Agencia Period�stica de Am�rica del Sur

A fines de la d�cada de 1980, los organismos internacionales de cr�dito comenzaron a promover un marco institucional tendiente a favorecer el desarrollo de la miner�a de gran escala en los pa�ses perif�ricos. Cabe recordar que en 1989 Lawrence Summers, en ese entonces vicepresidente del Banco Mundial, recomendaba trasladar las actividades t�xicas de los pa�ses industrializados a los pa�ses de bajos salarios.

As�, la miner�a fue uno de los aspectos incluidos en el programa neoliberal implementado por Carlos Menem en la d�cada de 1990. En este sentido, se sancion� un conjunto normativo destinado a brindar un marco de seguridad jur�dica irrestricta a las empresas mineras; asegurando una bonanza fiscal incomparable con el de otras actividades econ�micas. Esto se realiz� a trav�s de estabilidad fiscal y exenciones impositivas a favor de grupos inversores extranjeros; y privatizando totalmente la exploraci�n y explotaci�n de nuestros suelos.

Entre estas normas encontramos la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que establece en su art�culo 22 que las provincias que perciban regal�as no podr�n cobrar un porcentaje superior al tres por ciento sobre el valor "boca mina" del mineral extra�do. La provincia de Mendoza adhiri� a esta ley en el a�o 1993 y todav�a no ha sido reglamentada.

En octubre del 1999, como modo de profundizar el plan neoliberal, se sancion� la Ley 25.161 que incorpor� el art�culo 22 bis a la ley de Inversiones Mineras, el cual establece: "Se define el � valor boca mina � de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su comercializaci�n, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepci�n de los gastos y/o costos directos o indirectos inherentes al proceso de extracci�n".

Es decir que el �nfimo porcentaje del 3 por ciento que la provincia est� autorizada a cobrar, se calcula sobre las declaraciones juradas que las propias empresas efect�an. Pero adem�s, con la reforma tambi�n se estableci� que el valor declarado ser� establecido al descontar los costos de producci�n, entre los cuales se incluye transporte, flete y seguros, molienda, comercializaci�n, gastos administrativos, fundici�n y refinanciaci�n, gastos respecto de los cuales el Estado no realiza control alguno.

En definitiva, el 3 por ciento que la provincia est� autorizada a cobrar no se calcula sobre el valor de facturaci�n total sino que debe deducirse este conjunto de costos operativos, de manera que las regal�as que termina cobrando la provincia rondan rid�culamente el 1o el 2 por ciento.

Desde las mineras justifican esta situaci�n sosteniendo que ellos corren con el riesgo de la exploraci�n, argumentos completamente inv�lidos, lo cual se demuestra en el caso de Mendoza. El yacimiento Potasio R�o Colorado fue descubierto hace m�s de treinta a�os, cuando el Estado argentino hizo una gran exploraci�n con el Plan Cordillerano, en los a�os 60 y 70. Lo mismo se puede decir de la explotaci�n de oro y cobre del proyecto San Jorge, puesto que dichos minerales fueron descubiertos en la d�cada de 1960, en la Estancia Yalguaraz, en el distrito de Uspallata.

Tambi�n debemos considerar, como si esto fuera poco, que las regal�as mineras se aplican sobre aquellos metales que las empresas "argumentan" extraer. As�, por ejemplo, en el caso de San Jorge la empresa ha denunciado solo la extracci�n de cobre y oro, pero surge del propio Informe de Impacto Ambiental de la minera que en la zona hay considerables cantidades de plata pero, curiosamente, no se declaran como producto a obtener. Esta situaci�n se ve amparada por la inexistencia de una regulaci�n eficaz que contemple controles rigurosos, que obliguen al pago de regal�as sobre la totalidad de los minerales extra�dos y no solo los declarados; entre otros aspectos.

No se puede hablar de importantes ganancias econ�micas para las provincias "mineras". Mucho menos si se considera que los costos sociales, sanitarios y ambientales son alt�simos, puesto que aunque las empresas mineras se refieran al "cuidado ambiental", conservan una concepci�n productivista de las empresas trasnacionales, que identifica el desarrollo con el mero crecimiento econ�mico, sin contemplar los indicadores sociales y ambientales.

Los casos mendocinos de Potasio R�o Colorado y San Jorge no encuadran en lo que se ha de llamar "miner�a sustentable". El t�rmino sustentabilidad, de acuerdo con el Art. 41 de la Constituci�n Nacional implica, esencialmente, la renovaci�n continua en el tiempo o posibilidad de reutilizaci�n de los recursos por parte de las generaciones futuras, aspectos que no se visualizan en estos emprendimientos.

Los da�os que la megaminer�a produce al medio ambiente est�n suficientemente probados, tal es as� que el Parlamento Europeo, en su resoluci�n del 5 de mayo de 2010, recomend� la prohibici�n general el uso de las tecnolog�as mineras a base de cianuro en la Uni�n Europa, y en los fundamentos de esa resoluci�n tambi�n se refiri� al agotamiento de los recursos h�dricos, al mal desempe�o social, ambiental y econ�mico de las empresas operadoras y a la irresponsabilidad ante el cierre de minas, todos ellos aspectos cr�ticos de la miner�a en nuestro pa�s.

En s�ntesis, la actividad minera a gran escala tiene un fuerte impacto social y ambiental negativo, que no se ve compensado desde el punto de vista econ�mico. Utiliza sustancias qu�micas contaminantes; consume enormes cantidades de agua y energ�a; compite con otras actividades econ�micas, como la agricultura y ganader�a -por tierra y recursos h�dricos-; afecta la flora y fauna del lugar; perjudica el turismo; afecta el patrimonio arqueol�gico, hist�rico y cultural. En este sentido, es todo un s�mbolo del "maldesarrollo".

Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=5191