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Desactivando el volcán boliviano… Unasur: ¿nace un nuevo guardián regional?
Ernesto Herrera
La resolución adoptada por unanimidad en la reunión extraordinaria de la Unión
Sudamericana de Naciones (Unasur), realizada el 15 de setiembre en Santiago de
Chile, en ningún sentido favorece la lucha de liberación.
Ni de Bolivia, ni del resto de países del continente. Convocada de urgencia para
encontrar una "solución" al "conflicto" entre el gobierno de Morales y los
prefectos fascistas que gobiernan los departamentos autonomistas, la
"Declaración de La Moneda" para nada contempla las reivindicaciones políticas,
sociales, económicas e históricas de los trabajadores, indígenas y campesinos.
En todo caso, los 12 presidentes terminaron por acordar sobre la base impuesta
por el gobierno Lula: mantener el "orden institucional" sudamericano. A
cualquier precio.
Si bien la declaración manifiesta "su más pleno respaldo al gobierno
constitucional del presidente Morales, cuyo mandato fue ratificado por una
amplia mayoría en el reciente referéndum" (punto 1), advierte "que sus
respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier
situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden
institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de
Bolivia" (punto 2), y expresa "su más firme condena a la masacre que se vivió en
el departamento de Pando" (punto 5), viene seguida de un "llamado al diálogo"
(entre gobierno y oposición), "para establecer las condiciones que permitan
superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable
en el marco del pleno respeto al Estado de derecho y el orden legal vigente"
(punto 7). Y va más lejos: propone (mejor dicho decide), crear una comisión para
"acompañar los trabajos de esa mesa de diálogo", y otra comisión de "apoyo y
asistencia" al gobierno de Evo Morales (puntos 8 y 9).
Estas resoluciones, que en la práctica son un inequívoco mandato externo,
tuvieron un resultado inmediato: el pre-acuerdo negociado entre el gobierno y
los representantes del Consejo Nacional Democrático (Conalde, que agrupa a la
oligarquía, a los prefectos autonomistas y los grupos que son dueños de la
tierra y de gran parte de la economía), el 16 de setiembre. Este pre-acuerdo,
supone, cuando menos, un retroceso del gobierno indigenista. En tres aspectos:
"acepta que los departamentos deben recuperar una parte del impuesto directo a
los hidrocarburos, que el gobierno había decidido que financiara la Renta
Dignidad de los jubilados, y que es una de las principales demandas de la
oposición; invita como ‘facilitadores y testigos’ a la Unasur, la Iglesia
Católica, la Unión Europea, la OEA y las Naciones Unidas; suspende por un mínimo
de un mes la convocatoria del referéndum constitucional". (1) Como
contrapartida, el gobierno espera obtener "paz social".
¿Victoria o derrota? Depende por donde se lo mire. "Si se parte del día después
del referendo de agosto, en el que Evo fue ratificado con más del 67 por ciento,
es un evidente paso atrás. Si se creen las versiones, nada infundadas, de que
estaba en marcha un golpe de Estado, el gobierno de Morales consigue superar una
de las instancias más difíciles en 30 meses, aunque el futuro sigue siendo
incierto. En todo caso, la oposición consiguió convertir en polvo la contundente
victoria de agosto, que debería haber comenzado a resolver el "empate
estratégico". (2)
Los intereses (capitalistas) de Brasil en juego
Para José Augusto de Castro, vicepresidente de la Asociación de Exportadores de
Brasil, la reducción del suministro de gas, por un atentado (de grupos
fascistas) al gaseoducto binancional, fue una acción inaceptable. "Mientras los
bolivianos se limiten a agitaciones en la frontera, todo está bien. Lo que no
pueden hacer es meterse con el gaseoducto". (3) Se entiende la reacción del
empresario. Es que Bolivia provee a Brasil más de 30 millones de metros cúbicos
de gas todos los días. Lo que significa: el 70% de lo que consume la industria
de Sao Paulo, y el 100% de la industria de Porto Alegre.
Ante el "sabotaje" a la economía brasilera, que ponía "en peligro" el suministro
de gas, el gobierno Lula se resolvió a actuar en defensa de los intereses de las
fracciones decisivas del capital. Primero, tratando de enviar una misión de alto
nivel para "iniciar una gestión de mediación" que, finalmente, no fructificó por
la oposición de Evo Morales. (4) Luego, moviendo sus piezas diplomáticas para
obtener un "consenso" en la cumbre de la Unasur, donde las iniciativas y los
discursos "polarizantes" que generan "inestabilidad" fueran rechazadas.
No es para menos. Porque los "intereses propios" de Brasil, no siempre
sintonizan con el gobierno del MAS. "La semiestatal Petrobrás sigue jugando un
papel decisivo en la explotación de los hidrocarburos bolivianos, siendo el
principal inversor en el país andino. Además, la participación de brasileños en
el agronegocio es muy importante. En Santa Cruz, unas 200 familias de
agricultores brasileños cultivan 350 mil hectáreas de soja que representa el 35
por ciento de la producción sojera boliviana. Estos agricultores tienen peso
político, ya representan un tercio de los afiliados a la Cámara Nacional de
Comercio Bolivia-Brasil y están presentes en la Asociación de Productores de
Oleaginosas y trigo que agrupa a 12 mil agricultores de Santa Cruz". (5) De
diversas maneras, "Brasil controla alrededor del 20 por ciento del PIB de
Bolivia, porcentaje que en los próximos años se deberá incrementar a través de
inversiones estratégicas en infraestructura, energía y minería, a menudo
financiadas por el poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
Pero esas inversiones y esos intereses están concentrados en la "media luna", en
particular en Tarija y Santa Cruz". (6)
La defensa de esos "intereses propios" guió todos los pasos políticos del
gobierno Lula durante la crisis boliviana. Ya en el inicio, Itamaraty había
divulgado una nota donde decía "acompañar con gran preocupación la evolución de
los acontecimientos en Bolivia" y pedía a "todos los actores políticos (…) que
respetaran la institucionalidad democrática y retomaran los canales de diálogo y
de concertación, en la búsqueda de una solución negociada y sustentable". (7)
Aunque la verdadera posición del gobierno Lula sobre la crisis apareció en la
declaración de Marco Aurelio García, asesor especial de Relaciones Exteriores
del Palacio de Planalto. Para García, dos aspectos se podían constatar por esas
horas en la crisis: "El negativo fue la orden de prisión para el gobernador de
Pando, Leopoldo González. El positivo, dijo el, fue el establecimiento de una
agenda de negociación entre gobierno y oposición en torno a tres puntos: cambios
en el proyecto constitucional, autonomía de departamentos e impuestos". (8)
En otras palabras, no importaba que el ejecutor de la masacre de trabajadores y
campesinos en Pando fuera preso, ni tampoco que esa masacre se hubiera llevado a
cabo con el apoyo de sicarios brasileros de la localidad fronteriza de Brasiléia.
El asesor especial contaba, antes que nada, con la predisposición del gobierno
de Morales a efectuar concesiones a la oligarquía. Coherente, sin duda. Porque
para Marco Aurelio García, la crisis en Bolivia se puede resumir en una frase:
"el problema es que el país está viviendo un proceso de reformas, sin salirse
del marco democrático, pero tanto la oposición como el gobierno actúan como si
estuvieran frente a una revolución". (9)
Un mandato que no resuelve la crisis
Como podía esperarse, al final la cumbre de Santiago de Chile se posicionó por
el "orden institucional". Y el papel de Lula fue el determinante para garantizar
una declaración de "equilibrio". El presidente de Brasil "no quiere derechistas
con delirios de secesión en su fronteras, pero tampoco aprueba las reformas que
afectarían a Petrobrás y a los latifundistas de la soja, o los aumentos del gas
que abastece a los industriales de San Pablo (…) Como se demuestra en Haití, las
intervenciones brasileñas incluyen el uso de gendarmes con fines muy poco
humanitarios, ya que la clase dominante de ese país aspira a emular a China,
Rusia o Sudáfrica en el rol de potencia regional. Lula especialmente apuntala a
las multinacionales que han salido al exterior a comprar empresas y garantizar
abastecimientos. Pretende repetir el camino seguido por Felipe González para
posicionar a nuevas empresas extranjeras en América Latina". (10)
Solamente Venezuela se salió del libreto lulista. Radicalizó el escenario
político y regionalizó la crisis boliviana, forzando a los otros presidentes a
pronunciarse en respaldo de Evo Morales. En tal sentido, delimitó aguas, ofreció
solidaridad, y condenó sin ambigüedades a Estados Unidos. Una actitud
completamente diferente a la asumida por Rafael Correa, que hizo sociedad con
Lula en la negativa de incluir en la declaración una crítica explícita a la
administración Bush como lo proponía Chávez.
De hecho, la Unasur adopta con la "Declaración de La Moneda", una postura de
guardián de la "estabilidad" regional. Y, sobre todo, de preservación del "buen
clima de negocios", tanto para las empresas transnacionales como para las clases
propietarias locales. Si esta es la nueva "integración sudamericana" - tantas
veces publicitada por los adeptos del "progresismo" e incluso por sectores más a
la izquierda - los trabajadores, indígenas y campesinos de América del Sur se
enfrentan a otro peligro. Porque en la práctica, lejos de cuestionar realmente
la hegemonía de Estados Unidos, estos gobiernos se dan a la tarea de desactivar
la radicalización política y desmovilizar a la clase trabajadora.
Obviamente, el mandato que emerge de la Unasur no pone fin a la crisis
boliviana. Tampoco lo hace el diálogo iniciado entre el gobierno indigenista y
la oposición oligárquica. El desenlace continúa abierto. La crisis política (del
Estado como tal y por extensión de su marco institucional) se alimenta de las
brutales contradicciones socio-económicas y culturales, que han llevado a la
situación de un "régimen fracturado" entre el gobierno de La Paz y los
departamentos autonomistas. En tal sentido, el "empate estratégico" no deviene
esencialmente de una mera lucha por tales ventajas o concesiones
constitucionales. Sino que resulta de una aguda y frontal lucha de clases por el
poder.
Desde el punto de vista estrictamente político, el gobierno de Evo Morales
retorna alas negociaciones desde una posición más favorable. Los prefectos de la
"media luna" han quedado debilitados y perdieron el control de Pando. "Sin
embargo, el terreno del diálogo y el papel ‘facilitador’ de la Iglesia y la
‘comunidad internacional’ los benefician para buscar en las negociaciones lo que
en las calles no lograron consolidar... contando a su favor con la política
conciliadora del MAS, como adelanta la letra del preacuerdo". (11)
El poder de Evo Morales continúa residiendo en la fuerza de los movimientos
sociales. Como lo demuestran las movilizaciones que, al día de hoy (21 de
setiembre), continúan desarrollándose. Más de 20 mil campesinos han tendido un
cerco sobre Santa Cruz y advierten que mantendrán el bloqueo de caminos en tanto
dure el diálogo en Cochabamba. "Quienes organizan los bloqueos, la Federación de
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (Fmcbs), la Confederación de los Pueblos
Indígenas de Bolivia (Cidob), la Federación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Santa Cruz (Fsutc-SC), el Movimiento de los Trabajadores
Campesinos e Indígenas Sin Tierra (MST) y la Federación Sindical de
Colonizadores de Santa Cruz (FSC-SC), declararon que repudian la masacre en
Pando, piden juicio para los dirigentes cívicos y prefectos de la Media Luna y
exigen que se apruebe la convocatoria a referéndum por la nueva Constitución".
(12)
No obstante, pese a esta fuerza de los movimientos sociales, el presidente
boliviano sigue siendo una pieza clave. Portador de una legitimidad popular
incontestable y abanderado del "antiimperialismo aymara", su posición en el
curso de la crisis abre un manto de dudas.
"Evo adoptó una conducta muy vacilante frente a los alzados, que dejó sin
protección a sus partidarios en las zonas autonómicas. Los paramilitares sacarán
partido de este tipo de indecisiones, especialmente si se repite el trágico
error que cometió Salvador Allende al designar a Pinochet. El estado de sitio en
manos de una comandancia tan dudosa constituye un arma de doble filo (…) Desde
el referéndum, Morales ha logrado reunir las condiciones políticas necesarias
para implementar los cambios sociales que los oprimidos esperan de su gobierno.
Pero estas transformaciones no prosperarán si persiste el objetivo estratégico
de forjar el "capitalismo andino", compartiendo el poder con la oligarquía. En
el mejor de los casos, este proyecto permitiría gestar un modelo sudafricano de
sustitución de elites obsoletas por nuevos grupos privilegiados (…) En varias
negociaciones, Evo ha sabido aprovechar las torpezas de sus oponentes, pero
ahora parece dispuesto a revisar la Constitución en ciertos temas – como
impuestos y reforma agraria – vitales para los movimientos sociales. La batalla
es compleja, pero en Bolivia los tiempos políticos son muy cortos y la audacia
es el recurso más preciado". (13)
Y, finalmente, el imperialismo. Un factor central en la crisis. Si bien Estados
Unidos estuvo marginado de la resolución adoptada por la Unasur y vio frenada su
operación golpista, debiendo incluso sufrir la expulsión de dos embajadores (en
Bolivia y Venezuela), no se quedará de brazos cruzados.
Por el momento, el gobierno Bush ha decidido mantener sus vínculos con las
actividades contrarrevolucionarias a través de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (Usaid) y de la Fundación Nacional para la
Democracia que hace en Bolivia lo que estuvo haciendo en Venezuela: "ayudando a
la oposición". Aunque a modo de adelanto fue un paso más allá: incluyó a Bolivia
en una "lista negra" de países que "no lograron cumplir sus obligaciones de
limitar la producción de droga el año pasado". (14) Es decir, que la estrategia
imperialista continuará por el camino de la desestabilización, alimentado a los
grupos oligárquicos que pretenden un "cambio de régimen".
* Miembro del Colectivo Militante (Uruguay) y de la redacción de
Construyendo, mensuario de la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (
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