La Asociaci�n por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundaci�n V�a Libre (FVL) expresaron ayer su preocupaci�n por el anuncio realizado por el Ministerio del Interior de la firma de un convenio con la Real Casa de la Moneda de Espa�a para que el documento nacional de identidad argentino incorpore m�s tecnolog�a . Las organizaciones consideraron que las pol�ticas p�blicas en la materia deben estar informadas por una visi�n de derechos humanos que hoy parece ausente.

En efecto, seg�n informaron varios medios, el ministro del Interior Florencio Randazzo firm� un convenio que busca incorporar al DNI una tecnolog�a que har�a que nuestro documento fuera "inteligente". Seg�n inform� el diario La Naci�n, el documento tendr� dos chips, "uno con los datos identificatorios de la persona y en el otro cada persona podr� tener incorporados los datos de su historia cl�nica, de ANSES, de PAMI y de la tarjeta SUBE, lo que simplificar� y mejorar� los tr�mites, evitando papeles y m�ltiples identificaciones".

Para la ADC y la Fundaci�n V�a Libre resulta enormemente preocupante que la pol�tica de identificaci�n de los ciudadanos se expanda sin control y sin una mirada que tome en cuenta los riesgos que la misma representa para la privacidad de las personas. La visi�n que parece imponerse en el Estado argentino es que cualquier "avance" tecnol�gico es deseable en s� mismo. Y ello no es as�.

Desde el punto de vista tecnol�gico es necesario, en primer lugar, preguntarse por la necesidad de determinada informaci�n para los fines que busca satisfacer la tecnolog�a en cuesti�n. Como la finalidad legal del DNI es la identificaci�n de las personas, claramente la informaci�n de la SUBE, del PAMI, de ANSES o la historia cl�nica es innecesaria.

Pero desde el punto de vista constitucional, ese an�lisis de necesidad es a�n m�s estricto. Las pol�ticas de identificaci�n masiva de la ciudadan�a representan una afectaci�n a la privacidad de los ciudadanos que pone en riesgo ese derecho fundamental . Ello explica por qu� en muchos pa�ses que avanzaron con pol�ticas masivas de identificaci�n volvieron sobre sus pasos y desmantelaron los sistemas de control. "Si el Estado nos obliga a tener un DNI y a llevarlo con nosotros, el Estado debe hacerse responsable por los riesgos que ello implica" , consider� Ramiro �lvarez Ugarte, abogado de la ADC. "Si nuestro DNI incluye —por ejemplo— nuestro domicilio y nuestros movimientos en la tarjeta SUBE, perderlo significa que quien lo encuentre sabr� d�nde vivimos y en qu� horario no estamos en casa" , precis�.

Por su parte, Beatr�z Busaniche de Fundaci�n V�a Libre advirti� sobre la necesidad de contar con m�s informaci�n. "Por ejemplo, seg�n dijo el Ministro, en caso de robo, el DNI se bloquear�a. �Esto significa que tendr� alg�n tipo de contacto con alg�n servidor central que administre los datos? �En qu� manos estar�n esos datos sensibles, cu�les ser�n los resguardos, qu� usos se har�n de ellos?" , se pregunt�. Asimismo, reclam� que haya una "una evaluaci�n profunda y una discusi�n amplia sobre la necesidad de recoger y centralizar semejante cantidad de datos personales por parte del estado".

Tanto la Fundaci�n V�a Libre como la ADC se�alaron que es momento de cuestionar la l�gica tecnol�gica que prima en la administraci�n y llamaron a incorporar una visi�n de derechos humanos que –sostuvieron– hoy no est� presenta en las pol�ticas p�blicas de identificaci�n y control de la ciudadan�a.