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Crisis, empoderamiento y Hegemonía
Carlos Alejandro Lara Ugarte
La actual crisis política en Bolivia radica en la disfuncionalidad del
ordenamiento jurídico y la configuración del poder estatal. En necesario en tal
sentido convencerse de una vez que estamos frente a una estructura jurídica (CPE)
insuficiente para contener la emergente configuración del poder constituyente
(pueblo) y el empoderamiento ciudadano.
El poder delegado a las instituciones, (Prefecturas, alcaldías, etc.), a los
movimientos sociales (Federaciones de campesinos, obreros, comerciantes y
otros), a los pueblos y naciones indígenas originaria campesinas, la ciudadanía
(desde el derecho individual y el derecho colectivo), y a los movimientos
cívicos (Departamentales y provinciales), son hechos que explican la resistencia
civil y/o el empoderamiento de la sociedad y desde donde se puede entender el
alto grado de conflictividad, y por ende plantear las opciones de solución.
La crisis política y el alto grado de conflictividad nacional analizados desde
la resistencia civil lleva inevitablemente a tocar el papel de las
prefecturas departamentales y las estrategias políticas (pacíficas y violenta)
en las que estas se movieron e involucraron.
El empoderamiento de los movimientos y organizaciones sociales, llevan a
visibilizar los derechos consuetudinarios excluidos y el derecho positivo no
implementado a lo largo de la vida republicana, fundamentalmente.
Entonces el empoderamiento y la resistencia civil confluyen para
afirmar la necesidad de una nueva carta magna donde el imaginario de la
colectividad boliviana esté expresado de manera positiva y participativa.
Las demandas
A los gobiernos prefecturales y los cívicos cruceños la historia les confió la
responsabilidad de llevar adelante la autonomía y descentralización
administrativa departamental en la misma medida que las autonomías indígenas a
los movimientos sociales y las organizaciones indígenas.
En ese entendido mientras las autonomías indígenas fueron planteada a las
instancias creadas para su tratamiento (Asamblea Constituyente y poderes
constituidos) con elementos constitucionales claros y de manera monolítica por
el conjunto de las organizaciones indígenas a nivel nacional, las demandas
departamentales estaban divididas; por un lados las prefecturas (antes del 10 de
agosto) de Oruro y Potosí estaban alineados al poder central con planes de una
mera descentralización administrativa, mientras que Santa Cruz, Pando, Beni y
Tarija se proponían implementar regimenes de autonomías sin un marco jurídico
que los contenga.
Un papel entredicho ocurrió en las prefecturas de La Paz y Cochabamba donde se
jugaban entre lo uno y lo otro, (autonomía o descentralización) con un mando
prefectural alineado a los fines opositores, pero con una población mayoritaria
afín a las gestión del poder central. Estas dicotomías se resolvió en el
referéndum del 10 de agosto cuando por voto universal se revocó al los prefectos
de La Paz Y Cochabamba.
Estrategia de oposición.
La dinámica de oposición prefectural y cívica cruceña, particularmente,
a partir del 2006 consistió en acopiar y administrar todos los conflictos que la
sociedad y el estado generaban en su relacionamiento. En cierta manera la
profundización y el manejo a las contradicciones Estado - Sociedad fue la línea
de acción opositora y no así el análisis objetivo del ejercicio del poder y sus
leyes.
Al intentar profundizar el conflicto, las prefecturas propusieron una nueva
norma, para dar significancia a un imaginario radical, altamente inestable
exponiendo derechos que privilegian la a las logias de poder con
componentes raciales, regionalistas y de clase, cuya manifestación se evidencio,
primero en el debate constituyente en la ciudad de Sucre y después en el
genocidio de campesinos en el departamento de Pando.
Desde la propuesta y la supuesta aplicación de una nueva norma (Estatutos
Autonómicos) las prefecturas y los cívicos cruceños instrumentalizaron los
imaginarios y la identidad de la ciudadanía cruceña. Desde el contenido de esta
misma propuesta polarizaron el debate. Es la instrumentalización y polarización
del conflicto la que configura las primera disfuncionalidades
institucionales y el descontrol de sus operadores políticos. (Después de la
tomas empezaron a repartirse las instituciones sin ningún criterio a no ser de
aquel que de el derecho al que llegó primero)
Perspectiva de negociación
Existió siempre en la oposición la necesidad de consolidar alianzas. En este de
alianzas del Comité Cívico cruceño y la prefectura; posiblemente el proyecto mas
avanzado se dio en la conformación del Consejo Nacional por la Democracia
CONALDE.
En un principio, con las 6 prefecturas departamentales y sus respectivos Comités
Cívicos con acuerdos en marcha pero no consolidados desde el CONALDE se pensó
que sus propósitos se irían materializando, pero su afán por "meter leña a los
conflictos" no les permitió evaluar la magnitud y el grado a la que el gobierno
había concedido para empoderar a los movimientos sociales y las organizaciones
de los pueblos indígenas, empoderamiento que venía acompañada de una
construcción ideología contrahegemónica al de dominación de la clase dominante y
que se pudieron evidenciar en una serie de hechos (revocatoria de prefectos de
Cochabamba y La Paz, resistencias a los paros cívicos en Yapacaní,
Montero, San Julián, el Plan tres mil y gremialistas del área urbana, el
genocidio en Pando, las tomas y destrucciones de instituciones estatales en la
media luna y otros) que en definitiva afectarían la débil alianza del CONALDE y
su oculta relación con el Imperio Norteamericano
En ese sentido dos evidencias son importantes resaltarlas:
Primero: El bloque cívico prefectural y el CONALDE, en Santa cruz se ven
disminuidos en su representatividad negociadora con la detención del Prefecto de
Pando y el nombramiento de uno nuevo que debemos entenderlo alineado al bloque
de prefectos de Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro.
Segundo: Un sentimiento de culpabilidad, si no de derrota, del CONALDE en cuanto
pierde legitimidad su pronunciamiento del 3 de septiembre. Es claro que el
pronunciamiento fue hecho a los apuros y con la sola finalidad de expresar el
repudio y resistencia a la convocatoria del referéndum del 7 de diciembre del
2008. Un bosquejo rápido de este pronunciamiento se hace en el siguiente
párrafo.
Se trata ahora de entender el pronunciamiento y sus resultados: a) se buscó
masificar el bloqueo de carreteras, (sin resultados positivos); b) seguir
boicoteando la propuesta del texto constitucional para impedir llevarla a un
referéndum (sin embargo no la evita y avanza la propuesta gubernamental); c)
implementación de los estatutos autonómicos (Se deslegitima su
implementación inmediata y se negocia); d) conformar un frente amplio para la
defensa de la democracia que trabaje para la pacificación nacional y la
recuperación plena de la democracia (El CONALDE no pudo
estructurar ningún frente amplio por su poca credibilidad; el frente se dio por
iniciativa del gobierno y patrocinada por la UNASUR); f) y por
último denunciar al pueblo boliviano la persecución política a las
autoridades departamentales y los dirigentes cívicos (la única denuncia
pública fue defender a Leopoldo Fernández y a los que participaron en el
genocidio de Pando, y sin duda es lo menos acertado desde el punto de vista
político; se percibe exacerbación hacia la fidelidad y alianza con
el fin de protegerse de posibles demandas jurídicas.
Estas dos evidencias nos deben llevar a reconocer la pésima gestión política del
CONALDE, de la Prefectura departamental y del Comité Cívico cruceño, y concluir
que estamos frente a quienes vienen postergando todo tipo de
autonomías, (departamental, municipal, regional e indígena campesina
originaria), confundiendo a la población y propiciando niveles altos de
violencia con el único objeto de favorecer intereses transnacionales.
Los sujetos que deben negociar :
Son las partes en conflicto las que deben empezar a negociar, a través de
representaciones legítimas.
Las partes en conflicto son los movimientos sociales, el plan tres mil, los
pueblos indígenas, los colonizadores (todos con representación legítima a través
de las cabezas de sus organizaciones); la Policía, las Fuerza
Armadas, las instituciones estatales(que deben ser representados por el Poder
Ejecutivo) la comunidad internacional (UNASUR y representantes por
el peligro que significa la intromisión Norteamérica para la seguridad de la
región) y la población urbana de las provincias y de la capital
cruceña (que debiera ser representada por el Comité Cívico, pero por
lo que se dijo mas arriba es claro que seguirá transitando senderos de
ilegalidad, intolerancia, racismo, violencia y regionalismo)
Ante esto se tiene el gran desafío de conformar una organización representativa
de la región, (que no privilegie el poder económico de las élites) que muestre
la pluralidad en el ámbito económico, político, productivo, educativo, sindical,
corporativo, cultural, etc. con la visión de promover el desarrollo y el
progreso, y con criterio de unidad nacional.
La emergente representación regional tendrá que descubrir la retrógrada
finalidad de las logias cruceñas y la antidemocrática representatividad del
Comité Cívico cruceño.
Cerco y llegada a Santa cruz de los movimientos sociales
El cerco a Santa cruz, impulsados por los movimientos sociales, lo mineros de
Huanuni, los colonizadores y pobladores de Yapacaní y San Julián ya
dejan de ser un mero boicot a la feria internacional (símbolo del emprendimiento
regional) realizada en la capital cruceña.
El cerco es la materialización política de un proceso de transformación y de la
derrota del proyecto oligárquico en el occidente boliviano desde el
empoderamiento de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios
campesino. Es pues la capacidad de estos de tomar decisiones políticas de
interés nacional desde la construcción de una nueva hegemónica popular.
¿Pero qué pasa en Santa Cruz? El cerco de Santa Cruz, ¿Debe traducirse en una
amenaza que demande la capitulación de los prefectos y del comité cívico
cruceño? Claro que no, no por ahora, sin embargo el curso de las
negociaciones podrían definirlo con más claridad.
¿Es entonces, la muestra de fuerza de un "ejercito" que amenaza y demanda que no
se vuelva a destruir los bienes públicos y se respete el papel rector del Estado
en la vida institucional?
Probablemente las demandas de los movilizados reflejen algo de esto. Habría que
analizarlas con más detenimiento
Lo mas seguro es que el cerco a Santa Cruz sea la actitud que reafirma el
sentido de República Unitaria para Bolivia, sea al mismo tiempo la
determinación manifiesta de los movimientos sociales de avanzar con
las autonomías indígenas construyendo una corriente hegemónica en torno a la
república unitaria y con garantía constitucional. Este es el mensaje que jamás
pudo posesionar el Comité Cívico y la prefectura, es además las circunstancias a
las que se opuso permanentemente, en ese sentido es fácil determinar que las
cosas no las hizo nada bien.
El error de las fuerzas reaccionarias en Santa Cruz, se centró en haber jugado
con la autonomía, asignándola indiscriminadamente dos caras (de acuerdo a la
ocasión); una como separatismo y/o unidad, y otra como elemento de chantaje y/o
estrategia de negociación.
Hegemonía y el problema de representación regional.
A principios del 2006 la cara de la burguesía cruceña fue progresista desde sus
propuestas mediáticas (Autonomías, democracia, libertad). Esto Antonio Gramsci
lo entendería como postura de una revolución pasiva, donde
los segmentos políticamente hegemónicos de la clase dominante y
dirigentes intentan meterse "en el bolsillo" a sus adversarios y opositores
políticos .
La revolución pasiva tendría que haberse traducido en la invisibilización de las
contradicciones de clase y las desigualdades socioeconómicas y regionales, dado
el supuesto que en el poder no radicaba sus intereses, sino en mantener las
relaciones de dominación existente; que es lo que le interesa a toda clase
dominante que dirige un estado de corte neoliberal y burgués.
Contrariando esta lógica prefirieron disputarse la administración estatal,
porque desde él obtenían su riqueza y su fortaleza.
Entonces dos hechos quedaron descubiertos: a) la existencia de las inhumanas
relaciones de dominación en la que se sustenta la oligarquía y los grupos de
poder, y b) el rol que jugó el estado (hasta antes de Evo Morales) como
subvencionador de las crisis y pérdidas económicas del gran empresariado
cruceño.
En ese entendido la representación cívica no fue nunca la del pueblo cruceño,
sino la de logias de poder que operan económicamente en la institucionalidad
cruceña y las cooperativas de servicio.
Hoy es vital entender esta hegemonía desde la identidad cultural tradicional
hacia una construcción ideológica cruceña, contrahegemónica que fortalezca la
identidad con miras a Estado Plurinacional, (distinta a la heredada de una
generación cívica pasada y difundida aun por Carlos Valverde y la Falange
Socialista Boliviana [1] en Santa Cruz)
El empoderamiento de los movimientos sociales y los pueblos indígenas del
oriente, mas la construcción de una ideología insurgente urbana va en franca
resistencia, contra la instrumentalización de los grupos y logias de poder.
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