ARTEMISA

Se encuentra demorado en la C�mara Alta un proyecto de ley que dar�a un marco legal acorde a los derechos a las empleadas de casas particulares (un 98,5% mujeres). La propuesta avanz� casi sin inconvenientes en la C�mara Baja, pero dificultades vinculadas mayormente al sector empleador impiden que avance en el Senado. Se trata de legislar nada menos que sobre el 20% de la fuerza de trabajo, integrada casi exclusivamente por mujeres.

En la apertura de la sesiones legislativas de marzo del 2010, la presidenta Cristina Fern�ndez reclam� al Parlamento la sanci�n de una ley que regulara, despu�s de m�s de 50 a�os, la forma de empleo de las trabajadoras del sector dom�stico (en un 98,5% mujeres), que actualmente se rigen por un decreto dictatorial de 1956, que impuso un r�gimen que roza la esclavitud en t�rminos de derechos. Las empleadas de este sector no gozan actualmente de licencia por maternidad, pueden ser contratadas siendo menores de edad, su jornada no se limita a 8 horas y no disponen de vacaciones ni licencia por enfermedad, entre otras inequidades hist�ricamente invisibilizadas e infravaloradas, como si se tratara de un sector productivo que no mereciera el mismo estatus laboral que el resto de las personas que trabajan.

En el mismo 2010, el Poder Ejecutivo envi� un proyecto al Parlamento que fue aprobado por unanimidad en la C�mara de Diputados en marzo del 2011. En mayo de este a�o, la C�mara de Senadores le dio aprobaci�n en general y se supon�a ser�a aprobado en particular sin demoras. Pero actualmente la discusi�n est� estancada en la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social alrededor de varios aspectos: reconocer o no a las empleadas dom�sticas como trabajadoras plenas, integradas a la Ley de Contrato de Trabajo; crear o no un marco de negociaciones colectivas para el sector; las licencias por enfermedad y las indemnizaciones por despido.

El lunes 19 de septiembre, la Asociaci�n Lola Mora y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Pol�ticas P�blicas (CIEPP), con el apoyo de ONU Mujeres, realizaron la jornada de debate 'Una ley demorada. Los derechos de las trabajadoras de casas particulares: una deuda pendiente' en la que se pusieron justamente en debate las razones de la demora en la sanci�n de la ley.

De la misma participaron Alvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –quien expuso la posici�n del Poder Ejecutivo, autor del proyecto con media sanci�n en la C�mara Baja y actualmente en debate en el Senado-; Mar�a Eugenia Estenssoro –senadora nacional integrante de la Comisi�n de Trabajo-; Marta Roncoroni –directora de la Escuela de Capacitaci�n de la Uni�n del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)-; Rosal�a Cort�s, investigadora del CONICET/FLACSO; Ramy Alvarez Fleitas, integrante de la Comunidad Migrante Paraguay en Argentina, y las anfitrionas Corina Enr�quez Rodr�guez (CIEPP) y Norma Sanch�s (Lola Mora), quienes adem�s de participar del debate presentaron los resultados de una investigaci�n que acaban de concluir sobre las mujeres migrantes paraguayas en Argentina que se insertan en la cadena de cuidados local (ver �C�mo son las mujeres migrantes empleadas en el sector de casas particulares?).

El marco de la jornada fue la discusi�n que se est� dando actualmente en el Senado, y tambi�n la Convenci�n 189, sancionada en junio de este a�o por la Organizaci�n Internacional del Trabajo, en la que por primera vez en la historia fueron aprobadas normas laborales destinadas a mejorar las condiciones del sector. 'El Convenio 189 impone a los gobiernos la posibilidad de avanzar en normativas que garanticen trabajo decente al sector. Dice que todo pa�s firmante deber� adoptar las medidas propuestas, por eso es un marco poderoso –se�al� Corina Enr�quez Rodr�guez-. Y cubre casi todos los temas referidos a derechos laborales: vacaciones, descansos, salario m�nimo, derecho a la informaci�n, protecci�n social, y acceso a mecanismos de resoluci�n de conflicto, entre otros temas.' Sobre el proyecto con media sanci�n de la C�mara Baja, Enr�quez Rodr�guez se�al� que 'toma casi todos los temas que el convenio 189 propone'.

Alvaro Ruiz, parte del equipo del Ministerio de Trabajo que redact� el proyecto, critic� que la sociedad argentina haya tolerado durante 55 a�os 'una normativa que da verg�enza comparada con los derechos laborales hoy vigentes en el pa�s y m�s con el Convenio 189 de la OIT. Con olvido, invisibilizaci�n del trabajo y confusi�n de interactuaciones personales y familiares se pretende excusar el cumplimiento de derechos'. Al referirse al tipo de v�nculo que se establece entre el sector empleador y las empleadas dom�sticas, especific� que 'primero hay un contrato de cambio, aunque esto est� disimulado en la regulaci�n que hoy nos rige'. En relaci�n a las dificultades que atraviesa el proyecto en el Senado, el funcionario se refiri� a la 'sobrerrepresentaci�n del sector empleador entre quienes legislan'. 'Son personas que est�n planteando ‘si las empleados dom�sticas tienen tantos derechos, no voy a poder tener personal dom�stico’. Frente a estos argumentos hay que tener presente que cuando hablamos de derechos del trabajador, el principio protector y sujeto central es el trabajador' advirti�.

Ruiz tambi�n se refiri� a uno de los puntos en cuesti�n en la Comisi�n de Trabajo del Senado, el vinculado a que el sector tenga o no una normativa espec�fica y en qu� aspectos, ya que una de las modificaciones que querr�an incluirse es la desvinculaci�n completa de este r�gimen especial de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, el funcionario aclar� que 'cuando existen estatutos especiales tiene que ver con sectores que pudieron obtener mejores recursos –como en el caso de periodistas y empleados bancarios- o porque fue necesario fortalecer alg�n colectivo sin fuerza suficiente –como en los trabajadores rurales- y muchas veces aparece como una precarizaci�n de su estatus. El trabajo debe estar regulado por una normativa com�n y lo particular solo debe avanzar sobre expresiones de la singularidad, es decir que los estatus espec�ficos deben ser m�nimos'.

La senadora Eugenia Estensoro se refiri� a otros dos de los aspectos conflictivos en el debate del Senado: los costos que tendr�an para el sector empleador tanto la licencia por enfermedad como la indemnizaci�n por despido y se posicion� se�alando que 'la trabajadora debe estar m�s protegida pero se debe proteger tambi�n la integridad patrimonial de los hogares dadores'. En relaci�n al proyecto con media sanci�n que propone que quien emplea debe cubrir tres meses al a�o de posible licencia por enfermedad, Estensoro propone que cubra s�lo dos meses y el tercero quede a cargo de la Administraci�n Nacional de Seguridad Social (ANSES). Y, en relaci�n a la indemnizaci�n por despido que, seg�n el proyecto con media sanci�n, debe ser de un mes por a�o trabajado como en la Ley de Contrato de Trabajo, la senadora propone crear un Fondo de Cese Laboral con aportes mensuales a cargo del sector empleador. La respuesta de Ruiz a estas dos propuestas fue que 'tener servicios personales es un lujo en todo el mundo. No es explotando a otros que vamos a lograrlo. Tienen esos servicios quienes puedo pagarlos' y destac�, al igual que Enr�quez Rodr�guez, la ausencia del estado en la provisi�n de instituciones de cuidado que resuelvan las necesidades de cuidado de las familias actuales en las que las mujeres est�n integradas en el mercado laboral

En relaci�n al cuarto punto en conflicto, referido a la eliminaci�n que se har�a en el Senado del convenio colectivo de trabajo, Martha Roncoroni –representante de uno de los sindicatos de trabajadoras dom�sticas- se�al� a Artemisa Noticias que 'el Convenio 189 propicia que haya sindicalizaci�n del sector y si bien es complicado, nosotras apoyamos que existan estas organizaciones y que las partes pacten libremente las condiciones de trabajo'. Sobre el proyecto con media sanci�n, se�ala que 'si bien no es perfecto, hay que aprobarlo para salir de la situaci�n de esclavitud actual; despu�s veremos c�mo mejorarlo'.

Rosal�a Cort�s se refiri� a las dificultades de organizaci�n del sector debido en gran parte a que la tarea se realiza dentro de los hogares, lo cual hizo que estos sindicatos no fueran tan potentes como otros. 'Creo que no hay consenso en el colectivo de trabajadoras sobre cu�les son sus derechos ni las obligaciones de los empleadores' se�al�, como una de las explicaciones posibles de los actuales debates. 'El desaf�o –agreg� la investigadora- es c�mo sostener buenas relaciones de trabajo sin subsidiar, pero tambi�n sin penalizar a los sectores de clase media y creo que ese es el punto que merece el mas fuerte debate.' Y destac� los tres aspectos que desde su punto de vista deber�an ser prioritarios en el abordaje del tema: el �nfasis en la sindicalizaci�n y la organizaci�n, ya que esto es garant�a de poder extender las demandas al interior de hogares y mejorar las condiciones laborales; discutir alternativas al mejoramiento del al acceso a la salud y a la seguridad social que no caigan en los hogares pero tampoco los financien; y realizar campa�as de difusi�n para que sean conocidos p�blicamente los derechos de las trabajadoras y se estimule la sindicalizaci�n.