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El Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJDI), organización que representa ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al poeta argentino Juan Gelman y a su abogado uruguayo José Luis González, denunció a Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del organismo panamericano, por considerar que nuestro país incumplió con los tratados internacionales al no permitir actuar a la Justicia en el caso de desaparición de su nuera, María Claudia García.
La denuncia exige a Uruguay que remueva los obstáculos que impiden investigar el secuestro, apropiación de su hija nacida en cautiverio, asesinato y desaparición de la joven. Gelman promovió una denuncia penal en Uruguay para esclarecer el caso, luego de que en 2002 recuperara a su nieta, Macarena, quien -tras el asesinato de su madre- había sido entregada a un oficial de policía que la anotó como propia. Ahora la CIDH deberá analizar nuevamente si Uruguay está incumpliendo compromisos internacional al permitir esta situación.
El obstáculo a remover es la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (votada en 1986 y refrendada en plebiscito en 1989), norma que impide castigar a los militares y los policías que violaron los derechos humanos cumpliendo actos de servicio durante la dictadura civil-militar que asoló al país entre 1973 y 1985. A pesar de que lo sucedido a María Claudia está considerado como un caso de "tráfico de vientres", la justicia uruguaya entendió que está comprendido en las generales de la Ley de Caducidad y ordenó el archivo de las investigaciones.
Según explica el periodista Roger Rodríguez en el diario La República, la denuncia fue presentada al límite de los tiempos legales, cuando se cumplían seis meses de que el fiscal Enrique Moller decidiera archivar la investigación que venía realizando el juez penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, por considerar que el delito estaba amparado en la Ley de Caducidad. Mirabal reabrió el Caso Gelman luego de una investigación del diario de marras encontrara la llamada "Base Valparaíso", el lugar donde María Claudia fue asesinada, al considerar que dicha información era una "prueba superviniente".
La investigación había sido cerrada por una resolución del ex presidente Jorge Batlle, quien sobre el final de su mandato incluyó la desaparición de María Claudia entre los crímenes amparados por la ley de Caducidad. El presidente Vázquez no opinó lo mismo y dió vía libre a la investigación de Mirabal, pero la Suprema Corte de Justicia entendió que el caso ya era "cosa juzgada" y avaló su archivo.
Ya en 1992, la CIDH había emitido un pronunciamiento en el que consideraba que la Ley de Caducidad incumple los acuerdos internacionales firmados por Uruguay, desde el momento en que impone decisiones del Poder Ejecutivo sobre la libre actuación del Poder Judicial. La denuncia de Gelman contra la OEA se procesará internacionalmente en forma paralela y separada al trámite de extradición que sobre un grupo de militares y policías uruguayos implicados en la desaparición de María Claudia inició el juez federal argentino Guillermo Montenegro.   

Fuente: lafogata.org