El gobierno de Evo Morales negociaba en una mesa "clandestina" los cambios de fondo a la Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007, mientras discurseaba para la población que "no se moverá una sola coma" y que "sólo se abrirá el capítulo de las autonomías" (pedido de la denominada "media luna").
 
El pasado 20 de octubre, el Congreso modificó la Constitución sancionada por los asambleístas casi un año antes. Los parlamentarios llamaron además a un referéndum para enero de 2009 con el objetivo de aprobar la carta magna corregida por ellos.
 
Las fuerzas políticas del gobierno y de la oposición (Podemos, MNR y UN) sólo hicieron las tareas del Estado terrateniente burocrático: negociar una salida que no ponga en riesgo la estructura de este viejo Estado. Como lo anticipamos, la medida eleccionaria del Referéndum Revocatorio (agosto de 2008) sentó las bases para la negociación política porque tanto Evo como los prefectos de la "media luna" salieron fortalecidos por los votos.
 
El gobierno y la oposición celebran hoy este pacto como un gran logro. Ahora Evo Morales dice que ha cumplido con el pueblo y que se puede ir tranquilo a la tumba, en tanto que Tuto Quiroga (líder del Podemos) pregona que es un pacto en defensa del país y la democracia, y que esta propuesta consensuada "es radicalmente diferente a la que salió en Oruro". El gobierno, la oposición y diversos sectores liberales celebran el pacto y hablan de una "mejora sustancial" y racionalidad de la nueva Constitución.
 
Los cambios en la propuesta constitucional
El vicepresidente Álvaro García Linera admitió que se hizo un cambio a más de 100 artículos consensuados, pero la oposición habla de cerca de 200 de un total de 411 aprobados en Oruro. No se trata de alteraciones de forma como dicen los parlamentarios del MAS para hacer menos grotesca su actuación, sino de asuntos de fondo.
 
Entre las modificaciones más importantes, la primera es sobre el problema de la tierra. La propiedad actual de los terratenientes está garantizada y resguardada de la expropiación. En enero de 2009 se convocará a un referéndum para definir el límite máximo de la propiedad agraria (entre 5.000 o 10.000 hectáreas), pero esta decisión no tendrá carácter retroactivo y no afectará a los actuales latifundios. Cualquiera sea la decisión del futuro referéndum, ninguna propiedad (así sea de 100 mil hectáreas, por ejemplo) podrá ser revertida a favor del Estado si cumple la función económica social (FES). Por lo demás la FES es un concepto ampliamente difuso ya establecido en la norma sobre tierras.

Sobre el control social. En la anterior propuesta se otorgaba a la "sociedad civil organizada" el poder de tomar decisiones en políticas públicas, bajo sus propias normas y sobre empresas públicas y privadas que administren recursos estatales. Ahora la Constitución dice que el control social sólo apoyará a diseñar estas políticas públicas, no tocará a las autoridades elegidas por voto y deberá sujetarse a normas emitidas por el parlamento.

Sobre la justicia comunitaria. El gobierno explicó que se delimitó la justicia comunitaria para el ámbito territorial indígena, y se introdujo el derecho a la defensa y el derecho a la apelación. En resumen se "occidentalizó" la justicia comunitaria.

Se incrementó la burocracia legislativa, de 121 a 130 en diputados, de 27 a 36 en senadores. La autonomía departamental fue aceptada según las propuestas de la "media luna", aunque con ciertas discrepancias con ésta. Los líderes autónomos dicen que fue incorporado un 30% de los estatutos elaborados por ellos.
 
El negociado político
Este negociado político echó por tierra los argumentos de indianistas, reformistas y revisionistas acerca de que la Asamblea Constituyente era el "poder fundacional" por encima de todos los poderes. Algunos de ellos llegaron a concebir la estrafalaria idea de que esta Constituyente representaba un "nuevo poder" y había que fortalecerla para avanzar en la fundación de un "nuevo Estado".
 
Las clases dominantes en el capitalismo burocrático se mueven con una lógica: la colusión y la pugna. En Bolivia esta contradicción se expresa entre las facciones de la gran burguesía: la burocrática y la compradora, ambas pugnan por defender sus intereses e imponer sus condiciones, pero inevitablemente llegan a la negociación, a las alianzas y a los "consensos" dentro del viejo Estado, dentro de las estructuras del viejo poder. Los resultados del pacto político entre el gobierno y la oposición son elocuentes muestras de esta colusión y pugna entre el representante de la burguesía burocrática y los representantes de la burguesía compradora, aliados a los terratenientes. El entuerto aprobado (propuesta constitucional) refleja los intereses de ambas facciones y garantiza los derechos de propiedad de los terratenientes.
 
El gobierno y sus sostenedores esconden esto cuando dicen que el proceso que lleva el MAS es revolucionario. Estos argumentos únicamente sirven para reafirmar su confianza en el viejo sistema, y encaminar a las masas a respaldar las reformas dentro del marco de la democracia burguesa y del Estado terrateniente burocrático.
 
Los entretelones de una negociación anunciada
Los pormenores del pacto comenzaron a salir a flote después de que el Congreso aprobara las correcciones a la Constitución.
 
Tanto oficialistas como opositores relataron que la negociación se desarrolló de manera "secreta" antes del encuentro del gobierno y prefectos en Cochabamba (septiembre e inicios de octubre). El operador del gobierno fue el ministro Carlos Romero, mientras que UN, el MNR y Podemos tenían a sus propios delegados. Según el senador de Podemos Carlos Borth, se creó una mesa "paralela" a la mesa oficial de negociación con testigos internacionales. La mesa de negociación oficial desconocía de la existencia de otra mesa "clandestina".

La mesa "secreta" funcionó con pleno conocimiento de Evo Morales y los dirigentes del Consejo Nacional por el Cambio (Conalcam), sindicatos y gremios afines al MAS. Morales, al "explicar" como fue la negociación dijo que se cambió la Constitución porque la aprobada en Oruro era muy "fuerte". Los jefes de partidos de la oposición también conocían de estas negociaciones subterráneas. En este espacio se abrieron sin restricciones los temas "intocables" de la propuesta constitucional del MAS.
 
El ministro Romero (reconocido como el "arquitecto" de la negociación) señaló que se pactaron paso a paso los temas de autonomía, tierras y nación. Samuel Doria Medina (jefe de UN) dijo a su vez que fue un acierto colocar a Romero en el equipo negociador y comentó que Evo reconoció haber cometido un error al nombrar a la dirigente cocalera Silvia Lazarte como presidenta de la Asamblea Constituyente.
 
Mientras la "comisión secreta" negociaba el texto constitucional, los dirigentes del masista Conalcam gritaban en las calles que, en el mejor (o peor) de los casos, sólo permitiría la modificación del capítulo de las autonomías en la Constituyente. Con ese discurso movilizaron a cientos de miles de campesinos con el objetivo de presionar al Congreso para que aprobara un texto constitucional transado que incorporaba las demandas de la burguesía compradora y los terratenientes.
 
La incertidumbre de los masistas se hizo notar en varios dirigentes. Silvia Lazarte declaró a la prensa: "No se qué artículos se estarán discutiendo, pero todos queremos que salga la ley (del referéndum para aprobar la Constitución)… Nosotros (los constituyentes) ya hemos acabado la discusión, ahora quiero saber qué tengo que hacer". Así volvió a poner en evidencia su papel decorativo en la AC, donde fue la correa de transmisión de las órdenes de Evo Morales. Por su parte el constituyente del MAS Román Loayza declaró: "el Congreso destruyó la Constitución en mil pedazos, los únicos responsables son los parlamentarios oficialistas y de oposición".
 
Algunas muestras de este malestar han trascendido entre las filas del gobierno. Hay quienes dicen que el gobierno negoció todo para que la oposición acepte la reelección presidencial, incorporada en el nuevo texto constitucional. La situación vivida se puede resumir en las declaraciones de Edgar Mora, presidente del pro masista Comité Cívico Popular del El Alto, quien dijo que "la gente se ha ido contenta sin saber lo que se ha tratado".
 
Para el futuro mediato se vislumbra en nuestro país un calendario de jornadas electorales que distraerá la difícil situación económica del pueblo boliviano.