Los organismos de derechos humanos lo reclamaban desde hace años. La Procuración General de la Nación lo volcó en una propuesta concreta a principios de marzo. La respuesta se demoró pero llegó: un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal decidió reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, al resto de los tribunales federales porteños. La medida que permitirá juzgar en plazos razonables a los responsables de secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Atlético, Banco, Olimpo y Vesubio, entre otros, se anunciará hoy, durante la oficialización de la comisión interpoderes creada para agilizar las causas por crímenes durante la dictadura.
A medida que la Justicia federal fue elevando distintos fragmentos de causas por delitos en el Primer Cuerpo, la similitud entre las víctimas y, por otro lado, los imputados, que técnicamente se denomina conexidad, derivó en la acumulación de juicios en el TOF-5. Se trata del tribunal que en estos días juzga al general Olivera Róvere y a cinco ex jefes de área militar y que el 6 de octubre comenzará a juzgar a 18 represores de la ESMA.
El 3 de marzo la Unidad Fiscal de coordinación de procesos por terrorismo de Estado de la PGN y el fiscal general Alejandro Alagia, designado para actuar en juicios del Primer Cuerpo, formularon a Casación el pedido de reasignación de causas con el objetivo de "lograr su distribución racional", mecanismo previsto por la ley 26.371 y que se aplicó en otras oportunidades. La respuesta llegó ayer, según confirmó a Página/12 una alta fuente judicial, y servirá de auspiciosa presentación en sociedad de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, integrada por representantes de los tres poderes y de la PGN, que se concretará hoy en el salón presidencial de la Corte Suprema de Justicia. La reasignación se haría según el volumen de trabajo de cada tribunal y sólo excluiría del sorteo al TOF-1, que debe juzgar a los responsables del Plan Cóndor y del centro clandestino Automotores Orletti.

A la misma hora que en la Corte Suprema de Justicia se oficializará la formación de una Comisión Interpoderes para acelerar los juicios a represores, en el primer piso de Comodoro Py los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal escucharán argumentos a favor y en contra del alojamiento en unidades castrenses de militares imputados en delitos de lesa humanidad. Pese a que la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior y el Ministerio de Defensa informó a los jueces que los cuarteles no deben ser cárceles ni los soldados guardiacárceles, aún hay 18 imputados por crímenes de lesa humanidad en unidades militares por orden judicial. La audiencia tratará el caso del coronel José Luis Marchisio y de los civiles Carlos Faraldo y Rubén Ledesma, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 123, alojados aún en el Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres. Víctor Aldave, hasta ayer en la misma situación, fue excarcelado por problemas de salud. Pese a que la Cámara Federal de Corrientes declaró la nulidad de los procesamientos a los responsables del centro clandestino La Polaca, los represores siguen detenidos, imputados en otros expedientes. Los abogados Rodolfo Yanzón y María Dolores Aragón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos e H.I.J.O.S., respectivamente, presentaron ayer un escrito ante Casación en el que destacan que el alojamiento de imputados viola las funciones específicas que competen a las Fuerzas Armadas e implica incumplir la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas e implantar fueros especiales que la Constitución prohíbe.