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Si bien respaldan el fallo judicial, ambientalistas del sur lamentaron que el juez federal Bejas no haya hecho referencia en su veredicto a la contaminación aérea que causa el ingenio La Corona. Presentan argumentos que justifican el carácter interjurisdiccional de la emanación de hollín a la atmósfera. El magistrado había procesado a directivos de la empresa por la supuesta contaminación ambiental causada a cursos de agua que afectan a la Cuenca Salí-Dulce.

No dejan de verlo como un paso adelante, aunque sostienen sus críticas ante el inédito fallo judicial que dispuso el procesamiento de tres directivos del ingenio La Corona por presunta contaminación ambiental. Es que la resolución del juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, se basa en la posible contaminación de cursos de agua por efluentes provenientes de esta empresa a la vez que advierte la ausencia de elementos probatorios que comprueben una afectación en el aire de carácter interjurisdiccional.

Como víctimas directas del daño ambiental que ocasionaría la fábrica azucarera, desde la agrupación Unión de Vecinos del Sur (Univec) argumentaron cada una de las razones que Bejas debió haber tenido en cuenta, a la hora de procesar a los empresarios, también por contaminación atmosférica.

Según los vecinos, estudios realizados por Ministerio Público Fiscal aportaron pruebas concluyentes sobre el alcance interjurisdiccional del daño al aire. 'El hollín impregnado con sustancias químicas por la utilización de petróleo, fuel oil o aceites que se utilizan en las calderas (del ingenio) para su quemado, se esparcen en el ambiente afectando el aire, el suelo y los cursos de aguas poniendo en peligro la vida de los seres humanos. Estas partículas circulan por los canales u otros cursos de agua para luego terminar en los ríos de la cuenca Salí Dulce', explicaron los ambientalistas.

Los vecinos recordaron que las cenizas emanadas por las chimeneas superan ampliamente los parámetros permitidos por la normativa nacional. Además, sostuvieron que el hollín, por su volatilidad y por la acción del viento, recorre largas distancias por los cursos de agua, 'transformando, de este modo, el delito de contaminación en interprovincial'.

Para los habitantes del sur de la provincia, la posible incompetencia que declaró Bejas sobre la cuestión atmosférica 'da vía libre a los industriales para seguir contaminando la atmósfera, y para no cumplir con el compromiso asumido en el Plan de Reconversión Industrial (PRI)'.

Por último, los ambientalistas se adhirieron a la postura del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien consideró el derecho de todo habitante de gozar de un ambiente sano como un 'derecho básico, esencial y directamente ligado al derecho personalísimo de la salud'. 'Sería importante que se aplique a la contaminación del aire lo mas urgente posible', finalizaron los vecinos.

El 10 de julio, Bejas dictó el procesamiento sin prisión preventiva contra los directivos de la firma Azucarera Argentina S.A administra el ingenio La Corona, de Concepción) Enrique Fausto González, Silvio José Peluffo y Héctor Gregorio Mateos, como presuntos autores responsables de contaminar el agua desde el período de zafra de 2006, delito penado y previsto en los artículos 55 y 57 de la ley de Residuos Peligrosos 24.051 y en el artículo 200 del Código Penal.

Números que asustan

Según cálculos, aportados por los vecinos a partir de números suministrados por el ingenio Marapa y la Estación Experimental Obispo Colombres, se estima que un filtro tipo scrubber en una chimenea retiene, aproximadamente, 25 toneladas de material particulado por día. Si a esto se lo multiplica por las 82 chimeneas que tienen los quince ingenios de la provincia, da un total de 2.050 toneladas de material particulado por día. Peor aún, si a estas 2.050 toneladas por día se la multiplica por 120 días promedio de zafra, da un total de 246 mil toneladas de material particulado que se arroja a la atmósfera, al suelo y al agua.