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Mineros debaten si nacionalizan o no las minas
Tres corrientes políticos ideológicas batallan sin cuartel en el 30 
Congreso de la legendaria Federación Sindical de Trabajados Mineros de Bolivia (FSTMB) 
para definir si Bolivia avanza o no hacia la nacionalización de las ricas minas, 
controladas hoy por grandes capitales transnacionales. 
Econoticiasbolivia.com 
En las primeras deliberaciones del Congreso, que se celebra en Oruro, se 
destacan tres claras tendencias: los nacionalizadores, los defensores de las 
empresas transnacionales y los autogestionarios. 
"Es la lucha de clases. Es la lucha entre dirigentes de la minería estatal y los 
de la privada por la nacionalización de las minas. Hay una fuerte lucha 
ideológica para definir si el proceso revolucionario va hacia adelante o 
retrocede", dijo el ex dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime 
Solares, ahora representante sindical por la mina estatal de Huanuni. 
Según Solares, el 30 Congreso minero definirá una tesis política y elegirá a los 
dirigentes de la Federación de Mineros que impulsarán la lucha de los 
trabajadores para concretar sus postulados. 
"La lucha de clases significa la guerra entre ricos y pobres", dijo al señalar 
que las fuerzas del "sindicalismo revolucionario harán frente al reformismo de 
Evo Morales y combatirán a la burguesía (…) Hay que profundizar la revolución 
del octubre con la verdadera nacionalización del gas y el petróleo, la 
nacionalización de la minería mediana y de todas las empresas capitalizadas", 
agregó. 
Tendencia revolucionaria 
Los reportes del Congreso, citados por la minera Cepromin, señalan que los 
sindicalistas revolucionarios, que demandan la nacionalización de todas las 
minas bolivianas y la expulsión de las transnacionales, están representados por 
los delegados de Huanuni, Vinto y Caracoles, además de contar con el apoyo de 
los rentistas o jubilados mineros. 
Esta tendencia aboga por una nacionalización de la minería a fin de que el 
Estado se beneficie de los grandes recursos económicos de los metales, ganancias 
que en la actualidad están siendo aprovechadas por las empresas privadas que 
pagan impuestos bajísimos al Estado. 
Una investigación documentada de Econoticiasbolivia reveló que en la última 
década, un puñado de transnacionales y de empresarios locales de la minería se 
apoderaron en beneficio propio de más de cuatro mil millones de dólares, dejando 
socavones vacíos, mucha miseria en los pueblos del altiplano y sólo 90 millones 
de dólares en impuestos y regalías para el Estado. Esto quiere decir que "por 
cada 100 dólares que genera la minería, 98 se quedan en manos de las 
transnacionales y de las empresas chicas y cooperativistas, mientras que el 
Estado sólo recibe 2 en impuestos y regalías". 
Cifras y razones suficientes para que la vanguardia del proletariado boliviano 
haya levantado la bandera de la nacionalización. 
La fuerza transnacional 
Frente a ellos, sin embargo, las transnacionales que dominan la minería 
boliviana han movilizado a sus trabajadores para defender sus intereses, 
conformando la segunda gran tendencia presente en el Congreso Minero y que 
pugnan por defender las concesiones privadas y los contratos de riesgo 
compartido. Sus principales representantes provienen de los sindicatos mineros 
de Porco, Bolívar e Inti Raymi y de las concesiones que tiene la siniestra 
Glencore, que opera en Bolivia bajo el nombre de Sinchi Wayra. 
La transnacional Glencore, —creada por el magnate petrolero suizo israelí Marc 
Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como "el ejecutivo más 
corrupto del planeta", perseguido por el FBI por los delitos de fraude, tráfico 
de petróleo y evasión de impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York 
e indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y 
George W. Bush— ha heredado dolosamente los millonarios negocios mineros del ex 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por el pueblo en octubre del 
2003. 
Después de fugar a Estados Unidos y pese que tenía un juicio por genocidio en 
Bolivia, que le impedía transferir sus bienes y riquezas, Sánchez de Lozada 
entregó ilegalmente sus concesiones mineras a Glencore. Ahora, Glencore, junto 
la Empresa Minera Inti Raymi de propiedad de la multinacional Newmont Mining 
Corporation en alianza con los herederos de la familia Mercado y la Empresa 
Minera Unificada (EMUSA), manejan las minas que generaron en los últimos 10 años 
el 80 por ciento de los millonarios ingresos mineros. 
Los autogestionarios 
La tercera tendencia, mucho más débil numéricamente que las anteriores, está 
representada básicamente por la delegación sindical de Avicaya, postula la 
creación de una empresa social autogestionaria sin dependencia de la empresa 
privada ni del Estado. 
Los dirigentes de Avicaya advirtieron de que en vista de que el Gobierno de Evo 
Morales no se atrevió a nacionalizar dicha mina, "en un mes seremos dueños de la 
concesión minera". 
Debates cruciales 
El debate ya ha comenzado y en las últimas horas se han conformado cinco 
comisiones de trabajo, que expedirán informes a la plenaria que elegirá al nuevo 
Comité Ejecutivo Nacional y definirá la línea política de la histórica 
organización que aglutina a miles de trabajadores del subsuelo. 
El magno acontecimiento obrero se desarrolla desde el día lunes 24 de marzo en 
Villa Chuquiña, población civil aledaña al campamento minero de la privada Inti 
Raymi, ubicada aproximadamente a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de 
Oruro. Los debates en las comisiones de trabajo (Política, Económica, Social, 
Orgánica y Redacción) y la posterior conformación del nuevo Comité Ejecutivo, 
definirán la línea política y de acción de la FSTMB hasta el año 2010. 
Críticas y divisionistas 
En el acto de inauguración realizado el pasado lunes, el Secretario Ejecutivo 
saliente, Roberto Chávez, señaló que "de ninguna manera permitirán la injerencia 
del Gobierno y mucho menos de la derecha que pretende dividir al país", acotó 
que de este Congreso emergerá una directiva que regirá los destinos de la clase 
proletaria boliviana e inclusive del país. 
Por su parte, según un informe de Cepromin y difundido por Abi, el máximo 
dirigente de la COB, Pedro Montes, cuestionó la actitud de los dirigentes 
cívicos de Santa Cruz que junto a las prefecturas pretenden dividir al pueblo 
boliviano, "piensan destrozar y enfrentar a hermanos de clase y eso no lo vamos 
a permitir (...) por eso tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo y del 
sector minero especialmente", Montes finalizó señalando que frente a la 
arremetida de la extrema derecha y la "media luna", saldrán a las calles si es 
necesario. 
Contra la oligarquía 
A la reunión nacional de 51 sindicatos asisten aproximadamente 500 delegados, de 
los cuales 350 son titulares y 150 son adscritos. Se espera que en este Congreso 
se afilien más de una decena de nuevos sindicatos mineros y se ratifique la 
convocatoria de la directiva saliente para enfrentar a la oligarquía y los 100 
clanes separatistas que conspiran para echar abajo al indio presidente. 
Las delegaciones asistentes son: Huanuni, Colquiri, Colquechaquita, Amayapampa, 
Potosí, Andacaba (Potosí), Porco (Potosí), Inti Raymi (Oruro), Bolívar (Oruro), 
Avicaya (Oruro), Paitití (Santa Cruz), Rentistas Mineros y la Confederación 
Nacional de Amas de Casa Mineras, entre otros.