En medio de escándalos de secretarias y valijas que remiten a otras épocas, esta noticia pegó en las tripas de miles de militantes y periodistas que cubrieron las actividades de los movimientos sociales en la Argentina desde hace más de una década. Porque al pelado Balbuena --ex estudiante de radio y periodismo, ex movilero y hasta la semana pasada miembro de la agencia de noticias Rodolfo Walsh-- lo conocían todos. No hay dirigente social que no haya sido su entrevistado. Y resultó ser oficial de Inteligencia de la Federal. Apenas trascendió el dato la ministra de Seguridad lo pasó a disponibilidad, mientras que más de un centenar de organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de medios de prensa alternativos repudiaron el "espionaje sistemático al movimiento popular" y exigieron el desmantelamiento de toda estructura destinada a este tipo de actividades. Según pudimos establecer, el dato habría sido filtrado en medio de una interna de la Federal.

El caso lejos de ser una golondrina perdida, se suma a otros episodios similares ocurridos a partir de 1983. Reiteramos la breve reseña de antecedentes de esa mala costumbre de hacer inteligencia interior, prohibida por varias leyes.

Balbuena era ese "pesado" que siempre insistía en grabar unas palabras para su programa de radio. Era el que llegaba primero y se iba último de cada manifestación y corte callejero. No se le conocía pensamiento propio pero parecía inocuo, era dedicado y persistente. Hace pocos días descubrieron que es otro tipo de "pesado".

En el caliente diciembre de 2001 comenzó a ser parte de la red de corresponsales populares de FM La Tribu y al año siguiente entró en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Había sido vecino y compañero de la escuela primaria de uno de los fundadores de ese pionero medio alternativo, Roberto Grinberg, con quien se reencontró mientras estudiaban periodismo. "A partir de la relación personal que tenía conmigo se sumó a la agencia en 2002", dijo Grinberg en la conferencia de prensa del martes 7 en la sede de Correpi, de la que participaron 124 organizaciones (ver listado al final de la nota).

"No es un infiltrado en la agencia Walsh particularmente, se ha metido en todo el movimiento popular, la agencia fue el medio del que se valió para entrar en el resto de las organizaciones", dijeron los integrantes de la redacción. Durante la conferencia explicaron que hace veinte días les llegó el dato de una fuente propia, que les acercó una lista de nombres entre los que figuraba Américo Alejandro Balbuena como oficial de inteligencia de la sección Reunión de Datos, división Análisis. En la redacción se quedaron azorados, no lo podían creer. Finalmente, el abogado Eduardo Soares confirmó que eran cierto con una fuente vinculada al ministerio de Seguridad de la Nación.

El domingo 5 la agencia había difundido que "Américo Alejandro Balbuena, oficial de inteligencia de la Policía Federal, había ingresado en 2002 y se mantuvo hasta hace pocos días espiando a sus integrantes". Luego de detallar que "tenía a su cargo la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener un mapa del movimiento popular", responsabilizaron al gobierno nacional. "Nosotros no habíamos hecho ninguna denuncia en el ministerio ni en Tribunales porque consideramos que no es un ataque a nosotros como agencia sino a todas las organizaciones que se ven afectadas por el espionaje del Estado, y por eso las decisiones las tomaríamos en conjunto. Pero nos llamó la atención tanta celeridad en pasarlo a disponibilidad", dijo en la conferencia otro de los miembros de la Walsh.

Según informó Página12, la ministra de Seguridad Nilda Garré dispuso que se investigue a todos los jefes de la sección Reunión de Información de la División Análisis de la Policía Federal. "Según Garré es claramente incompatible ser PCI (Personal Civil de Inteligencia) y trabajar en una agencia de noticias monitoreando a las organizaciones sociales", dice el artículo. De modo que eso era Balbuena, un PCI que durante once años "estableció vínculos de confianza y amistad con luchadores y luchadoras sociales para socavar a sus organizaciones", tal como decía la Walsh en su primer comunicado. Por ejemplo, sus vínculos eran con los familiares de las víctimas de Cromagnon, del desaparecido Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal, como así también con un amplio espectro de integrantes de organizaciones que va desde la Federación Universitaria de Buenos Aires hasta el colectivo La Alameda, pasando por los trabajadores del Subte y los pueblos originarios.

"Era casi más antiguo que nosotros en la agencia. Parecía tan bobo, a veces decía boludeces, a mí me sacaba de quicio, pero ya era medio personaje entonces todos decían 'no te enojes, es Américo'", relató a este sitio Oscar Castelnovo, de la Walsh. Al principio fue un golpe duro para todos pero en particular para Grinberg, hubo días de mucho "bajón", luego pudieron reaccionar y se hicieron fuertes. "En este lugar hay mucha solidaridad, y con el acompañamiento de todas las organizaciones decidimos enfrentar esto todos juntos", dijo el periodista, quien enmarca este episodio dentro de una política represiva que, a su criterio, es superior en todos los rubros a los demás gobiernos. "Acusamos al gobierno porque no entendemos cómo puede estar un servicio trabajando diez años en la policía y que nadie se dé cuenta, y si bien entró a la agencia en la época de Eduardo Duhalde hoy es responsabilidad de esta administración. Sabemos que los estados son represivos porque es su esencia de clase, no es un ataque al kirchnerismo en sí, es una denuncia al Estado nacional, a los estados provinciales y también al de la Ciudad", concluyeron en la conferencia de prensa.

Entre los dirigentes hubo coincidencia en señalar que este no es un caso aislado sino una práctica generalizada en varias fuerzas de seguridad. Correpi incluso elaboró una cronología de los hechos de infiltración que llegaron a detectar, y otras organizaciones mencionaron sus propios casos, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, con el espía Alberto Amarilla. También recordaron al espía militar Raúl Tarifeño, que llegó a ser candidato en las elecciones de 2007 por el MST en Neuquén.

Para la abogada Myriam Bregman, del Ceprodh, el caso de Balbuena evidencia que "el espionaje está direccionado hacia organizaciones políticas, sociales y gremiales", y que "la Federal también tiene su Proyecto X como denunciamos en el caso de la Gendarmería". En tal sentido exigió "el listado completo de todos los infiltrados en las organizaciones populares y el desmantelamiento de todos los programas y organismos destinados a estas tareas". Bregman afirmó que la Federal "tiene una división específica que proviene de la dictadura, con mil agentes, que se rige por legislación secreta de la época de la Libertadora y que ningún gobierno desde 1983 hasta ahora se ha atrevido a tocar".

Varios dirigentes indicaron que información recolectada por Balbuena aparecía en causas de la justicia contravencional por cortes de calles y otras manifestaciones. La abogada María del Carmen Verdú recordó que ya en 2002 cuando hubo una marcha a la casa de Salta tras el asesinato de Aníbal Verón, se abrió un proceso contra los manifestantes con datos aportados por la Federal. Para Verdú "es inverosímil que ahora investiguen qué hizo y dónde estuvo estos diez años, y que no supieran que no le pagaban el sueldo para dirigir el tránsito". Y opinó que esto es un "nombre nuevo para una historia vieja de infiltrados que hemos detectado, desde los burdos buchones que se meten disfrazados en las marchas hasta los servicios de inteligencia del Servicio Penitenciario que luego de nuestras visitas hostigan al preso para que les cuente de qué hablamos". Sin embargo, la letrada de Correpi destacó que tanto Balbuena como varios de los gendarmes denunciados en Proyecto X apelaron al recurso de hacerse pasar por periodistas.

Ahora bien, ¿cómo llegó a la agencia Walsh el dato sobre Balbuena? Según dos fuentes consultadas, un grupo de agentes "pesados que responden más a la dictadura que a Garré" mantiene un disputa adentro de la fuerza y la intención era que "saltaran" los jefes del falso periodista. Por eso les insistían que sacaran la información rápido, pero los miembros de la agencia se tomaron el tiempo de confirmar la versión, en primer lugar, y luego convocar a las organizaciones para hacer la denuncia pública de manera conjunta.

Compañero de banco, de cancha, alumno, el falso notero tipo CQC alternativo fue desenmascarado: era nada menos que un buchón de la Federal disfrazado de periodista "del palo". Una cara conocida por muchos de los que pelean, resisten, paran fábricas, frenan desalojos, reclaman tierras, y por tantos otros que cubren esas luchas. Por eso el estupor primero, la bronca después, el asco de haber formado periodísticamente a un espía de la policía (pudo haber sido alumno de esta periodista) ¿A quién reportaba? ¿Qué decía? ¿Cómo lo hacía? ¿Usaría otra ropa, otro lenguaje cuando volcaba sus informes a sus superiores? ¿Cuánto daño hizo? ¿A dónde fue a parar esa información y para qué la usó la Federal? En el poco probable caso de que hubiera actuado por su cuenta, ¿no sería alarmante semejante actividad autónoma de un agente de una fuerza de seguridad?

Los agentes infiltrados de la Federal no se parecen en nada a los facheros de ficción que produce Hollywood. Son apenas distintos a cualquier colega, sólo dicen boludeces. Castelnovo dice que "siempre hacen lo mismo, lo pasan a disponibilidad cuando el infiltrado nuestro era de ellos, como si fuera uno solo". Y de despide con una inquietante duda. "Lo peor es que no nos dimos cuenta, y entonces no podemos dejar de preguntarnos cuántos más habrá".

Antecedentes de inteligencia interior

El uso de los recursos humanos y materiales del Estado para realizar tareas de inteligencia o espionaje, aunque vedado por la ley, se reitera en las últimas décadas en variados ámbitos, desde la estructura montada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri hasta las actividades de los marinos de la base Almirante Zar. Pero los antecedentes se remontan a 1997, cuando el ministro menemista Carlos Corach realizó "espionaje ideológico" a pobladores, organizaciones y dirigentes de las "villas de emergencia".

Dos años más tarde, el también menemista Carlos Alderete usaba los recursos del PAMI para espiar a políticos de la Alianza, periodistas y jubilados. En 2000 el Ejército hizo seguimientos a la justicia federal en Córdoba. Ese mismo año, en marzo, cinco oficiales de la Fuerza Aérea fueron procesados por hacer tareas de inteligencia a una decena de periodistas, a una ONG de mujeres y a agrupaciones estudiantiles y políticas. El caso de los aviadores espías había sido revelado por Página/ 12, y uno de los periodistas espiados llegó a ser indemnizado. Seis meses más tarde, el juez Martín Silva Garretón ordenó a la Policía Federal, al Poder Ejecutivo y al ministerio del Interior que "pongan fin de inmediato a toda actividad de servicios de inteligencia" sobre partidos políticos y organizaciones sociales.

En marzo de 2007 la policía salteña investigó a docentes en huelga. Y en julio del mismo año este diario informó que fiscales y policías federales entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFIDRO) sobre la "presunta amenaza del narcoterrorismo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)". En esos trabajos pusieron bajo la lupa los "secuestros de la Triple Frontera" y las actividades en el país del vocero de las FARC, Javier Calderón. Entre los "denunciados" de participar en ellas figuraban Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Patricio Echegaray y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. "Estos informes, en los que se describen actividades políticas y sociales pero no se habla ni de un porro, habilitan a que nos investiguen a todos los militantes sociales que, por ejemplo, participamos de varios foros en la Triple Frontera por el tema del acuífero. Apuntan a deslegitimar a dirigentes populares vinculándolos con las FARC y a insistir con que la Triple Frontera es 'ese sitio oscuro a atacar', como sostiene (George) Bush", había dicho en aquel momento la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.