Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, Esperanza Mart�nez y Joseph Vogel
Alai-amlatina

En el a�o 2007, el Ministerio de Energ�a y Minas de Ecuador, present� p�blicamente la propuesta de no explotar el petr�leo en la zona del Parque Nacional Yasun�. La iniciativa representaba una acci�n sustantiva para la protecci�n ambiental del �rea y sus habitantes, y para innovar en la b�squeda de alternativas al desarrollo extractivista tradicional basado en la exportaci�n de productos primarios.

Esta propuesta constituy� un punto de ruptura en la historia ambiental y el nacimiento de un nuevo camino para enfrentar en la pr�ctica el calentamiento global. Super� la etapa de los discursos sin propuestas efectivas, para dar un paso vigoroso hacia cuestionar la l�gica del desarrollo extractivista (primario-exportador). Es una opci�n para construir globalmente el buen vivir; entendido este como la vida en armon�a de los seres humanos consigo mismos y con la Naturaleza.

El proyecto, en concreto, se sustenta en una visi�n respetuosa de la Naturaleza y de las opciones culturales de los pueblos originarios en aislamiento voluntario que todav�a habitan en ese territorio amaz�nico. Constituye una apuesta por un nuevo r�gimen de desarrollo, no solo a nivel nacional, sino civilizatorio.

Las reservas del ITT alcanzan, de acuerdo a las �ltimas estimaciones, 846 millones de barriles recuperables de crudos pesados (14,7� API) que se explotar�an durante alrededor de 13 a�os, a raz�n de 107.000 barriles diarios, a partir del quinto a�o. Esta cifra que representa casi la cuarta parte de las reservas probadas en Ecuador, significar�a apenas unos 8 d�as de consumo de petr�leo en el mundo.

Al no explotarlas se evitar�a la emisi�n de unos 400 millones de toneladas m�tricas de CO2; es decir, ahorrar�a al mundo el costo de su abatimiento. M�s todav�a, evitar�a los efectos de la deforestaci�n causada por la explotaci�n petrolera. Las reservas petroleras del ITT se encuentran bajo una de las �reas de mayor biodiversidad del planeta, que alberga no menos de 165 especies de mam�feros, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de �rboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todav�a no estudiados.

Con estos antecedentes es f�cil comprender la acogida que experiment� esta iniciativa. Desde su primera formulaci�n p�blica, ha recibido mensajes de aliento, aunque no han faltado comentarios caracterizados por la duda y la incomprensi�n. El entusiasmo ha sido una constante, aun a pesar de las se�ales muchas veces contradictorias dadas por el gobierno nacional.

Al mediar 2008, la iniciativa consigui� uno de los mayores espaldarazos con el apoyo formal del parlamento alem�n, que recomend� a otros parlamentos europeos asumir una posici�n similar. Y mas importante a�n fue el respaldo de la sociedad ecuatoriana cuando esta aprob� mayoritariamente la Constituci�n de la Rep�blica redactada en Ciudad Alfaro, en Montecristi, cuyo eje es el concepto del buen vivir o sumak kawsay, a partir del cual se constitucionalizaron los Derechos de la Naturaleza.

El punto de partida, que se basa en la justicia ambiental, es decir en los Derechos de la Naturaleza, se fundamenta en la idea de una estrategia de desarrollo post-material, con un componente post-extractivo, desde la realidad de un pa�s dependiente de las exportaciones petroleras, como lo es Ecuador. Este es uno de los puntos medulares del debate en Ecuador y deber�a serlo tambi�n en la mayor�a de pa�ses latinoamericanos.

La propuesta de dejar el crudo en tierra, a m�s de abrir la puerta para posibilitar la protecci�n de la Amazon�a, presenta la pluralidad de valores como un nuevo paradigma democr�tico para el dise�o y discusi�n colectiva de pol�ticas p�blicas en correspondencia con los principios recogidos en el nuevo marco constitucional ecuatoriano. Es decir, tambi�n est� en juego la construcci�n democr�tica de una sociedad democr�tica.

Se ha ligado a la propuesta un mecanismo de financiamiento constituido de la colaboraci�n solidaria de la comunidad internacional. Esta, bas�ndose en co-responsabilidades comunes y diferenciadas contribuir�a a la conformaci�n de un fondo para la ejecuci�n de una serie de proyectos de car�cter sustentable que le permitan al Ecuador, encarar el tr�nsito hacia una econom�a post-petrolera.

Una propuesta innovadora como �sta requiere de herramientas tambi�n innovadoras. Son indispensables esfuerzos que nos obliguen a repensar las cosas imaginativamente, sin desconocer posibles logros de la econom�a y la pol�tica en el campo ambiental, pero reconociendo que estos avances deben enriquecerse permanentemente para poder enfrentar una realidad atravesada por m�ltiples factores, especialmente por "sentidos comunes" que impiden superar las sombras del pasado.

La conservaci�n del ITT, es importante en s� misma, independientemente de los humores y la disponibilidad de pago de la comunidad internacional. La demanda de compensaci�n econ�mica internacional no puede ser usada como excusa para la inacci�n. En este sentido esta propuesta deber�a tener un compromiso en primer lugar con los ambientes amaz�nicos de Ecuador y con el bienestar de las comunidades locales.

En este �mbito, las sociedades civiles ecuatoriana e internacional tienen una gran responsabilidad no s�lo como veedores del proceso, sino como actores directos encargados de presionar a sus respectivos gobiernos, particularmente al ecuatoriano para que demuestre en la pr�ctica la suficiente coherencia para cristalizar esta iniciativa.

Sabemos que la Naturaleza tiene l�mites que la econom�a no debe sobrepasar. El cambio clim�tico, resultado del sobreconsumo energ�tico, es una evidencia incontrastable. Conocemos tambi�n que el pensamiento funcional se limita a hacer de los bienes y servicios elementos transables, a trav�s de la dotaci�n de derechos de propiedad sobre estas funciones. Y por igual estamos convencidos que el mercado de carbono, construido como espacio para procesar una salida a los conflictos del cambio clim�tico, es realmente un nuevo negocio del desastre clim�tico.

El mercado de carbono voluntario es a�n m�s limitado que el del Protocolo de Kyoto, que est� de cierta manera regulado en tanto fija una cuota a un pa�s y �ste a sus empresas. Mientras tanto, el mercado voluntario est� creciendo sin ning�n tipo de regulaci�n, lo que disminuye el capital pol�tico de tener l�mites vinculantes sobre las partes

El problema del deterioro ambiental en una econom�a de mercado es que no considera plenamente en sus c�lculos los efectos externos; por lo tanto tiende a socavar los intereses de las futuras generaciones y los derechos de las otras especies. En este contexto el an�lisis costo-beneficio no es aplicable, pues tiende a valorar en cero lo que se desconoce.

Finalmente es cada vez m�s aceptada la noci�n de que introducir en el mercado dichos servicios ambientales significar�a transferir al mercado asim�trico la responsabilidad de definir los aspectos distributivos asociados con los usos de los recursos naturales, cuya valoraci�n monetaria, como lo hemos dicho, resulta muy compleja, sino imposible. Adem�s, la misma l�gica de mercado puede generar un proceso de concentraci�n en el acceso a los recursos naturales y la consiguiente p�rdida de soberan�a para las poblaciones usuarias de dichos ecosistemas.

El objetivo de esta Iniciativa ITT, ser�a alcanzar, en t�rminos constantes, la meta econ�mica planteada con una compensaci�n de 3.500 millones de US d�lares de acuerdo a la propuesta inicial. Para lograrlo la mejor y m�s segura opci�n ser� un acuerdo pol�tico internacional.

El objetivo de este acuerdo pol�tico internacional ser� constituir un fondo que permita financiar la compensaci�n solicitada por Ecuador, al tiempo que se establecen las condicionalidades que permiten su funcionamiento.

- donaciones de gobiernos o de empresas,

- contribuciones ciudadanas o de organizaciones privadas,

- recursos provenientes de actuales o nuevos fondos de cooperaci�n internacional o de diversas modalidades de condonaci�n o conversi�n de deuda externa.

- mecanismos regionales ligados a nuevas estructuras financieras regionales como son el Sistema �nico de Compensaci�n Regional (SUCRE).

Las posibilidades existentes son m�ltiples, y algunas podr�an incluso reci�n aparecer como resultado del debate planteado.

Lo importante es garantizar que la decisi�n se mantenga en futuros gobiernos, por lo que es imprescindible la transparencia y participaci�n ciudadana, tanto como la existencia de mecanismos de presi�n e incluso sanci�n en caso de incumplimientos.

Uno de los mecanismos m�s eficientes es la existencia de un sistema de pago, que podr�a ser reversible en caso de incumplimientos. Un mecanismo que otorgue certezas y garant�as, y una de ellas podr�a ser, que los aportantes sean, por as� decirlo, propietarios del crudo del ITT si �ste llegara a salir a la superficie.

Es importante subrayar el hecho de que es el Estado quien negociar� y administrar� la propuesta de pago por conservaci�n de crudo en subsuelo y que no se traspasar�n las responsabilidades de la conservaci�n a entidades privadas nacionales o extranjeras, ni la formulaci�n de pol�ticas sobre conservaci�n, ni tampoco la administraci�n de las �reas protegidas. Estos elementos entreguistas han estado presentes en las pol�ticas ambientales, construidas internacionalmente sobre medio ambiente y conservaci�n, bajo l�gicas neoliberales.

Se trata de construir una pol�tica ambiental alternativa, soberana y coherente con el respeto a los derechos colectivos de las comunidades, a los derechos de la naturaleza, y los derechos humanos de todos los ecuatorianos, incluyendo a las futuras generaciones. Este proceso de construcci�n de pol�ticas transformadoras demanda de la participaci�n democr�tica de la sociedad, particularmente de quienes habitan en la zona.

En este sentido, el destino y uso de los fondos que deriven de esta iniciativa, deber�n involucrar a representantes de las zonas amaz�nicas, afectadas por la actividad petrolera, as� como de la sociedad civil del Ecuador e internacional; �stas �ltimas en tanto veedoras del uso que se d� a estos recursos. Para ello es recomendable una instancia institucional de vigilancia y monitoreo, que a m�s de las organizaciones de la sociedad civil, podr�a establecerse con la intervenci�n de Naciones Unidas, por ejemplo el PNUD.

En este campo es mucho lo que hay que discutir a�n. Nos parece prioritario atender las demandas de cuidado y manejo de la zona, tanto como las de reparaci�n ambiental. Igualmente habr�a que atender con urgencia las necesidades de la poblaci�n amaz�nica, considerando la posibilidad de canalizar recursos para mejorar sustantivamente la educaci�n y el desarrollo de energ�a sustentable en el pa�s. Esta es una tarea que deber�a ser asumida por el gobierno y la sociedad ecuatoriana.

En la pr�xima Cumbre de Cambio Clim�tico en Copenhague ser� necesario un acuerdo internacional que d� un tratamiento preferencial a este tipo de pa�ses que contribuyan efectivamente a resolver los problemas de calentamiento global. Adicionalmente ser� necesario establecer colectivamente acuerdos vinculantes de coerci�n mutua, establecidos para cumplir con las obligaciones internacionales.

Ser� necesario preparar cuidadosamente los pasos de la diplomacia ecuatoriana, pues ser� un escenario dif�cil, cooptado como en otras ocasiones por empresas que pretendan hacer negocio del desastre, por pa�ses que en lugar de compromisos, busquen nuevas evasivas y por una consistente estrategia de dividir las posiciones del sur.

Un peque�o pa�s ha hecho una propuesta revolucionaria, el mundo tiene la palabra.

Autores

- Alberto Acosta, profesor-investigador de la FLACSO-Ecuador, ex-presidente de la Asamblea Constituyente, ex-ministro de Energ�a y Minas.

- Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecolog�a Social (CLAES); Uruguay.

- Esperanza Mart�nez, coordinadora de Oilwatch y miembro de Acci�n Ecol�gica.

- Joseph Vogel, profesor en el Departamento de Econom�a de la Universidad de San Juan de Puerto Rico-R�o Piedras, profesor de la FLACSO-Ecuador.

* Documento completo en http://alainet.org/active/30392