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Argentina, la
lucha continua....
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El problema no es la deuda
El gobierno y la oposición se pelean pero comparten el programa económico que es
volver a los 90
Juan Kornblihtt
Razón y Revolución
La disputa entre el gobierno y la oposición por el llamado Fondo del
Bicentenario y de dónde sale la plata para pagar la deuda muestra la
coincidencia programática y de intereses de los dos bandos en disputa. Su única
distinción es táctica. Tanto gobierno como oposición concuerdan en volver al
ciclo del endeudamiento de los ’90. La diferencia es que el gobierno aspira a
imitar a Menem y Martínez de Hoz sin terminar como Raúl Alfonsín o Celestino
Rodrigo. Por su parte, la oposición quiere ser Menem a partir del 2011, pero que
el gobierno haga el ajuste previo (es decir asuma el papel de los caídos en
desgracia). Los dos coinciden en endeudarse nuevamente y en favorecer a los
prestamistas extranjeros y a los capitales nacionales a costa de los obreros,
sobre quienes recaerán en última instancia las consecuencias de esta política.
De la 125 y la nacionalización de las AFJP al Fondo del Bicentenario
Pese a los discursos oficiales, el escenario de crisis general de la acumulación
de capital en la Argentina está planteado. Después de la devaluación, el sostén
de la recuperación fue la fuerte suba de la renta agraria, empujada por el alza
en el precio de la soja. Esto permitió un esquema proteccionista basado en un
tipo de cambio subvaluado y subsidios que compensaban la baja competitividad de
la industria local, tanto en manos nacionales como extranjeras. Esto explica la
recuperación de la actividad industrial y del empleo luego de la debacle del
2001. Pero proteger significa transferir recursos reales y si la gran mayoría de
los capitales recibe más de lo que da, es necesario encontrar nuevas fuentes.
Una parte de lo gastado en mantener el dólar alto y otorgar subsidios salió de
la renta de la tierra captada vía retenciones, y de la plusvalía por el aumento
de la tasa de explotación a los obreros, captada vía impuestos (IVA y ganancias
principalmente). Sin embargo, otra parte importante no tenía una base real. Los
pesos para comprar dólares, los créditos vía emisión de bonos y los subsidios se
hicieron en gran parte con emisión monetaria sin respaldo, lo cual aceleró la
inflación. De esta forma, el efecto proteccionista del tipo de cambio a 3 a 1 se
fue perdiendo. Además se pusieron cada vez más en evidencia los problemas
fiscales del gobierno, en particular de las provincias, aunque también, y en
forma cada vez más acuciante, del Estado nacional. Las soluciones buscadas
fueron siempre en el mismo sentido: conseguir fondos frescos para seguir
transfiriéndoselos a la burguesía local y extranjera vía protección cambiaria y
subsidios. Primero aumentando las retenciones, después nacionalizando las AFJP.
Pero el plan que siempre estuvo detrás de toda esta búsqueda fue volver a
endeudarse.
De hecho, la campaña de Cristina para la presidencia se hizo coqueteando en el
extranjero con los futuros acreedores y prometiendo "seguridad jurídica" y
ajuste cambiario y de tarifas como ofrenda para conseguir plata fresca. El plan
de Cristina para volver a los ’90 está implícito en su plataforma electoral, más
allá de los discursos. Por eso la tapa del nº 39 del periódico El Aromo, de
noviembre de 2007, bajo el título "Resultados y perspectivas" mostró una foto de
Cristina cara a cara con Menem. Pese a la polémica que generó, la
comparación fue y es pertinente. Sin embargo, ese plan no pudo aplicarse tal y
como Cristina quiso. Pese a que reemplazó todo vestigio de keynesianismo y
colocó como funcionarios en el ministerio de economía a lo más rancio de la
ortodoxia neoliberal (el ministro Boudou viene del riñón del CEMA, mientras que
el hoy repudiado Martín Redrado, igual que su eventual reemplazante, Mario
Blejer, tienen una prosapia aún peor), no basta con la simbología para que los
bancos internacionales presten plata. El principal problema pese a todos los
gestos (o agachadas, para ser más precisos) es el que el plan de Cristina para
ser Menem se topó con la caída financiera y la escasez de crédito. Por eso nunca
pudo concretarse el pago al Club de París pese a las repetidas negociaciones, ni
se terminó de arreglar la situación de los bonos en default pese a la voluntad
oficial. La clave no es la falta de voluntad o una posición firme del gobierno
en la negociación, sino la falta de crédito.
Las condiciones de la menemización kirchnerista
El objetivo de pagar es volver a pedir prestado y tapar los crecientes
problemas. Para hacerlo, el gobierno tiene que cumplir dos condiciones. La
primera y fundamental es la disponibilidad financiera a nivel internacional. La
segunda es la solvencia, aunque sea aparente. Por eso, el gobierno no puede usar
fondos propios, ya que más allá de las manipulaciones del Indec es evidente que
la recaudación no podría servir de garante ante ningún prestamista. De ahí que
la utilización de las reservas sea clave en el esquema.
En el contexto de los dos últimos años, a partir del derrumbe hipotecario en los
EEUU, la disponibilidad financiera internacional estuvo casi cortada. Esa es la
razón por la cual el plan de Cristina tuvo que posponerse y gran parte del
endeudamiento no pudo venir de la banca europea o estadounidense, sino que
provino de Venezuela. De ahí que Cristina haya coqueteado con supuestas
posiciones de unidad latinoamericana, pese a su claro perfil pro yanqui y
europeo en la campaña electoral. La crisis mundial, aunque lejos de superarse,
se encuentra en un breve impasse producto de una nueva fase de expansión del
capital ficticio. Esta vez de la mano de un creciente déficit estatal. Esta
nueva burbuja tiene como consecuencia una cierta disponibilidad de créditos
internacionales. Ante esta realidad, Cristina vuelve a las fuentes y apura el
acuerdo con el Club de París y en particular con los díscolos bonistas que no
aceptaron el pago parcial de sus bonos en los canjes anteriores.
Estos últimos son el mayor dolor de cabeza del gobierno y merecen un párrafo
aparte. Mientras que con los grandes acreedores como el Banco Mundial y el FMI
no hay problemas porque se saldó toda la deuda y con el Club de París está casi
todo arreglado, con los miles de pequeños bonistas la situación es mucho más
complicada. Con menos por ganar en caso de que la Argentina se vuelva a endeudar
y más preocupados por sus finanzas individuales, este sector ha apelado a la
justicia buscando embargar los fondos del país. La justicia de los EEUU de hecho
respondió a favor de ellos en varios fallos parciales, uno de los argumentos de
Martín Redrado para no usar las reservas. Como estas se encuentran en gran parte
fuera del país, pueden ser sujetas a embargo. Con todo, esta amenaza no parece
tan real porque los principales interesados en que Argentina vuelva a endeudarse
son los países donde residen estos bonistas. De hecho, gran parte de los fallos
a favor de embargos fueron luego apelados y puestos en suspenso.
Pero el problema fundamental es de dónde sale la plata para respaldar un nuevo
endeudamiento (eso es lo que se esconde detrás del eufemismo "pagar" la deuda y
de la disputa sobre si usar o no las reservas). El uso de 6.500 millones de
dólares de las reservas como garantía a través de la emisión de un nuevo canje
de bonos es explícitamente presentado por el gobierno como una forma de
conseguir créditos a una menor tasa de interés. Como veremos en el próximo
acápite, nadie presta sin pedir algo a cambio y menos aún las potencias
económicas.
La oposición quiere usar su veto parlamentario con el argumento de la autonomía
del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para conseguir que la
garantía para los nuevos préstamos salga de la caja fiscal del gobierno. Para
hacerlo, como algunos de los economistas de la oposición proponen, se deberían
limitar los subsidios y achicar el gasto estatal. Para compensar estas medidas
proponen a su vez liberar las tarifas de los servicios públicos y valuar aún más
la moneda para así no afectar las ganancias de los capitalistas. Por supuesto
poco y nada dicen sobre qué pasará con los gastos en servicios sociales y con el
empleo. Aunque queda claro que nada bueno.
Las consecuencias del nuevo ciclo de endeudamiento
Frente a la propuesta de la oposición de usar los recursos del Estado y no las
reservas, la posición del gobierno tiene la apariencia de ser más progresista.
En lugar de reducir el déficit fiscal para usar esos fondos como garantía para
el nuevo endeudamiento, se mantiene el gasto estatal y se usan recursos que no
están siendo aprovechados en la actualidad. Así se presenta la dicotomía entre
ajuste neoliberal opositor y expansión del gasto keynesiana del gobierno.
Pero se trata de una falsa elección. Repetimos: los dos quieren endeudarse. Si
el gobierno se sale con la suya y se queda con las reservas como garantía, el
resultado va a ser una entrada masiva de dólares. El resultado será una nueva
sobrevaluación de la moneda, acercándose a la situación del 1 a 1 de los ’90,
como ocurre ahora en la mayoría de los países de América Latina que han
privilegiado el endeudamiento como vía para crecer. Brasil, Colombia, Chile,
Uruguay y Perú tienen en este momento una moneda mucho más valuada que la
Argentina y, salvo Brasil, un claro comportamiento importador del estilo "deme
dos" de Martínez de Hoz y Menem en la Argentina.
El reingreso al circuito financiero internacional tiene como contrapartida
favorecer a los capitalistas que prestan. Una vez más: nadie presta sin pedir
nada a cambio. Lo primero que exigirán los acreedores será un peso más fuerte
para aumentar la capacidad de importación del país, y para que las empresas
extranjeras radicadas en la Argentina remitan mayores ganancias en dólares. El
resultado será una contracción en la actividad económica, menor recaudación y
menor empleo. Es decir lo mismo que proponen a coro Carrió, Duhalde, Cobos, De
Narváez y Macri entre otros.
El paso de una economía subvaluada a una sobrevaluada siempre ha sido mediado
por un ajuste. De Cámpora a Videla medió el Rodrigazo, de Alfonsín a Menem la
hiperinflación. No se trató de impericia política sino de las condiciones
necesarias de los ciclos de acumulación en la Argentina. La idea de que los
Kirchner serán capaces de hacerlo en forma diferente presenta muchas dudas. La
oposición por lo tanto no se opone a la cuestión de fondo sino que
pretende que la crisis la asuma el gobierno actual. Por eso busca apurar el
ajuste por la vía de evitar el uso de las reservas. Es decir, que Cristina sea
su Alfonsín o su Rodrigo.
El gobierno no quiere jugar ese papel, presentándose como garante de los
intereses nacionales y populares. Sin embargo, aun siendo exitosos, el ajuste se
hará de todas formas, sólo que un poco más adelante, ya que deberá seguir
complaciendo a los acreedores para conseguir más plata. Ningún discurso puede
seguir ocultando que el mito K se terminó. Hasta para el más recalcitrante nac&pop
será difícil justificar la "nueva" política y su correlato de pleitesías al FMI
y el BM.
El problema no es la deuda
Planteado el contenido de la disyuntiva queda claro que ninguno de los bandos en
disputa expresa alguna salida a favor de intereses de los obreros, ni siquiera
en términos parciales. No hay mal menor en alguna de las facciones porque los
dos se proponen lo mismo. Pero también hay otra conclusión importante. El
endeudamiento es una política permanente de la burguesía argentina, de todas sus
fracciones. Es la forma en que el capital ficticio, cuando la renta no alcanza,
viene a compensar temporariamente el atraso sistemático de la productividad del
trabajo local. Cuando la situación resulta insostenible, se proclama el default
para regenerar las condiciones en que opera la economía local: mediante la
devaluación se procede a desvalorizar la fuerza de trabajo, se promueven las
exportaciones y se hace posible el ingreso de divisas. Recuperada la economía
sobre esas precarias bases, las ventajas obtenidas se licuan y la revaluación
del peso debe compensarse con un nuevo ciclo de endeudamiento.
La deuda, entonces, no es el problema central de la economía argentina, sino la
forma en que se manifiesta su escasa capacidad competitiva general. Como ya
hemos visto, dejar de pagar es la antesala de volver a pagar, que es el paso
previo al retorno a la "buena conducta". Por la misma razón, si por arte de
magia se pudiera pagarla toda, reaparecería en un plazo breve. No es la deuda la
causa sino la consecuencia de las taras histórico-estructurales que corresponden
a la naturaleza capitalista del país y al lugar que le cupo (y le cabe) en el
proceso de acumulación mundial y que no tiene solución bajo esta forma social.
Esta es la razón por la cual la consigna "no pago de la deuda" es
sustancialmente correcta pero incompleta. Es correcta no porque, como suele
escaparse por allí, haya sido concebida de manera fraudulenta: toda la deuda,
incluso aquella que pudiera reputarse "legítima" según criterios burgueses, no
es más que masas de plusvalía producto de la explotación capitalista. El
no pago debe justificarse como limitación a la explotación y no como
"indignación" contra el robo "a la nación". No queremos pagar la deuda por la
misma razón por la cual no queremos seguir produciendo plusvalía. No sostener
esta consigna sobre esta base da pie a conciliaciones perniciosas con fracciones
pequeño-burguesas que construyen ilusiones en torno al "buen capital productivo
nacional", al estilo Pino Solanas o incluso el mismo kirchnerismo.
Cuando se acompaña esta consigna, debidamente justificada, con la reivindicación
para la clase obrera de la riqueza producida por la propia clase obrera (eso son
las reservas), la perspectiva política apunta en el sentido correcto. Es
necesario, sin embargo, profundizar este camino. No es la deuda lo que está en
discusión, sino las reservas. La izquierda no debe dejarse arrastrar por el
nacionalismo pequeñoburgués del solanismo. Es más, debe dar un paso adelante
negando el derecho a las dos fracciones políticas de la burguesía a decidir
sobre el destino de esa masa de riqueza social. Para ello, la consigna debe
completarse con medidas organizativas en ese sentido: una convocatoria a todas
las organizaciones políticas y sociales populares a una asamblea nacional que
exija el derecho del proletariado a participar de la discusión sobre el destino
de la riqueza social.
La acumulación de capital en la Argentina se encuentra en crisis. Las empresas
radicadas en el país son incapaces de sobrevivir por sí mismas sin ayuda estatal
o aumento de la tasa de explotación a niveles jamás vistos. El desempleo y la
pobreza, lejos de haberse erradicado, están latentes e in crescendo. Lo que esta
crisis pone sobre la mesa es que ninguna de las alternativas burguesas (tanto la
parlamentaria como la presidencial) tienen una salida que no pase por
sufrimientos sin límites para las masas. Por lo tanto, es hora de avanzar hacia
el control de la riqueza en manos de quienes la producen. Frente al reclamo de
autonomía del BCRA por parte de la derecha, hay que exigir su democratización y
su control popular. Frente al deseo del gobierno de usarla como garante para
endeudarse, hay que exigir su disponibilidad para planes sociales, obras pública
y paritarias generales por aumentos salariales. En definitiva, hay que avanzar
hacia las verdaderas causas de la miseria y la desocupación, el capitalismo,
preparando el control obrero de la riqueza nacional.
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