Este martes se iniciaron los alegatos de
los abogados defensores de los cinco imputados del primer juicio a represores de
la dictadura en Rosario. "Esta defensa no va a negar la existencia de plan
sistemático durante la dictadura militar, que está probado en la causa 13",
reconoció en una parte de su exposición Mariana Grasso, la representante legal
del teniente coronel Pascual Guerrieri.
Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos
humanos y gente del público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la
jueza Beatriz Caballero ordenó desalojar la sala. "La idea fue que las víctimas
ausentes, los compañeros que no están porque sus cuerpos fueron ocultados por
los asesinos, que no pueden mirar a la cara a sus verdugos, estén ahí, y que se
tengan que bancar la presencia de los desaparecidos", dijeron desde los
organismos que conforman el espacio Juicio y Castigo.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario viene llevando adelante, desde el 31 de
agosto, el juicio por las causas conocidas como Quinta de Funes y Fábrica
Militar, dos centros clandestinos de detención que operaron en el marco del
Batallón de inteligencia Militar 121 de Rosario. En el proceso se juzga la
conducta de cinco renombrados represores rosarinos (Pascual Guerrieri, Jorge
Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo), a los que se les
imputan los secuestros ilegales de una treintena de jóvenes, la aplicación de
tomentos físicos y diecisiete homicidios agravados por la desaparición de lo
cuerpos de los asesinados.
Inicio ruidoso
Ya desde la tarde anterior los organismos de derechos humanos y grupos que
integran el espacio Juicio y Castigo habían anunciado que "harían presente, en
el juicio, a los desaparecidos". La mañana de este martes, cuando comenzó la
audiencia, desde el público – y en medio de cantos y gritos de justicia-,
desplegaron las fotos de los desaparecidos de la causa y las pegaron sobre las
paredes y el blindex que divide el recinto. La jueza Beatriz Caballero, que
presidía el tribunal, ordenó desalojar la sala.
Ya fuera del tribunal, los organismos realizaron una conferencia de prensa y
explicaron que "la idea fue que las víctimas ausentes, los compañeros que no
están porque sus cuerpos fueron ocultados por los asesinos, que no pueden mirar
a la cara a sus verdugos, se tengan que bancar la presencia de los
desaparecidos".
"Estamos convencidos de que se tiene que cumplir con el derecho que tienen los
genocidas a tener una defensa como corresponde, en el marco de un juicio con
todas las de la ley, pero para nosotros estos asesinos son indefendibles, y
también estamos seguros de que por la prueba producida, van a ser sentenciados a
cadena perpetua", expresó a su turno Mario Bordesio, militante de la agrupación
HIJOS Rosario.
Al cierre de la conferencia de prensa se realizó una radio abierta con la
presencia de referentes de la APDH, el Colectivo de ex presos políticos, HIJOS,
el Frente Darío Santillán, el Movimiento Evita, COAD, SITRATEL, Poriajú,
Santiago Pampillón, el Movimiento y personalidades históricas de la lucha por
los derechos humanos, como Ana Moro y Alicia Lesgart. También se acercaron al
acto trabajadores de prensa del diario La Capital, que se encuentran en
conflicto por una nueva envestida del Grupo Uno contra las fuentes laborales.
Los abogados del diablo
Luego del ruidoso episodio comenzó el alegato de la abogada oficial,
representante legal de Pascual Guerrieri, Mariana Grasso, quien realizó una muy
fundamentada defensa que intentó relativizar algunos aspectos de la contundente
prueba producida durante el proceso, aunque reconoció hechos como "el plan
sistemático aplicado durante la dictadura miliar".
Grasso apeló al derecho internacional e hizo alusión a varios autores de la
biblioteca garantista, con la intención de atemperar la pena solicitada por las
querellas y la fiscalía –todos solicitaron cadena perpetua-. La abogada de
Guerreiri citó entre otros a "Darío Solo, sociólogo, marxista" y a Ana Harent,
por dar algunos ejemplos.
La defensora oficial se refirió a la cobertura periodística del juicio. "Afecta
la garantía de imparcialidad. En todos los casos los justiciables eran tratados
con el apelativo de "Genocidas" o "asesinos", dijo Grasso.
La abogada del represor apuntó también contra "el paso del tiempo" como
estrategia para debilitar la fortaleza de las declaraciones de los testigos.
Grasso quiso mostrarse respetuosa con los sobrevivientes, pero afirmó que "los
cuestionamientos de las testimoniales en modo alguno es en cuanto a sinceridad,
sino que es un proceso de contaminación necesario que tiene que ver con el paso
del tiempo".
La abogada oficial explicó que "la misión de la defensa es marcar las fisuras en
la hipótesis acusadoras" y se dedicó a plantear, según su análisis de la prueba,
cuáles fueron esas fisuras, para terminar pidiendo la absolución de su
defendido, en base a que consideró que había demasiadas "dudas" respecto de lo
producido en el juicio.
Finalizada la audiencia, redaccionrosario.com consultó a varios de los abogados
de las víctimas, que reconocieron la dedicación que puso en su tarea la
defensora oficial, pero que coincidieron en señalar "que lo por ella expuesto no
puede modificar en nada la suerte de los imputados, ya que la prueba es
contundente".
El juicio continuará el martes próximo a las 9, con más alegatos de los
defensores de los imputados.
