Irina Santesteban
PRENSA RED

La jubilación es un derecho constitucional que no puede ser reducido con el pretexto del supuesto "déficit" de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba. El artículo 57 de la Constitución dice que el Estado provincial asegura "jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad".

Desde antes de la reforma impuesta con represión policial en julio de 2008, los gremios estatales reclamamos al Gobierno que informara sobre la verdadera situación de la Caja y del Fondo Complementario, conformado con el aporte jubilatorio del 18 por ciento que realizamos los estatales cordobeses, siete puntos más del 11 por ciento que prescribe la normativa previsional nacional.

La falta de balances, la "desaparición" lisa y llana del Fondo Complementario, más una intervención de muchos años que impide que los jubilados y los trabajadores participemos, como dice la ley, de la conducción de la Caja, son hechos que hoy quiere minimizar el gobernador Juan Schiaretti cuando convoca al diálogo a la vez que desarrolla una campaña perversa para crear opinión pública sobre los supuestos "privilegios" que defenderíamos los trabajadores estatales y los actuales jubilados.

No una ecuación económica

Los haberes previsionales no pueden estar sujetos a una ecuación económica. Con ese argumento, el Gobierno puede intentar cerrar escuelas u hospitales porque no tiene fondos para pagar los salarios del personal.

Es inaceptable que Schiaretti, que formó parte del gobierno anterior como ministro y como vicegobernador, y por ende es corresponsable de las políticas que provocaron el vaciamiento de la Caja, pretenda ahora hacer recaer las consecuencias sobre quienes desde hace años aportamos para sostener el sistema. También es inaceptable para el resto de los ciudadanos que aportan al erario con sus impuestos y que pretenden que esos fondos sean utilizados de una manera transparente.

Ese discurso no es original del gobernador y del interventor Osvaldo Giordano. En la cena de la Fundación Mediterránea, en noviembre del año pasado, en la que estuvo presente el ministro de Finanzas de la Provincia, el economista del Ieral Marcelo Capello afirmó que "el déficit previsional es el problema más complejo que tiene la Provincia para su futuro".

¿Hace falta recordar que Giordano proviene de la Fundación Mediterránea y que fue funcionario de Domingo Cavallo cuando se privatizó el sistema y se entregaron los aportes de los trabajadores a la voracidad de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP)?

Los trabajadores estatales no somos responsables de los desmanejos de los sucesivos gobiernos y menos aún aceptamos que el Gobierno diga que no construye viviendas sociales o no paga subsidios a los desocupados por culpa del déficit que provocan los jubilados.

Para ello, proponemos que obtenga recursos terminando con los subsidios a las grandes empresas y actualizando la base imponible de los campos cordobeses, para recaudar más de los que más tienen y más ganan. Así, habrá más recursos no sólo para garantizar los haberes jubilatorios que nuestros jubilados se merecen, sino para construir viviendas y mejorar la salud, la educación y los salarios de los trabajadores estatales, entre otras acciones posibles de gobierno.

Qué proponemos

Porque aportamos más y en la mayoría de los casos durante períodos superiores a los 30 años (hay jubilados con 47 años de aportes), defendemos nuestros haberes jubilatorios y rechazamos el intento de pretender hacer pasar por "privilegiado" a quien trabajó y aportó durante toda una vida.

Pretendemos que el haber jubilatorio sea digno y proporcional a la carrera desarrollada, sea en la administración pública, en la docencia o en el Poder Judicial. Nuestra propuesta es sencilla y muy distinta a la del gobernador Schiaretti. Estos son los puntos principales:

* Primero, que se normalice la Caja de Jubilaciones y que los trabajadores y los jubilados participemos en su dirección.

* Segundo, que se blanqueen los haberes de todos los estatales, eliminando los montos no remunerativos, y que sean efectivizados todos los agentes, eliminando esa relación laboral precaria. Todos los empleados deben aportar por la totalidad de sus salarios.

* Tercero, que el régimen de retiros de la Policía sea financiado con Rentas Generales.

* Cuarto, que se garantice un haber mínimo de 1.400 pesos.

Por último, como representante de los empleados del Poder Judicial, no puedo dejar de opinar sobre el papel de la Justicia. Los fallos del Tribunal Superior que confirman el ajuste previsional, a pesar de las numerosas resoluciones judiciales de primera y segunda instancias en contra de esa medida, han hecho caer nuevamente sobre la Justicia el manto de sospecha de su falta de independencia y su carencia de sensibilidad para con los más débiles.

Irina Santesteban es Secretaria General de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial.