Mientras Juan Manuel Urtubey puso fin a la campaña para presidente o gobernador donde aparecía disfrazado de gaucho promoviendo festivales y anunció el boleto gratuito para jubilados y estudiantes de la capital y algunos municipios aledaños del área metropolitana, por lo cual recibió críticas del interior salteño históricamente postergado, la desaparición o muerte de mujeres en Salta no cesa.

Por estos días está siendo buscada en un basural una joven de Guachipas de 22 años, desaparecida desde el 4 de mayo pasado.

El lunes 19 de mayo fueron encontrados los restos de una menor de 16 años que residía junto a su familia en el barrio San Antonio.

En tanto, el pasado lunes concluyó el juicio por el asesinato de dos turistas francesas, Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (23), siendo condenado a 30 años de prisión Gustavo Orlando Lasi (25) quien el pasado 22 de mayo, a último momento, decidió declarar en una clara estrategia por quedar solamente vinculado a la violación de una de las turistas y despegarse del homicidio. Aunque se trata de un típico caso de femicidio no pudo aplicarse la figura legal porque el hecho ocurrió antes de la tipificación.

Marcela Mamaní, María Ester Maidana, Celeste Pereyra y Cintia Jurado, son algunas de las mujeres que desaparecieron sin dejar rastros y conforman una larga lista en Salta. Tampoco se sabe nada de María Cash, cuya última imagen con vida está registrada en esa provincia.

Es bueno recordarlas cuando el pasado miércoles 28 de mayo se celebró el Día Internacional por la Salud de las Mujeres.

Los candidatos a la gobernación de la camarilla justicialista

Después de cuatro meses reapareció el ex diputado nacional y magnate sojero, Alfredo Olmedo, quien se rumorea compartirá fórmula con el ex gobernador, Juan Carlos Romero, como parte de un frente con Propuesta Salteña (PPS), parte de la UCR, el Partido Renovador Salteño (PRS), el PJ y el Frente Salteño. Servicio militar, orden, respeto, volver a dar autoridad a los maestros en las escuelas son sus principales consignas programáticas.

Juan Carlos Romero, es otro de los postulantes. Procesado por peculado por su participación en la venta a precios irrisorios de tierras que pertenecían al Estado salteño en el paraje conocido como La Ciénaga.

Según consigna Tiempo Argentino, fue el capítulo final de una historia que se remonta al año 1998, cuando, a través del Decreto Nº 1297, fue autorizado que La Ciénaga -un campo de 90 hectáreas ubicado en las afueras de la capital salteña- pasara a formar parte del patrimonio público provincial para ser destinado al programa Familia Propietaria, cuyos beneficiarios serían sectores de bajos recursos.

La provincia desembolsó más de $ 1.000.000 (dólares de entonces) para adquirir el terreno donde funcionaba un establecimiento agrícola ganadero cuyo propietario era Domingo Martín. Allí comenzaron una serie de operaciones y transferencias a lo largo de los años que derivaron en que, en 2004, las tierras pasaran a una sociedad controlada por familiares del senador.

"La Ciénaga" con una valuación de $ 3.000.000 pasó a manos de un particular, José Luis Agustoni que solo pagó $ 460.000. La maniobra se completó con la venta del predio a la sociedad Prodos SA., que luego la traspasó a Estancia El Carmen SA., una empresa cuyo presidente era hijo del ex gobernador.

Estancia El Carmen compró La Ciénaga por $ 100.000, la décima parte por la que la provincia la adquirió años atrás. Incluso antes que el ex compañero de fórmula de Carlos Menem en 2003 dispusiera obras públicas que extendieron el tendido de los servicios públicos, y construyera una autopista que no lleva a ningún lado. Solo pasa por el frente de una imponente arcada, único vestigio de que La Ciénaga tendría destino de barrio privado.

Pero Romero espera confiado. Logró sortear la pérdida de sus fueros al ser nuevamente elegido senador por la minoría en las últimas elecciones.

Mientras tanto, el gobernador Juan Manuel Urtubey, pensando en integrar una fórmula presidencial, le dio respaldo a Miguel Angel Isa, intendente de la ciudad de Salta, en la Cumbre de los intendentes convocados por la Federación Argentina de Municipios.

Las encuestas más favorables le dan al gobernador una imagen de 60 puntos… ¡negativa!

Lo cual no le impidió pedir a la Legislatura salteña que vote una "cuestión de privilegio" contra el diputado provincial Claudio del Plá, lo cual abre un proceso que podría derivar en una sanción en su contra, con el argumento que habría sido una parte fundamental en la reacción desmedida de los manifestantes docentes que tomaron la Legislatura e impidieron el ingreso o salida de todas las personas en la sesión ordinaria del pasado 6 de mayo.

En realidad, el diputado del Partido Obrero es acusado por haber apoyado la histórica huelga docente, que luego de más de 30 días de duración conquistó importantes reivindicaciones para los trabajadores de la educación.

El gobernador Urtubey y sus partidarios echaron mano a un recurso macartista al querer presentar a una huelga histórica como si fuera una manipulación del Partido Obrero. Ahora, una vez que la huelga concluye victoriosa, quieren retomar la iniciativa contra la docencia intentando golpear al único partido que ejerció su defensa en la Legislatura, sancionando a su principal referente provincial.

Del Plá apuntó que: "Urtubey repite el libreto fracasado del anterior gobernador, Juan Carlos Romero, cuando quitándome mi trabajo como maestro quiso golpear al movimiento docente que levantaba cabeza", y agregó "es un intento desesperado propio de un gobierno derrotado".

El conflicto docente continúa

Continuando con mi visita a la provincia el pasado sábado 24 de mayo, tuve la oportunidad de participar de la asamblea convocada por los Docentes Unidos de Salta.

Esta organización de docentes autoconvocados que abarca 23 regiones de toda la provincia, cada una con su delegado, llevó adelante 35 días de paro y aclaran que el mismo se encuentra suspendido hasta tanto el gobierno les dé respuesta sobre el pago del aguinaldo, que pretende liquidar sobre el básico y no sobre el salario de bolsillo, como reclaman los maestros.

Docentes Unidos de Salta se organizó democráticamente al margen de los sindicatos oficiales que firmaron un acuerdo en 2013 y se negaban a reabrir las negociaciones paritarias.

"Lo que pasó en Salta capital y en el interior de la provincia fue que los docentes no nos sentíamos representados por los gremios y tuvimos que salir a la calle para exigir que el gobierno nos aumente el salario, por cuanto la inflación absorbió el incremento acordado en el 2013. Por lo tanto, la docencia sigue en pie de lucha. Los Docentes Unidos de Salta no hemos levantado el paro, está suspendido y hoy venimos de todo el interior, para tratar de ver qué nueva modalidad de lucha vamos a llevar a cabo porque este gobierno es insensible, a pesar de los múltiples reclamos que le venimos haciendo porque hasta el momento no ha dado respuesta. Hoy vamos a decidir el plan de lucha a seguir. Todo el interior está llegando con sus delegados y eso es importante porque le duele al gobierno. En la asamblea anterior estuvieron de San Antonio de los Cobres, de Tartagal, de Orán, de las zonas más inhóspitas. El gobierno sabe que somos una asamblea fuerte y tenemos poder en las bases. Eso le molesta pero no da respuesta. Esperemos que reaccione", nos comentaba la representante de la localidad de Rosario de la Frontera y abogada de los maestros autoconvocados.

Y como si esto fuera poco…

Una ejecución por semana en ajustes de cuentas entre bandas de narcos se registra en el norte de Salta, según alertó el presidente de la Cámara Federal de esa provincia, el juez Jorge Villada, quien aseguró que en esa región del país continúa "lloviendo droga".

En una entrevista con NA, Villada advirtió que se trata de una lucha "desigual" la que mantienen las fuerzas de seguridad contra los narcotraficantes por la falta de recursos y subrayó la necesidad de avanzar con la instalación de radares que cubran la frontera norte del país en toda su extensión.

El juez viajó a Buenos Aires para asistir a una reunión con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, de la que tomaron parte varios magistrados federales que se desempeñan en el convulsionado norte argentino, y regresó a Salta esperanzado en que se cumplan las promesas del Ejecutivo nacional de intensificar la batalla contra el crimen organizado: "Nosotros solos no podemos salir a cazar narcos", enfatizó.

En mayo pasado, una docena de jueces federales emitió una documento reclamando la instalación de radares en la zona, que se cubran las vacantes en distintas dependencias judiciales, una mayor presencia de Gendarmería en el norte del país y la construcción de cárceles para descomprimir la situación de superpoblación que acusaron en los penales ya existentes.

El martes último, la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución en la cual trasladó el reclamo de los jueces del norte e instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos así como al de Seguridad de la Nación a atender la problemática con la mayor urgencia posible.

Según dijo Villada a NA, en el límite norte de Salta funcionan en la actualidad dos radares móviles con un alcance limitado de rastreo y que ofrecen apenas un "mapeo" en tiempo real diario de "dos a tres horas".

El otro reclamo de los jueces es que la información recopilada por los radares primero es dirigida a Buenos Aires y luego es retransmitida a la provincia, lo que provoca que en ocasiones se reaccione tardíamente frente al ingreso al territorio nacional de aviones narcos provenientes de Bolivia o Paraguay.

Recordemos que el presidente Néstor Kirchner lanzó hace 10 años, por medio del decreto 1407/2004, el ambicioso Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial a cargo del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea. La iniciativa estableció como uno de sus objetivos principales la instalación de 36 radares 3D de gran alcance fijo, 6 radares 3D de grandes alcances móviles y 9 radares 3D de corto alcance. Pero gran parte de los radares no fueron instalados aún. Ya durante la presidencia de Cristina Fernández se lanzaron el plan Fortín II y el Operativo Escudo Norte.

Aunque el gobierno nacional decidió prorrogar la ejecución del Operativo Escudo Norte hasta el 31 de diciembre del año pasado, todavía no se ha concretado la instalación de los 26 radares (6 radares primarios y 20 para el control de la aviación civil) anunciados hace más de dos años.

Otra vez Romero

En una entrevista a Armando Jaime, dirigente histórico del clasismo salteño, me comentaba que a diferencia de Urtubey, que es un oligarca, la familia Romero viene de abajo. Se conforma como una nueva burguesía que tiene la provincia, intrépida, que no tiene pruritos morales para juntar plata.

"La fortuna del padre de Juan Carlos Romero, Roberto, es sumamente dudosa. Hay periodistas y revistas internacionales que lo acusan que surgió del narcotráfico. Hay un artículo de la revista española Interviú donde citan una finca de propiedad familiar con varias pistas de aterrizaje, donde llegan aviones permanentemente, según ellos para los trabajos de cultivo", y agregó: "En la provincia de Salta hay muchas pistas de aterrizaje, en toda la provincia. En un simposio en Madrid, organizado por una institución católica, del cual participé como observador, también se acusó a Roberto Romero y se dijo que Salta era el puente entre Bolivia y el exterior en el tráfico de drogas".

Finalmente señaló que "un periodista salteño ya fallecido, Sergio Poma, escribió El narcopoder, donde denuncia a Roberto Romero y su familia por su vinculación a este tipo de "negocio".

Fuentes: Redacción (Salta), Nueva Propuesta (Salta), El Cronista (Salta), Diario Popular, Página 12, Noticias Argentinas, Le Monde Diplomatique y propias.