El corrimiento de la frontera agropecuaria, la concentraci�n de tierras y la sojizaci�n son algunas de las principales causas de la expulsi�n de campesinos, peque�os productores e ind�genas a lo largo y ancho del pa�s. El agronegocio es el principal enemigo de quienes trabajan y viven en la tierra de otro modo.

Durante la etapa kirchnerista, este proceso que tuvo sus comienzos en los '70, continu� con el menemismo y se sigui� profundizando en el nuevo siglo, se fue consolidando y fue arrasando con ese 'otro' campo. Tambi�n fue creciendo la resistencia y la organizaci�n, principalmente en las zonas donde el extractivismo no respeta el m�nimo derecho de los pobladores.

Para entender la situaci�n de los Pueblos Originarios es necesario revisar varios puntos.

Tierras en disputa

La Subsecretar�a de Agricultura Familiar de la Naci�n present� en abril de 2013 el informe "Relevamiento y sistematizaci�n de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina". El trabajo dispara que existen al menos 9.293.234 hect�reas en disputa que son pretendidas por sectores privados o por el propio Estado.

El estudio registr� un total de 857 casos que afectan a 63.843 familias. Del total de conflictos relevados, el 32% (278) afecta a ind�genas. En la mitad de los casos se registran hechos de violencia para obligar a las familias a abandonar las tierras. Adem�s, de la totalidad de casos s�lo el 39,6%o fue relevado hasta entonces como dispone la Ley 26.160 (aprobada en 2006, que frena los desalojos judiciales y ordena el relevamiento de los dominios de esas tierras). Entre las razones que originan los conflictos territoriales que afectan a pueblos ind�genas se menciona en primer t�rmino el pedido de reconocimiento de territorio ind�gena (19,3%), le sigue en importancia t�tulos incompletos o inexistencias de t�tulos (12,1%), e invasi�n y usurpaci�n de tierras (10,3%) y despojo (9,4%).

En cuanto al tiempo de vigencia de los conflictos relevados, se observa que el 33,5% tienen 20 a�os o m�s de antig�edad (por lo que est�n amparados por la usucapi�n o el derecho veintea�al, que permite reclamar al Estado el reconocimiento de sus derechos posesorios), el 43,1% entre 1 y 9 a�os y el 20,9% entre 10 y 19 a�os. "Esto podr�a atribuirse al impacto sobre la estructura agraria y los agricultores familiares de los cambios en el uso productivo de la tierra y la expansi�n de la frontera agropecuaria", dispara el informe.

La regi�n que cuenta con mayor conflictividad dentro del trabajo realizado en este primer informe oficial es el Noroeste, que concentra el 28,2% de los casos. Sigue la Patagonia (21,1%), NEA (19,8%), Centro (19,1%) y Cuyo (11,7%). Las provincias con mayor cantidad de hect�reas en disputa son Salta (1.673.308), San Juan (1.236.709), Mendoza (1.225.805) y Jujuy (1.225.805).

Sin embargo, es Misiones la provincia con el mayor n�mero de familias afectadas: 20.249. Es seguida por Salta (14.908), Neuqu�n (3.976) y Santiago del Estero con 3.528 casos.

Aunque cuenta con grandes limitaciones, sobre todo dado que el relevamiento de conflictos fue realizado en s�lo tres meses de 2011, es una muestra representativa de la situaci�n pero que no la abarca en su totalidad.

A modo de s�ntesis, el trabajo identifica al menos tres problem�ticas, no excluyentes entre s�, que pueden complementarse seg�n la particularidad de cada caso: 1) Inseguridad en la tenencia de la tierras: desalojos de familias rurales y �xodo de poblaci�n rural; 2) Vulnerabilidad: dificultad o imposibilidad de acceso a la tierra y al agua; 3) Situaciones de falta de titulaci�n dominial (posesi�n).

Adem�s, afirma que "los problemas de tierra se han intensificado con el gran crecimiento que registra la megaminer�a, el desarrollo del turismo y los procesos de patrimonializaci�n". Tambi�n destaca la aparici�n de "nuevos propietarios" con t�tulos inciertos, "entregas indiscriminadas de tierras fiscales, cercamientos, desalojo de poseedores ancestrales de campos de cultivo y sus viviendas, destrucci�n de los canales de riego y pircas milenarias, ausencia de respeto a la propiedad de otros, tala de �rboles centenarios, riesgo de contaminaci�n y apropiaci�n de acu�feros subterr�neos, incumplimiento de la Ley de Patrimonio Arqueol�gico y Paleontol�gico".

Desalojos, leyes y relevamientos

A finales de 2006 el Congreso Nacional sancion� la Ley N� 26.160. �sta declara la emergencia en materia de "posesi�n y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades ind�genas, suspende la ejecuci�n de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupaci�n de las tierras". Adem�s, durante los primeros tres a�os de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Ind�genas (INAI) deb�a realizar el relevamiento t�cnico-jur�dico-catastral de la situaci�n dominial de las tierras.

El relevamiento nunca se concret� y, a partir de eso, en noviembre de 2009 se prorrogaron los t�rminos por otros cuatro a�os mediante la Ley N� 26.554. En septiembre de 2013 se volvi� a repetir la situaci�n y a trav�s de la Ley N� 26.894 se extendi� el plazo hasta el 23 de noviembre de 2017.

Durante todo el transcurso de aprobada la ley a la actualidad, los desalojos, amenazas y violencia contra Pueblos Originarios no ha cesado. En algunos casos, como en la provincia de Formosa, se han incrementado los niveles de violencia.

Seg�n la �ltima investigaci�n presentada en julio de 2013 por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que realiza un seguimiento de la problem�tica, s�lo se finalizaron los censos catastrales del 12,5% de las comunidades y se utiliz� el 76% del presupuesto. Sobre un total de 1578 comunidades, s�lo se finalizaron los relevamientos en 197 y las provincias con mayores conflictos territoriales tienen un nivel de ejecuci�n escaso y hasta nulo, como en Neuqu�n y Formosa.

El trabajo titulado "Nueva advertencia sobre la inejecuci�n de la Ley 26.160" advierte el mal uso y desv�o de los fondos, la desinformaci�n por parte de funcionarios p�blicos, la falta de ejecuci�n de los relevamientos y la continuidad de atropellos a los derechos de los ind�genas.

En las provincias con mayor presencia de comunidades originarias y de mayor conflictividad territorial, el trabajo da cuenta de la falta de cumplimiento. En Neuqu�n y Formosa, en las que existen al menos 61 y 182 comunidades, respectivamente, para ese entonces y a casi siete a�os de aprobada la ley, la ejecuci�n hab�a sido nula. En la provincia de Chaco, que tiene registradas 101 comunidades, se relevaron s�lo dos. En Misiones fueron relevadas 18 de 103, en R�o Negro 50 de 124, en Santiago del Estero 12 de 52, en Chubut 14 de 108 y en Jujuy 30 de 295.

Reci�n para diciembre de 2013 comenz� el relevamiento en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. El caso es quiz�s uno de los m�s mediatizados de los �ltimos tiempos, sin embargo eso no impidi� que se repita la misma situaci�n que en conflictos m�s invisibilizados. La comunidad denuncia una serie de irregularidades y rechaza el relevamiento del INAI. El rechazo est� bien fundado: 17 familias, incluyendo la de F�lix D�az, quedaron fuera del territorio comunitario reconocido. Adem�s de la falta de consulta y participaci�n de la comunidad, entre otras irregularidades. En un comunicado afirman que la comunidad "qued� sumamente decepcionada y enojada por la forma de proceder y por los resultados del relevamiento territorial".

"La contracara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios ind�genas se encuentra en el elevado n�mero de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicaci�n, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado", dispara el informe de Endepa.

En 2010 varias organizaciones campesinas presentaron un proyecto de ley (que despu�s del asesinato del campesino de Santiago del Estero, miembro del Mocase-VC, Cristian Ferreyra, lleva su nombre). El nuevo proyecto ordena frenar los desalojos por cinco a�os, realizar relevamientos los tres primeros y declarar la funci�n social de la tierra. Sin embargo y a pesar de haber contado con apoyo del oficialismo en un primer momento, que se comprometi� a aprobarla antes de que finalice el 2012, esto nunca ocurri�. Como tampoco el respeto de la Ley N� 26.160 y de ninguna de sus pr�rrogas.

Seg�n el relevamiento de las organizaciones que redactaron el proyecto en ese entonces, 300 mil familias fueron expulsadas de sus territorios ancestrales y destinadas a vivir en los barrios m�s pobres de las grandes ciudades.

Los territorios son el principal campo de batalla donde se encuentran distintos modelos de producci�n y donde chocan los intereses. Los desalojos, las represiones, la violencia, la expulsi�n, crecen paralelamente con el corrimiento de la frontera agropecuaria y la profundizaci�n del extractivismo.

Profundizaci�n del modelo (sojero)

La primavera de 2011 fue testigo del anuncio de una de las pol�ticas m�s ambiciosas y a su vez m�s clara del gobierno nacional: el Plan Estrat�gico Agroalimentario (PEA 2020).

La presidente Cristina Fern�ndez de Kirchner present� en Tecn�polis, rodeada de funcionarios y empresarios del agronegocio, el Plan: un programa detallado desarrollado por el gobierno nacional, las provincias, empresas y acad�micos que se fija como objetivo, entre otros puntos, aumentar un 60% la producci�n granaria: pasar de las 100 millones de toneladas, de cuya totalidad la mitad es soja, a 160 millones para 2020. Tambi�n planifica un avance en la superficie sembrada: pasar de las m�s de 33 millones de hect�reas actuales a los 42 millones.

En 1991 se sembraron cinco millones de hect�reas con soja en el pa�s. Para el a�o 1996, cuando se aprob� el ingreso de la semilla transg�nica, la superficie sembrada era de seis millones. En el a�o 2003, cuando asume N�stor Kirchner, era de 11 millones. El a�o 2012 cerr� con un nuevo r�cord que fue presentado como un logro: 19,8 millones de hect�reas fueron sembradas con soja, lo que equivale al 56% de la tierra cultivada en todo el pa�s. Con el PEA, para el a�o 2020 la superficie de tierra cultivada con soja podr�a superar los 25 millones de hect�reas.

Seg�n el informe "Producci�n de soja en las Am�ricas: actualizaci�n sobre el uso de tierras y pesticidas", elaborado durante meses de trabajo en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, en 2010, m�s del 50% de la producci�n de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores del pa�s. Esto demuestra el grado de concentraci�n de la producci�n, que va de la mano con la sojizaci�n, y tambi�n la desventaja competitiva en la que se encuentran quienes realizan agricultura en peque�a escala frente a la empresa del agronegocio que cuenta con un combo de maquinarias, transg�nicos, agroqu�micos, y toda la tecnolog�a y los medios de producci�n a su alcance.

Lo que no dijo la presidente cuando present� con orgullo las metas que "impulsar�n al pa�s como potencia alimentaria" es qui�nes son los que pierden. Los Pueblos Originarios y campesinos son los perdedores impl�citos en el plan. Para alcanzar semejantes cifras es necesario avanzar a�n m�s sobre territorios ind�genas o campesinos, lo que se traduce en m�s desalojos y expulsiones, m�s violencia, deforestaci�n, y mayores usos de tecnolog�as como transg�nicos y agrot�xicos. Y por otro lado en mayor concentraci�n de la tierra, mayores ganancias para los empresarios del agronegocio, para las multinacionales, para las exportadoras de granos y una cada vez m�s profunda reprimarizaci�n de la cadena productiva.

De su propia voz

En el a�o 2010, en el marco del Bicentenario, se dio un hecho hist�rico que record� a aquel Mal�n de la Paz de 1946, pero que esta vez reuni� a ind�genas de todas partes del pa�s. Los Pueblos Originarios llegaron hasta la Plaza de Mayo y luego, algunos representantes fueron recibidos por la Presidente. La principal demanda de los pueblos fue el territorio y el respeto de sus derechos.

El periodista Dar�o Aranda, autor de Argentina Originaria, en una cr�nica completa dio a conocer el di�logo entre la Presidente y las autoridades ind�genas. A partir de los audios de la reuni�n de la mandataria con 15 autoridades ind�genas pudo reconstruir el di�logo en el que puede leerse claramente cu�l es la posici�n de Cristina Fern�ndez frente a los reclamos y las incertidumbres presentadas por los referentes.

La reuni�n, como describe Aranda, comenz� con agradecimientos mutuos y clima ameno, "pero pronto pas� a las respuestas insatisfactorias, chicanas, reproches y se transform�, para las comunidades, en decepci�n". La Presidente aclar� que priorizar� la actividad petrolera por sobre las comunidades, les pidi� ser "inteligentes" (varias veces) para "aceptar los avances de la modernidad" y finaliz� con una triste comparaci�n entre momentos hist�ricos diferentes para negar u omitir una realidad: el genocidio, el abandono y el silencio hist�rico del Estado argentino con los Pueblos Originarios.

La cr�nica y los audios de la reuni�n son m�s que claros y hasta chocantes. La prioridad del modelo extractivo sobre los derechos de los ind�genas, la falta de anuncio o respuesta concreta respecto a los pedidos de la marcha, y el llamado constante a ser "realistas" e "inteligentes", son algunas de las conclusiones m�s directas que pueden sacarse.

Pasaron cuatro a�os de aquella hist�rica marcha y los reclamos llevados por las comunidades siguen a�n vigentes, algunas de las problem�ticas se profundizaron, y la Presidente cumpli� con su palabra de darle prioridad al extractivismo.

Incompatibilidad

El extractivismo es la actividad que se basa en la explotaci�n de los recursos naturales. El agronegocio (con la soja como pilar), la megaminer�a, las explotaciones hidrocarbur�feras (sumadas las no convencionales, y el fracking como nuevo recurso tecnol�gico) y el monocultivo de �rboles son las principales actividades extractivas en el pa�s. El rumbo del gobierno, que ya lleva m�s de una d�cada, se dirige a seguir profundizando esta pol�tica.

Comunidades ind�genas en diferentes puntos del pa�s sufren las consecuencias. Los que son desalojados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los que sufren las terribles consecuencias de la megaminer�a, los que ven sus territorios tomados por petroleras, los que sufren represiones por resistir o reclamar, los que son judicializados, los que son asesinados, los que sufren violencia constante por parte de empresarios y sicarios, los que sufren los efectos de los agrot�xicos, los que sufren el hambre y el abandono. Junto con esto, va creciendo la cantidad de familias expulsadas de sus territorios y obligadas a pasar a engrosar las villas en las grandes ciudades.

Mientras tanto el extractivismo se cobr� una docena de vidas s�lo en los �ltimos cinco a�os. Los asesinatos (y algunas "muertes dudosas") se dieron siempre en comunidades con alg�n grado de conflictividad y/o resistencia. Javier Chocobar en Tucum�n (2009), Sandra Ju�rez en Santiago del Estero (2012), Roberto L�pez y Mario L�pez en Formosa (2010), M�rtires L�pez en Chaco (2011), Cristian Ferreyra en Santiago del Estero (2011), Miguel Galv�n  en Santiago del Estero (2012), Celestina Jara y la beba de diez meses Lila Coyip� en Formosa (2012), Imer Flores en Chaco (2013), Juan Daniel D�az Asijak en Formosa (2013), Florent�n D�az del Chaco (2013).

Toda esa sangre regada en la tierra tiene como correlato com�n el silencio de la Presidente que jam�s se pronunci� frente a estos asesinatos. Tampoco de la grave situaci�n de tantas comunidades que viven en extrema pobreza sin recursos b�sicos como el agua, alimentaci�n y vivienda digna.

El Estado pone todas sus fichas en las actividades extractivas, en la explotaci�n de los recursos naturales, principalmente de manos de empresas transnacionales. Es ah� cuando choca con la vida y con los derechos de las comunidades originarias. Cuando Cristina Fern�ndez de Kirchner ped�a que sean "inteligentes" en aquel acto de subestimaci�n, lo que estaba pidiendo es que dejen avanzar a las industrias extractivas y que aprovechen las situaciones (los que pueden, si es que hay algo).

Durante todos estos a�os eso no sucedi�. Si bien un gran sector es cercano al gobierno y otros apoyan ciegamente proyecto "nacional y popular", es un hecho que el movimiento ind�gena ha encontrado cada vez m�s espacios para la organizaci�n y la lucha. As� tambi�n como ha ido creciendo la resistencia en varias comunidades.

Jorge Nahuel, werken de la Confederaci�n Mapuche de Neuqu�n y miembro del Consejo Plurinacional Ind�gena, en una entrevista en la edici�n de SURsuelo de enero de 2013 concluy�: "El modelo no es compatible con la vida de los pueblos originarios, por el contrario, ese modelo de depredaci�n y destrucci�n confronta directamente con lo que los ind�genas vienen promoviendo: una vida basada en el respeto y la armon�a con el entorno natural que siempre nos rode� y que queremos preservar".

Fabi�n Chiaramello. Cooperativa de Comunicaci�n La Br�jula / SURsuelo

Fuente: http://brujulacomunicacion.com/index.php/cooperativa/periodico-sursuelo/item/801-pueblos-originarios-la-lucha-por-la-tierra