". Sin embargo, recordemos solamente, y no precisamente como algo al pasar o como una cuestión anecdótica, que fue el mismo Sabbatella quien dio la orden para que la abogada del Partido Comunista que hoy encabeza la querella contra Milani fuera, en 2014, desafectada de su cargo en el AFSCA –delegada del organismo en La Rioja– precisamente por ser abogada querellante en las causas por delitos de lesa humanidad en esa provincia y denunciar al militar en cuestión.

Se entiende el contexto por el cual quienes defendieron la candidatura de Milani no puedan hacer una autocrítica, comenzando por la ex presidenta: 2017 es un año electoral en Argentina. En gran medida la política argentina se sigue pensando en términos de construcción de personalismos y es por eso que hay quienes defienden que Cristina Kirchner no emita ningún comunicado al respecto dado que fue ella misma quien designó a Milani. Hacerlo implicaría, dicen, un error gravísimo en la construcción de un espacio que le dispute al Macrismo el Congreso en las próximas elecciones. Pero hacer realidad el "volveremos" implica, ni más ni menos, y no en última instancia, ganar las calles, crear poder popular. A no ser, por supuesto, que el "volveremos" quiera decir, traducido, "cerrar" con los mismos de siempre… El "no ensuciar a Cristina" tiene en su fundamento el electoralismo al que estamos acostumbrados.

No podemos dejar de decir que es por lo menos preocupante que el campo popular mantenga en estos días una discusión sobre si Milani es responsable o no, dadas las pruebas y testimonios que aportaron diferentes organismos de derechos humanos y testigos. Más aún, hay quienes se empeñan todavía en defender al militar, como el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien dijo hace unos días que "César Milani es inocente, no tengo ninguna duda". Parecería ser que para el Peronismo todo lo ocurrido en materia de derechos humanos en el país es obra de ellos. De nada vale, por ejemplo, los 40 años de querellas presentadas en La Rioja contra genocidas; de nada vale la incansable labor de los organismos de derechos humanos que gracias a la independencia política que mantuvieron durante los gobiernos de turno la llama de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se mantuvo siempre encendida. Jamás pondremos en duda el rol histórico y fundamental que jugaron los Gobiernos kirchneristas en materia de derechos humanos, por eso es como mínimo sorprendente y preocupante los dichos de varios queriendo minimizar el hecho.

Resulta, por lo menos, una suerte de reduccionismo querer atar todo a que es una "movida" del Macrismo para que el campo popular no sólo llegue dividido a las elecciones sino con ninguna alternativa seria. Por supuesto que el Macrismo y los medios de comunicación hegemónicos utilizan lo ocurrido con Milani para ocultar el desastre que están haciendo en el país, pero con la lógica de que la sola presencia de Cristina Kirchner bastaría para ganar las elecciones de este año lo que deberíamos hacer todos los que luchamos por sacar al Macrismo del poder y transformar la realidad es irnos a nuestras casas. Porque ya no se trataría, entonces, de construir una alternativa política con base social, una alternativa política que tenga sus fundamentos en las calles, una alternativa política elaborada en base a la articulación de todas las organizaciones dispuestas a enfrentar al Macrismo, sino que lo que bastaría sería la mera y sola candidatura de la ex presidenta.

Es el campo popular en su conjunto el que sacará al Macrismo del Gobierno. Argentina necesita construir una fuerza política plural, amplia, dispuesta a ser permeable a diferentes tradiciones políticas que apunten a la transformación de la realidad en sentido amplio y profundo. Para hacer realidad el "volveremos" el campo popular debería revisar los últimos 12 años de gobiernos. La autocrítica es una de las herramientas más revolucionarias que tenemos los que estamos comprometidos con la construcción de un mundo sin explotados ni explotadores. Los comunistas estaremos en primera fila cada vez haya que enfrentar a la derecha.

A ganar las calles, hoy más que nunca.

Nota:

1 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-236230-2013-12-22.html

Fuente: lafogata.org