Esteban Stanich
Primera Fuente

Pese a que la ley 26.160 impide el desalojo de las comunidades originarias de sus tierras, sectores de la Justicia siguen emitiendo fallos favorables a los terratenientes. La mencionada norma contempla un relevamiento territorial de todos los pueblos ind�genas del pa�s. En Tucum�n, su aplicaci�n alcanz� un alto grado de avance. Una herramienta para bloquear el desalojo de las comunidades ancestrales. Reuni�n en la APT.

El hist�rico desplazamiento de las comunidades ind�genas de sus tierras motiv� la sanci�n en 2006 de la ley N� 26.160, impulsada por la Ministerio de Desarrollo Social de la Naci�n.

Esta norma declara la emergencia en materia de posesi�n y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del pa�s por el t�rmino de cuatro a�os �luego se la prorrog� hasta noviembre de 2013-, disponiendo durante ese lapso la suspensi�n de la ejecuci�n de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupaci�n de tierras.

Sin embargo, pese a esta disposici�n, la realidad es muy distinta. Ejemplo de esto, son los constantes avances de sectores terratenientes contra diferentes comunidades ubicadas en territorio provincial.

Seg�n explic� Federico Casinelli, representante en Tucum�n del Instituto Nacional de Asuntos Ind�genas (INAI), las tres comunidades locales que m�s sufrieron intentos de desalojos en los �ltimos a�os fueron La Angostura, la Comunidad India Quilmes (ambas de origen diaguita) y la de Los Nogalitos, del pueblo Lule.

"En el caso de las comunidades Quilmes y Lule, nos encontramos con constantes fallos judiciales a favor de los sectores terratenientes que avalan los desalojos. Hay un estado de litigio permanente, pese a que la ley 26.160 es muy clara en cuanto a su alcance", afirm� Casinelli. En tanto, los intentos de desalojos a la comunidad de La Angostura, por ahora, est�n paralizados.

Justamente, el punto esencial de la norma, dispone que el INAI se constituya en el organismo de aplicaci�n de un relevamiento t�cnico, jur�dico y catastral de la situaci�n dominial de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. "Mientras este proceso de lleve a cabo, todo intento de desalojo debe quedar suspendido", aclar� Mart�n Andrade, coordinador regional del Relevamiento Territorial (ver video adjunto).

Casinelli explic� que en Tucum�n el grado de aplicaci�n de este trabajo se encuentra muy avanzado en comparaci�n con otras provincias y, de continuar este ritmo, podr�a finalizar antes de que termine el a�o. En este sentido, caciques de las 19 comunidades ind�genas de la provincia se reunieron ayer en la sede de la Asociaci�n de Prensa de Tucum�n, para analizar el nivel de desarrollo de este proyecto.

"Se trabaja desde diferentes �reas t�cnicas: agrimensura, socioantropol�gica y legal, siempre con las participaci�n ind�gena en toda las mesas de trabajo. Se conforman unidades provinciales en la que participan instituciones como el INAI, la UNT, la Secretar�a de Derechos Humanos y un Consejo de Participaci�n Ind�gena", detall�.

"Tras finalizar el relevamiento se realiza una carpeta t�cnica con toda la informaci�n obtenida que no s�lo permite un conocimiento sobre el patrimonio que se intenta preservar, sino que sirve como una estrategia legal ante los planteos judiciales que buscan los desalojos", afirm� Casinelli.