VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Argentina: La lucha contin�a

Los condenaditos
Menores en conflicto con la ley penal

La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunci� ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) la situaci�n de violaci�n de los derechos de los ni�os alojados en el Instituto de Recuperaci�n del Adolescente de Rosario (Irar), en la comisar�a de Fray Luis Beltr�n y en el Centro de Atenci�n Transitoria (CAT).

La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunci� ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) la situaci�n de violaci�n de los derechos de los ni�os alojados en el Instituto de Recuperaci�n del Adolescente de Rosario (Irar), en la comisar�a de Fray Luis Beltr�n y en el Centro de Atenci�n Transitoria (CAT). En el escrito se hace referencia a la situaci�n extrema que se vive en esos institutos: "Los chicos nos cuentan que cuando por el taponamiento de las cloacas sobrenada la materia fecal, las ratas acuden en cantidad. En todos los sectores las paredes est�n impregnadas de hongos y suciedad de todo tipo, en cualquier lugar donde alguien se apoye queda embadurnado con una sustancia pegajosa y de olor fuerte". Por los institutos santafesinos de menores pasan casi 3 mil chicos que padecen esta situaci�n, de los cuales el 26 por ciento sufre el sistema de puertas cerradas. La edad de los menores detenidos disminuy� en los �ltimos a�os y un experto asegura que "en todos los casos en que se produce un conflicto con la ley, antecedi� una situaci�n de violaci�n de un derecho previa al supuesto delito". Sin embargo, durante la �ltima gesti�n de Carlos Reutemann al frente de la Casa Gris los organismos penales destinados a los menores pas� de la �rbita de la Secretar�a de Promoci�n Comunitaria al Ministerio de Gobierno. El escrito presentado por la CTC ante la CIDH en mayo tambi�n se�ala: "La integridad f�sica y la salud de la totalidad de los ni�os alojados en los lugares aqu� denunciados, se encuentra en riesgo permanente en virtud de los hechos descriptos en la presente. Se han realizado todo tipo de gestiones ante las autoridades de la provincia de Santa Fe y los jueces de menores de la ciudad de Rosario, a los efectos de hacer cesar esta situaci�n, a trav�s de entrevistas y notas elevadas a las mismas". La Direcci�n Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal, a cargo de Sergio Druetta y bajo la �rbita del Ministerio de Gobierno, controla un conjunto de institutos y programas para asistir a ni�os de entre 12 y 18 a�os en diferentes ciudades de Santa Fe. Se trata de chicos que son previamente detenidos por la polic�a y posteriormente derivados desde los juzgados de primera instancia. Seg�n datos oficiales, la cifra de j�venes asistidos en la provincia asciende a 2.977, de los cuales 1.335 est�n en Rosario. En el promedio de edad de la poblaci�n de los ni�os detenidos comienza a proyectarse una baja a los 13 y 14 a�os, lo cual demanda una pol�tica definida para el respeto pleno de derechos de ni�os de 10 a 12 a�os, muchos de los cuales ya registran detenciones y causas penales. Las m�s comunes provienen de delitos contra la propiedad, siendo la modalidad de mayor incidencia la de "robo calificado". M�s violencia, menos derechos. Si bien esta problem�tica, nombrada en la jerga oficial como "delincuencia juvenil", era atendida desde la Direcci�n del Menor, la Mujer y la Familia, dependiente de la Secretar�a de Promoci�n Comunitaria, a fines de los 90 y durante el mandato de Carlos Reutemann los ni�os y adolescentes de menos de 18 a�os en conflicto con la ley penal pasaron a ser considerados un problema de seguridad y, por lo tanto, se transfiri� esta dependencia al Ministerio de Gobierno, en ese entonces a cargo de �ngel Baltuzzi. Desde el 2000, la Direcci�n del Menor en Conflicto se reserva "su exclusivo accionar en tareas de rehabilitaci�n y recuperaci�n de menores con causas penales", para lo cual asume "el dise�o de pol�ticas al respecto y desarrollando todas las acciones necesarias", seg�n proclama el texto brindado por dicho organismo. El mismo asiste de dos maneras: medidas "alternativas a la privaci�n de la libertad" (sic); y medidas de encierro: "Se trata de brindar un espacio de contenci�n y resocializaci�n a trav�s de la internalizaci�n de l�mites y pautas de estricto cumplimiento". Si bien s�lo el 26 por ciento de los ni�os asistidos por esta direcci�n est� bajo r�gimen de puertas cerradas, las condiciones para la contenci�n y la llamada "resocializaci�n" no parecen ser las �ptimas. Donde hay una necesidad�Consultado sobre la realidad de los ni�os que pasan a diario por estas instituciones, Fabi�n Murcia, psic�logo y operador en Casa Joven se�al�: "En todos los casos en que se produce un conflicto con la ley, antecedi� una situaci�n de violaci�n de un derecho previa al supuesto delito. Se trata de una violaci�n de uno o m�s derechos humanos b�sicos como la alimentaci�n, salud, educaci�n, casa, comida. Ante esto, el mismo Estado que viola tales derechos, posteriormente castiga a estos j�venes con encierro, en condiciones infrahumanas". No se trata en definitiva de la defensa, o de los ni�os, sino de los derechos de los ni�os. "En la mayor�a de los casos son pibes que han sido abandonados por la familia, la escuela y otras instituciones, que han estado despojados de sus derechos y, lamentablemente, la situaci�n en la que llegan a estos lugares es tan dura que parece que est�n m�s preparados para recibir golpes de la polic�a que un abrazo de alguno de nosotros". En la misma l�nea, desde la Asociaci�n Trabajadores del Estado (ATE) �cuyos afiliados prestan servicio en los institutos de menores� plantean: "La realidad de hoy es el abandono total de parte del Estado a un tratamiento integral para los ni�os-adolescentes, y por otra parte el desmejoramiento progresivo en las condiciones de trabajo del personal, como as� tambi�n el deterioro edilicio de los institutos". Por un lado est� la situaci�n de violaci�n de los derechos humanos m�s elementales, y sus consecuencias en los procesos de socializaci�n de los j�venes atendidos por estas pol�ticas estatales. Pero, suponiendo que se d� respuesta a esta situaci�n del c�nico trato que recibe gran cantidad de los ni�os alojados en estas instituciones, queda por plantear el abordaje de este tema como un problema de seguridad, l�nea que prioriza la pol�tica oficial en la provincia, al haber incorporado al Servicio Penitenciario de la Provincia con funciones de custodia; o si, por el contrario, se aborda desde una perspectiva de inclusi�n social y construcci�n de subjetividad y ciudadana, l�nea en la cual se encuadran algunos programas que si bien forman parte de la actual pol�tica del gobierno, ocupan un lugar marginal respecto a la funci�n represiva de dicha instituci�n. En este sentido, la denuncia de la CTC advierte: "Desde que se encuentra interviniendo el Servicio Penitenciario, los chicos denuncian un aumento de la violencia, ya que ante cualquier conflicto ingresa el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), quienes no s�lo han golpeado a los ni�os sino que han disparado con perdig�n antitumulto. De hecho el d�a de nuestra visita los chicos nos trajeron perdigones de goma desde la celda y tambi�n los levantaron del patio en nuestra presencia"� La exclusi�n en cifras Los tratados y declaraciones de los derechos humanos y del ni�o expresan claramente una el compromiso de los estados firmantes con el respeto de esos derechos: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad f�sica, ps�quica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad ser� tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Con relaci�n a los ni�os, es m�s claro a�n: "El ni�o gozar� de una protecci�n especial y dispondr� de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse f�sica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, as� como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideraci�n fundamental a que se atender� ser� el inter�s superior del ni�o." La realidad. En la denuncia presentada por la CTC ante la CIDH, se relatan algunas demandas de ni�os alojados en esos institutos: "Somos personas que necesitamos de alguien que se ocupe de nosotros, charlando, jugando a la pelota, haciendo alg�n trabajo, aprendiendo alg�n oficio, leyendo un libro. Colocar en las habitaciones ba�os porque en las horas que permanecen encerrados tienen que hacer sus necesidades en una bandeja o en una botella. Efectuar profunda limpieza de las ca�er�as, porque el agua se estanca y se pudre y el olor es intolerable. Cabe aclarar que el mismo sector se sirve los alimentos. Estar siempre en el mismo espacio f�sico sin hacer nada es como estar abandonado". La pobreza. Seg�n cifras del Indec, en la ciudad de Santa Fe la indigencia creci� 7 d�cimas en menores de 14 a�os durante el segundo semestre de 2005, al pasar de 32 a 32,7 por ciento. Esto significa que casi un tercio de los ni�os no cubren sus necesidades b�sicas alimentarias. 70 mil ni�os son pobres en la ciudad capital, mientras que el 55.9 por ciento de los menores de 14 a�os se encuentran en la misma situaci�n. De los casi 3.000 que asiste la DPMCLP, casi el 100 por ciento son ni�os pobres, han probado droga y alcohol y han sido v�ctima de numerosas violaciones de los derechos garantizados por la Constituci�n Nacional.         

Fuente: lafogata.org

������