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Latinoamérica

Álvarez, la patota y los ex comandantes
"No hay otro camino que la extradición"    

Mauricio Almada
El Observador

La impunidad que persiste sobre las atrocidades cometidas por uniformados uruguayos en Argentina durante la dictadura, parece tener los días contados.
La banda que actuó en el centro de detenciones clandestinas Automotores Orletti ya está detenida y a la espera de una decisión sobre su extradición al país vecino.
Mientras todavía no se habían apagado los ecos de la detención de estos ex militares y policías, entraron en escena los ex Comandantes en Jefe del ejército para reivindicar lo actuado por sus subordinados.
En la polémica carta, los ex Jefes de la fuerza de tierra asumieron la responsabilidad por la violación a los Derechos Humanos que cometieron sus subordinados "en la lucha contra el terrorismo".
En 1976 la lucha antisubversiva había terminado hacía rato en Uruguay. Sin embargo, instaurada ya la dictadura argentina, al amparo del Plan Cóndor, la dictadura uruguaya fue a buscar opositores al régimen del otro lado del charco.
Y allí dejaron su marca los integrantes de la llamada "patota de la OCOA" (organismo coordinador de actividades Antisubversivas), que no eran otros que los ahora detenidos a la espera de la extradición.
El ex dictador Gregorio Álvarez ya había asumido toda la responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos en la recordada orden interna número 7777 de 1978. Lo que la carta divulgada el pasado jueves agregó fue el apoyo de los siguientes Comandantes ya en democracia.
De allí que la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino solicitara en las últimas horas la captura internacional y extradición de los firmantes de la carta.
El gobierno de ese país entiende que los ex Comandantes deberán comparecer ante los Tribunales Argentinos por el caso del secuestro y asesinato de María Claudia García de Gelman.
Según dijo el Secretario de Derechos Humanos argentino, Eduardo Luis Duhalde, el reconocimiento público "los hace responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Uruguay y el caso en investigación, en el marco del Plan Cóndor, y por lo tanto corresponde hacerlos comparecer ante los Tribunales".
Tras la carta de la semana pasada alguno de los ex Comandantes pretendió excluir de este reconocimiento público al caso de la nuera de Gelman, en la hipótesis de que sus captores y asesinos habrían actuado por cuenta propia.
Esto es inaceptable. Si se asume la responsabilidad de aquella "lucha" se asume todo. De la actuación de los integrantes de la OCOA en Buenos Aires es responsable Gregorio Álvarez, según él mismo lo reconoció en 1978 y ratificó en 2006. Porque quienes allí actuaron lo hicieron cumpliendo órdenes. No fue un "desmadre" ni una "pérdida de los puntos de referencia". Fue un plan perfectamente diseñado en el marco del terrorismo de Estado imperante.
Álvarez y los firmantes de la carta asumieron todo el paquete. De lo contrario deberán aclarar cuáles fueron las órdenes que impartieron a sus subordinados y qué acciones se llevaron a cabo por cuenta propia.
Los militares que torturaban a los secuestrados con picanas o los colgaban o les hacían submarinos ¿eran cuentapropistas? Los vuelos que se hicieron desde Buenos Aires con detenidos ¿fueron invenciones de efectivos desvariados? ¿Qué pasó con el dinero y las pertenencias robadas a los secuestrados? ¿Qué relación tenían los mandos uruguayos y particularmente Álvarez con el tristemente célebre Aníbal Gordon, amo y señor en Orletti? Asumida la responsabilidad por parte de los ex Comandantes del ejército, no hay otro camino que la extradición, ya que en Uruguay no han sido juzgados.          

Fuente: lafogata.org