Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

No nos queda más remedio que salir al cruce de las temerarias afirmaciones que se vienen volcando en algunos medios acerca del "Gran Juicio de la ESMA" que se avecina.
Considerando que se hace mención específica a la protección de los testigos de los juicios, en ese carácter y como querellantes en la causa, nos permitimos desautorizar a que se interprete por cuenta propia la mejor manera de "protegernos". La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura.
A casi cinco años de la anulación de las leyes de impunidad vemos con preocupación extrema que algunos sectores se refieren en términos cuasi halagüeños al juez Torres y destacan que envió a juicio oral a "casi una decena" (10) de represores por la desaparición de "casi una centena" (89) de compañeros. Olvidan señalar que eso ocurrirá solo si se acumulan en un único juicio oral cinco de los muchos tramos en los que despedazó la causa. Tampoco recuerdan que en la ESMA actuaron "centenares" de represores y que desaparecieron casi 5000 compañeros ¿Cómo pueden hablar de mega causa, de gran juicio de la ESMA, cuando aún unificando todos los tramos ya elevados a debate oral, solo se investigará a un minúsculo grupo de genocidas por un número reducidísimo de víctimas? Y que esto sea así es esencialmente responsabilidad del juez Sergio Torres. Porque desguazó en expedientes mínimos la causa sobre el campo de concentración con más pruebas: ya en el año 1979 los primeros sobrevivientes denunciaron públicamente a decenas de represores; poco después Víctor Basterra aportó a la justicia un dossier donde figuran las fotos, nombres, apellidos y grados de más de cien genocidas; en el juicio contra Scilingo llevado a cabo en Madrid se recopilaron y completaron los datos suficientes para rápidamente procesar a todos. Pero además, el juez Torres determinó que los pocos detenidos gozaran de prisiones de lujo en cuarteles de la propia fuerza o en sus propios domicilios. Así fue posible el asesinato por envenenamiento del prefecto Febres en la sede de la Prefectura de Tigre.
Al mismo tiempo que se difunden mentiras sobre la magnitud del futuro juicio oral, en el primero de los cuatro tramos elevados, el Tribunal Oral Federal Nº 5 ha decidido negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de DD.HH. querellantes, el derecho a tener voz durante el juicio.
También se lo niega en el segundo y en el tercero y suponemos que lo hará en el cuarto. Y lo hace a pesar de saber (¿o porque sabe?) que este colectivo es el único que pide condena por genocidio y la acumulación de todos los expedientes en un solo juicio oral. Va de suyo que apelaremos hasta llegar a la Corte Suprema estas resoluciones arbitrarias de los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, pero no podemos dejar de mencionar que aparece como represalia a nuestro pedido de juicio político por su responsabilidad en no haber evitado que sus cómplices de ayer y de hoy asesinaran al genocida Febres cuándo y cómo quisieron.
Si solo estos diez represores son llevados a juicio y condenados, los otros centenares de asesinos de la marina -incluidos los que mataron a Febres- seguirán conviviendo con nosotros manteniendo a los testigos y a todo el pueblo en un total estado de indefensión y a ellos en un total estado de impunidad; la misma indefensión de la que fue víctima nuestro compañero Julio López y la misma impunidad de la que gozan sus captores.
Esta situación sólo podrá superarse si se juzga y condena a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos. Esa sí sería la mega causa ESMA que además de permitir juzgar de una buena vez a los genocidas del campo de concentración con más pruebas del país, evitaría que decenas de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos fueran obligados a prestar testimonio una y otra vez, siempre para juzgar a un reducido número de represores y por tan sólo una parte de los crímenes que cometieron. Entonces sí podremos decir, que más allá de los discursos, se ha tomado el camino que desde hace 25 años venimos reclamando: que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio.