Alejandra Waigandt
Artemisa

Una adolescente embarazada producto de una violación en Chubut pudo abortar el viernes. Fue necesario un fallo del máximo tribunal judicial de la provincia para que la práctica se llevara adelante. Hay otra chica con más de 20 semanas de gestación debido a abusos sexuales reiterados que quiere abortar, pero nuevamente un juzgado de Comodoro Rivadavia ha negado a la víctima el derecho a interrumpir el embarazo.

Una joven de 15 años violada por su padrastro en Comodoro Rivadavia pudo abortar el viernes en el Centro Materno Infantil de Trelew, debido a un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que avaló la práctica. La intervención se realizó cuando la adolescente sobrellevaba 18 semanas de gestación. Semanas antes, el hospital regional y la Justicia le habían negado el derecho a interrumpir el embarazo, poniendo su vida en riesgo. Ese mismo viernes trascendió un caso similar, una nueva víctima de violación por un familiar directo, pero que soporta 22 semanas del producto del abuso, y otra vez la Justicia en primera instancia falló en contra de la voluntad de abortar de la joven.

Conocido por las iniciales A.G., el primer caso generó una fuerte polémica en torno al aborto, pero llegó a su fin el viernes, cuando una médica ginecológica interrumpió la gestación en el hospital dependiente del área de salud de Chubut. Si bien la adolescente se encuentra fuera de peligro, la intervención podría haberse concretado durante las primeras semanas del embarazo, tras la solicitud de aborto realizada por la madre de la víctima Aurora Fuentes. Sin embargo el Comité de Bioética del Hospital Zonal rechazó dicha práctica y luego la denegaron el Juzgado de Familia y la Cámara de Apelaciones. 'Yo confié en la justicia de Comodoro, pero lamentablemente se negó a nuestro pedido y demoró mucho la situación', declaró Fuentes.

Fueron necesarias 18 semanas para que la causa llegara al máximo tribunal de la provincia patagónica y los jueces José Luis Pasutti, Daniel Caneo y Fernando Royer revirtieran esas resoluciones, ordenando cumplir con la legislación vigente. El dictamen fue respaldado por el gobernador Mario Das Neves, ya que el Código Penal en su artículo 86 establece como causal de aborto el embarazo producto de una violación. Sin embargo se sigue negando este derecho a las mujeres abusadas, en general por motivos religiosos, tal como ocurrió en el segundo caso.

La segunda víctima, también de 15 años, quedó embarazada debido a las violaciones a las que la sometía su padrastro desde los 7. A pesar de estos trágicos hechos, la jueza Diana de Kasakevich desoyó la voluntad de la joven de querer abortar y el viernes decidió negarle esa posibilidad. La magistrada habría basado el fallo en el derecho a la vida del chico en gestación, según el diario patagónico La Jornada.

Interpretaciones sesgadas

En general la denegación del aborto por parte de tribunales locales se escuda en una interpretación restrictiva del Código Penal en materia de aborto. Este posicionamiento defiende que la interrupción de un embarazo es legal sólo si la salud mental de la mujer violada tiene deficiencias. En cambio la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales han realizado una interpretación más amplia, asegurando la legalidad del aborto cuando el embarazo es producto de una violación.

El padrastro de AG es un suboficial de la policía de Chubut, y según consta en la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, violó a la adolescente en noviembre de 2009, dejándola embarazada. Luego la había amenazado para que no denunciara el abuso sexual ni los manoseos que consumaba desde que AG tenía 11 años. Aurora Fuentes realizó un pedido judicial para que el Centro Materno Infantil de Trelew resguardara los restos del feto como medida de prueba de la violación perpetrada contra su hija.
La segunda joven fue víctima de abusos sexuales durante 8 años y se animó hablar de las aberraciones sufridas debido al embarazo. Nuevamente el agresor es un padrastro, en este caso un obrero de la construcción. Tras ser expulsado del hogar en que vive la adolescente, el agresor se habría trasladado a un obrador de Rada Tilly. De acuerdo a las declaraciones de la defensora oficial Andrea Caleri, el dictamen de la jueza Diana de Kasakevich será apelado hoy a fin de lograr la interrupción de la gestación. Ahora el proceso judicial corre con la ventaja del antecedente a nivel del Superior Tribunal de Justicia, pero con la desventaja de lo avanzado del embarazo.

Numerosos proyectos se han presentado en el Congreso nacional para legalizar el aborto o despenalizar más de sus causales. Estas iniciativas no logran prosperar frente a la presión ejercida por sectores conservadores y religiosos. Por eso las y los legisladores tienen responsabilidad en el riesgo que está corriendo la vida de las mujeres que quieren abortar el producto de una violación y que reciben negativas del personal de salud pública, comités de bioética y tribunales de justicia.