Es un cacique de pueblo que mantuvo un control casi feudal de los poderes públicos y privados en Cobija y provincias entre 1979 y 2005. Fue funcionario público en las dictaduras de Luis García Meza (1980-1981), Celso Torrelio y Guido Vildoso (1981-1982); responsable en Pando del Instituto Nacional de Colonización (actual INRA); parlamentario, prefecto y ministro de Gobierno de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002).
Se cree que García Meza le regaló tierras. Ahora Fernández está metido en el negocio de la castaña y de la ganadería. Declaró a la Contraloría un patrimonio personal de 1,4 millones de dólares.
Fernández está bien relacionado con madereros, aserradores y terratenientes locales como los Sonnenschein, Hecker Hasse, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure y Villavicencio Amuruz, entre otros, que concentran miles de hectáreas de tierras fértiles.
Leopoldo Fernández sirve bien a la racista, intolerante y violenta elite local descendiente de los patrones de la goma y de la castaña que sometieron a los indígenas a un régimen de explotación laboral servidumbral desde fines del siglo XIX.
El pueblo pandino asegura que Fernández no defiende el IDH para la región sino su bolsillo. Lo único que ha hecho por el departamento en los últimos 30 años de politiquería: treinta kilómetros de carreteras.
La ex ministra de Gobierno Alicia Muñoz denunció en 2006 que Fernández entrenaba en Cobija a paramilitares supuestamente para trabajos de "seguridad ciudadana". El año pasado, Leopoldo mandó a quemar la casa del senador pandino Cuellar que apoyó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de Evo Morales. La pasada semana nombró a un director apócrifo de la oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Pando, declarado hace poco por el gobierno como el primer "territorio saneado de Bolivia".
El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Rolando Villena reveló que el prefecto Leopoldo Fernández contrató a sicarios de Brasil y Perú para extinguir a los indígenas y campesinos que apoyan el proceso de cambio en Bolivia.
Fernández está claramente incriminado en la masacre: "No se preocupe, la masacre del Porvenir, la mayor masacre en democracia, proporcionalmente superior a la ocurrida en El Alto en 2003, cuando murieron 60 (la guerra del gas), no ha de quedar en la impunidad", enfatizó el ministro Rada.
La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) que aglutina a varios gremios sociales representativos exigió al prefecto Fernández que renuncie de inmediato por ser el autor intelectual y material de los crímenes en Porvenir, junto con trabajadores de la Prefectura, narcotraficantes, la mafia maderera y la Embajada de Estados Unidos.
El máximo ejecutivo de la Csutcb Isaac Ávalos pidió al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación que inicien de inmediato un proceso penal y encarcelen "al criminal Leopoldo Fernández", el "carnicero de Porvenir".

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