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Argentina: La lucha continúa
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A quince años del caso Maders
Justicia para Regino
La Cámara de Acusación de Córdoba deberá resolver si continúa con la
investigación que determine los autores intelectuales del asesinato del ex
senador radical. La mira está en un ex asesor de Eduardo Angeloz.
A quince años del asesinato del ex senador provincial cordobés, Regino Maders,
la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba debe resolver si continúa con la
investigación que determine los motivos intelectuales que provocaron la muerte
del dirigente radical.
El Eslabón
La decisión del tribunal, integrado por los jueces Daniel Ottonello, Horacio
Gilardoni y Eduardo Caeiro (vocal de la Cámara octava del Crimen), gira
alrededor de la continuidad o no de la acción penal contra el ex diputado
provincial y principal espada política del angelocismo en su momento, Luis
Medina Allende, apuntado como uno de los corresponsables del asesinato del
ingeniero ex gerente de la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (Epec).
Si la Cámara habilita de prosecución de la investigación se arribaría a lo que
se conoce como el Caso Maders II, luego de haberse condenado a perpetuidad como
autor material del asesinato al ex policía Oscar Síntora. Si no es así, en la
misma fecha que se recuerdan los quince años del hecho, la causa prescribirá.
En la tercera semana de agosto de 2006, Gustavo Vidal Lascano, fiscal general de
la provincia de Córdoba, le pidió por escrito al fiscal de la Cámara de
Acusación, doctor Jorge Leiva, que "tenga a bien instar el trámite de los autos
de mención, atento la proximidad de la fecha de prescripción de la acción penal;
ello a fin de evitar que en el caso que la decisión del Tribunal de alzada
resulte favorable a la instancia fiscal, el requerimiento de citación a juicio
devenga abstracto, por fenecimiento del término de la prescripción".
Medina Allende "está acusado de ser la persona que pagó para que un grupo de
individuos atentara contra la vida del ex senador radical, crimen que se
concretó el 6 de setiembre de 1991 y por el cual fue condenado el ex policía
provincial Oscar Hugo Síntora como autor material del homicidio", sostuvo hace
pocos días el diario cordobés La Voz del Interior.
Medina Allende "permanece detenido desde el 17 de marzo de 2005, aunque goza de
prisión domiciliaria en su casa de Tanti, por tener más de 70 años. El beneficio
le fue revocado hace unos meses, ya que el ex legislador radical había
abandonado sin autorización la casa. Está acusado como presunto instigador, bajo
promesa remuneratoria, del crimen de Maders. Esta parte del proceso es conocida
como el caso Maders II, ya que la primera etapa de la investigación terminó el
17 de junio de 2005 con la condena a prisión perpetua de Síntora", recordaba el
diario.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la
ciudad de Rosario expresó su preocupación ante el fiscal general de la
provincia, Vidal Lascano, por medio de una carta. "Nos dirigimos a usted en su
carácter de defensor del interés público y los derechos de las personas que
procura, como misión especial, la satisfacción del interés social y la custodia
de la normal prestación de la Justicia, a efectos de solicitarle realice, dentro
de sus posibilidades, las gestiones pertinentes para evitar la prescripción de
la causa por el crimen del ex senador Regino Maders", sostiene el escrito del
organismo.
Si la causa llegara a prescribir, señaló la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de Rosario, "quedaría consagrada la impunidad en la provincia de Córdoba
y en el resto de la sociedad, que no desconoce en absoluto los hechos vinculados
a este horroroso asesinato".
El asesino y los socios.
El 17 de junio de 2005, el ex policía Oscar Hugo Síntora fue condenado a
reclusión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía
y por precio o promesa remuneratoria, en perjuicio del ex senador radical Regino
Maders.
Síntora escuchó imperturbable la sentencia que dictó la Cámara primera del
Crimen, integrada por tres magistrados: Lorenzo Rodríguez, Alberto Crucella y
Jorge Fantín, y dos jurados populares: Raúl Sponer y Elio Luna. De esta forma,
culminó el juicio que había comenzado el 4 de octubre de 2004.
Además, la Cámara le corrió vista al fiscal de turno para que "investigue
posibles ilícitos cometidos con el pago de 10 mil dólares que hizo Eduardo
Angeloz cuando era gobernador de Córdoba para recuperar el arma que mató a
Maders. Cabe recordar que aquella gestión resultó una gran estafa, ya que el
dinero se entregó pero el arma nunca apareció. Angeloz llegó a decir que la
plata salió de su bolsillo, aunque testimonios de varios testigos lo
contradijeron", indicaron los cronistas de La Voz del Interior.
Cuando Síntora "tuvo la oportunidad de decir lo suyo antes del veredicto –y
durante un breve contacto con la prensa–, se quejó de que el juicio fue "una
farsa" y rogó a la Cámara que no lo considerara culpable para poder estar libre
durante el Día del Padre. Además, insinuó que podría ser un "chivo expiatorio"
de este caso y aseguró que nunca tuvo relaciones de ningún tipo con Medina
Allende", apuntaron los periodistas.
A su vez, María Elba Martínez, abogada de la familia de Maders, se mostró
satisfecha con la máxima pena impuesta a Síntora, pero expresó sus quejas por
que la Cámara no ordenó avanzar en encontrar a otros presuntos cómplices del ex
policía. "La parte resolutiva daba para mucho más", opinó la letrada.
Antes de la condena contra Síntora, el comisario jubilado José Severo Cuello,
hizo un extenso relato sobre antecedentes de policías que estuvieron ligados a
la represión ilegal de los años setenta y que figuran en el expediente del caso
Maders.
Según le dijeron los también policías Urbano Farías y Luis Martínez Cáceres, "se
enteró de que antes del crimen de Maders hubo una reunión en la Casa de
Gobierno, de la que participaron Angeloz, José Ignacio Cafferata Nores, Luis
Medina Allende y Juan Aguilera, entre otros" importantes funcionarios del poder
político cordobés en 1991.
En aquella reunión, contó Cuello, el "informante" fue Medina Allende y el tema
en cuestión fue que Maders estaba por hacer "denuncias públicas",
presumiblemente sobre el negocio de la droga y el juego clandestino, recogieron
las crónicas periodísticas.
Cuello recordó también que el entonces jefe de la Policía, José Grigione, y otro
alto oficial de apellido Gallegos "eran soldados de Medina Allende".
En su momento, el doctor Gustavo Reinaldi, fiscal de Instrucción del Distrito 2,
turno 2 de la ciudad de Córdoba, pidió el juzgamiento de Luis Medina Allende,
como supuesto partícipe necesario del asesinato de Regino Maders, imputación por
la cual el ex legislador radical podría ser condenado a prisión perpetua.
Reinaldi consideró que la investigación está concluida y que existen elementos
de prueba suficientes como para acusar y juzgar a Medina Allende "como probable
responsable del crimen del ex senador radical, ocurrido en la Capital de la
provincia la madrugada del 6 de setiembre de 1991. Según la acusación, se
atribuye al polémico ex hombre fuerte del gobierno de Eduardo Angeloz haber sido
la persona que pagó 50 mil pesos para atentar contra Maders, con quien estaba
enemistado por cuestiones que la víctima consideraba irregulares y que se
aprestaba a denunciar", remarcaron los diarios.
Reinaldi analizó en extenso todos los elementos de prueba reunidos durante la
investigación del caso, denominado "Maders II", que en su momento permitió que
el anterior fiscal, Luis Villalba, dictara la prisión preventiva de Medina
Allende, la que fue confirmada por el juez de control, luego por la Cámara de
Acusación y, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia.
Para el fiscal, los motivos del asesinato pueden "buscarse en la explotación del
juego por medio de máquinas electrónicas y, también, en negociaciones
irregulares vinculadas a la privatización de la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica".
Medina Allende permanece bajo arresto domiciliario desde el 17 de marzo de 2005,
cuando fue arrestado en su casa de la localidad serrana de Tanti por orden de la
jueza de Control Ana María Lucero Ofreddi. Estuvo algún tiempo alojado en la
cárcel de Bouwer en función de que se probó que había violado las condiciones
del arresto domiciliario. Luego deambuló entre el penal y la casa de uno de sus
hijos en la ciudad de Córdoba, hasta que volvió a Tanti.
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