Tucumán: El derecho a la libertad de expresión
Piden el archivo de la denuncia contra las protestas que irritaron a un juez
Primera Fuente
El fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de una denuncia penal
que inició el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, en
contra de un grupo de ambientalistas que protestó por la demora de una causa
contra un ejecutivo de Minera Alumbrera. 'La manifestación no puede recriminarse
penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de derechos de expresión,
reunión y petición a las autoridades garantizados por la Constitución Nacional',
concluyó Ferrer. Ahora, la última palabra la tiene el juez Mario Racedo. En
diálogo con PRIMERA FUENTE, Sanjuan ratificó su denuncia y dijo que 'fue un
apriete'.
'La manifestación, escrito o reclamo que pudiera haberse hecho no puede
recriminarse penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de los derechos
de expresión, reunión y petición a las autoridades, garantizados por la
Constitución Nacional; aunque tomen la forma de protesta pública'. Con este
argumento, el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de la
polémica denuncia penal que realizó el juez de la Cámara Federal de Apelaciones,
Ricardo Mario Sanjuan, en contra de ambientalistas que reclamaron por la demora
en la resolución de una causa contra Julián Rooney, quien se desempeñaba como
directivo de Minera Alumbrera al iniciarse la investigación judicial.
Antes de conocer el pedido de archivo por parte de Ferrer, Sanjuan recibió en su
despacho a primerafuente y ratificó su denuncia penal. 'Esa manifestación fue un
apriete. No me pueden exigir como juez tal o cual decisión respecto a Rooney ni
de nadie', dijo molesto por la protesta pública.
Molesto por las tres manifestaciones públicas que se realizaron en febrero
pasado frente al edificio de Tribunales Federales, Sanjuan presentó el 10 de
marzo último una denuncia penal contra los ambientalistas aduciendo una 'posible
comisión del delito previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal'. En
otras palabras, el magistrado relacionó la protesta a un hecho extorsivo. La
causa cayó en manos del fiscal Ferrer y del juez federal subrogante Nº 2, Mario
Racedo, quien ahora debe decidir si se archivan o no las actuaciones.
Al respecto, Ferrer concluyó que de estas manifestaciones 'no surgen conductas
que puedan interpretarse como extorsivas ni tampoco amenazas que permitan
presumir la imputación de conducta que afecte el honor o la violación del
secreto'. Inclusive, señala que en ningún momento se personalizó a algún miembro
de la Cámara.
En su denuncia, el juez aclara no constarle la real existencia de la Asamblea
Socio Ambiental del Noa (nuclea a la mayoría de las ONGs que realizaron las
manifestaciones) y consideró que los ambientalistas tratan de exigirle 'una
resolución judicial sujeta a oscuros intereses'. 'Utilizan lo que se denomina en
el argot común `chantaje´ como modalidad del delito de `extorsión´, de tal
manera que esa amenaza se transforma en pública; como consecuencia de lo cual,
llevan publicidad lo que afecta la honra o el honor de la persona', reza en
forma textual la controvertida acusación de Sanjuan.
En la presentación, a la que tuvo acceso PRIMERA FUENTE, el camarista también
había pedido a la Policía Federal la identificación de cada uno de los
integrantes de Asanoa, su personería jurídica y datos de quienes repartieron
panfletos en reclamo de justicia.
Los hechos democráticos que molestaron a Sanjuan
Los jueves 14, 21 y 28 de febrero, integrantes de las agrupaciones Pro-Eco,
Conciencia Solidaria, Orejanos, Aconquija por la Vida, entre otras entidades
agrupadas en Asanoa, junto a activistas del Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST), realizaron una protesta frente a Tribunales. En las tres
oportunidades entregaron panfletos a particulares y a los propios funcionarios
judiciales.
Los ambientalistas reclamaron la resolución de una causa que inició el biólogo
Juan Antonio González (ex director de Medio Ambiente provincial) y que se
tramita en Tribunales Federales desde el 5 de agosto de 2005, sin que hasta el
momento la Cámara haya emitido su pronunciamiento respecto al imputado Julián
Rooney.
En la causa se investigó el al aparente daño ambiental producido por la Minera
Alumbrera en el canal de desagüe DP2, ubicado en la ruta provincial 302, de la
localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de
una planta de filtrado ubicada en Ranchillos, lugar donde desemboca, por medio
de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la mencionada empresa minera
extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).
En 2005, el destituido juez federal Felipe Terán dispuso la falta de mérito a
Rooney lo que fue apelado ante la Cámara Federal por el fiscal federal Nº 2,
Carlos Brito, sin respuestas hasta el momento.
