|
Latinoamérica
|
|
De los escuadrones al TLC
A catorce años de los Acuerdos de Paz que terminaron con la guerra civil,
el país más pequeño de América Central sigue bajo la órbita geoestratégica de
Estados Unidos. El cuadro actual se completa en un contexto de desigualdad,
impunidad y violencia
Fernando M. López desde San Salvador
Semanario Brecha
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), que desde 1961 financia
proyectos afines con la política exterior estadounidense bajo el eufemismo de
"ayuda humanitaria", en su página web apunta: "La localización estratégica única
de El Salvador y los fuertes lazos históricos y culturales con Estados Unidos
hacen de la estabilidad política y económica del país un interés vital para
Estados Unidos. La liberación política y económica que El Salvador ha adoptado
con éxito ha hecho de este país un modelo pos conflicto para países en
desarrollo".
En la misma línea se colocan aquellos analistas que festejan los "beneficios" de
la introducción del dólar estadounidense como moneda oficial salvadoreña y las
innumerables ventajas que traerá la apertura de los mercados a partir del
tratado de libre comercio centroamericano, al que también se suma la República
Dominicana (CAFTA-DR). El Salvador fue el primer país de la región en poner en
vigencia el cafta, el 1 de marzo pasado, y ahora Washington busca cerrar las
negociaciones con el resto de los gobiernos involucrados en ese pequeño ALCA.
Sin embargo, en el último informe mundial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que mide el desarrollo humano de 177 países, El
Salvador aparece en la posición 104, un lugar detrás del que obtuvo en el
informe de 2004. Su distribución de la riqueza es una de las peores del
continente: en 1999, el 20 por ciento más rico recibió un 45 por ciento de las
ganancias, mientras que un año después acaparó el 57 por ciento. En el otro
extremo, el del 20 por ciento más pobre, la participación fue de un 5,6 por
ciento, descendiendo al 2,9 en el mismo período.
Tampoco se encontrarán datos alentadores si se revisan, por ejemplo, los índices
de mortalidad infantil, que trepan a 32 niños por cada mil nacidos vivos; o la
tasa de analfabetismo, que abarca al 20,3 por ciento de la población, sobre un
total de 6,2 millones de habitantes.
Emigración masiva
Más de 2,5 millones de salvadoreños emigraron, sobre todo a Estados Unidos donde
viven alrededor de 2 millones. Desde el punto de vista económico, la expulsión
de pobres se ha convertido en una de las mayores fuentes de ingresos para el
Estado salvadoreño, a tal punto que en 2004 el país recibió 2.547 millones de
dólares en concepto de remesas, lo que significa más del 16 por ciento del pbi
nacional. Si se cortaran esas remesas, alrededor de 360 mil hogares quedarían en
situación de extrema pobreza.
El tema migratorio es un arma que la ultraderecha utiliza con frecuencia para
influenciar el voto ciudadano. En los últimos comicios del 12 de marzo para
elegir alcaldes y diputados, el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
presentó la extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS) como un logro de
su gestión. El TPS es un acuerdo firmado entre los presidentes Elías Antonio
Saca y George W Bush, que regulariza la situación migratoria de sólo 250 mil
salvadoreños en Estados Unidos y cuya prórroga rige hasta setiembre de este año.
Además, ARENA apoyó esta presentación con una campaña de terror en la que
presagiaba el fin de las remesas en caso de que triunfara su principal opositor,
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln).
Los terroristas del futuro
La migración tuvo particular incidencia en la conformación de las pandillas
urbanas, conocidas en El Salvador, y en muchos países de América, con el nombre
de "maras".
Las maras se originaron durante la década de 1970 en Estados Unidos en un duro
contexto de marginalidad y xenofobia que afectó principalmente a los hijos de
inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Por eso diversos estudios explican la
naturaleza del fenómeno como una forma de supervivencia de estos grupos frente a
las condiciones adversas que les imponía la sociedad estadounidense. Las dos
pandillas más importantes surgieron en las calles 18 y 13 de Los Ángeles, de
donde también adquirieron los nombres que las identifican: Mara 18 y MS-13 o
Mara Salvatrucha (MS). La primera se fundó con miembros de origen mexicano,
mientras que la MS respondía a jóvenes salvadoreños. Sin embargo, luego se
incorporaron a sus filas pandilleros de diversos orígenes, sobre todo de
Honduras, Guatemala y, en menor medida, Nicaragua.
El fenómeno llegó a Centroamérica al final de la Guerra Fría, cuando Estados
Unidos realizó las primeras deportaciones masivas de inmigrantes ilegales hacia
los países cuyas experiencias revolucionarias se vieron frustradas tras la caída
del bloque socialista.
El Salvador lo vivió a partir de los acuerdos de paz de 1992, que terminaron con
más de doce años de guerra civil. Desde entonces, los sucesivos gobiernos de
ARENA identifican a las maras como la principal causa de violencia, justificando
con este argumento el creciente gasto en seguridad y leyes represivas cada vez
más duras que no logran bajar la tasa de criminalidad de forma significativa.
Es cierto que el país registra uno de los índices más altos de violencia, con un
promedio de entre nueve y diez homicidios diarios, pero las causas van más allá
de las pandillas. Las Naciones Unidas y varias ong coinciden en que los factores
principales que deben combatirse son el deterioro de la situación socioeconómica
y la tenencia indiscriminada de armas en manos de particulares y empresas
privadas de seguridad.
El discurso oficial que apunta exclusivamente contra las maras es funcional a un
negocio que mueve miles de millones de dólares por año y en el cual están
involucrados desde jefes policiales hasta funcionarios estatales y militares
retirados. Según cifras de la propia Policía Nacional Civil (PNC), en 2003 había
más de 170 empresas de seguridad privada que empleaban a 23 mil agentes, es
decir, 3 mil efectivos más que los de la PNC. Hoy existen entre 200 y 300
empresas con armamento y tecnología que superan la infraestructura de la
seguridad pública.
El economista del PNUD William Pleitez afirmó recientemente que El Salvador "es
uno de los países latinoamericanos que más invierte en seguridad y uno de los
que menos seguridad tiene". Los datos que maneja el organismo indican que el
Estado salvadoreño gasta más del 11 por ciento de su pbi en ese rubro, una cifra
desproporcionada que duplica el presupuesto destinado a educación y salud, que
en su conjunto sólo alcanza un 4,8 por ciento.
Por su parte, Santo Alberto Hernández, director de Fe y Alegría, explicó a
BRECHA que el problema de las maras podría solucionarse con la mitad del dinero
que invierte el Estado y con un buen plan preventivo de formación y trabajo para
incluir a los jóvenes marginados, sobre todo los que poseen antecedentes de
violencia familiar, que son el caldo de cultivo de las pandillas. "En realidad
existe un desinterés por parte del gobierno de controlar todo esto", porque si
se soluciona el problema "se termina el negocio de las empresas de seguridad",
agregó. Fe y Alegría trabaja con unos 700 menores en el corazón de la colonia
Zacamil de San Salvador, donde opera una "clica" de la Mara Salvatrucha llamada
Locos Liro Crazy (véase recuadro en pág 37). A pocas cuadras de sus
instalaciones comienza el territorio de una célula de la Mara 18.
El fenómeno de las pandillas se transformó en el pretexto ideal para los planes
de recolonización de la Casa Blanca en la región, siempre en el marco de su
cruzada global contra el "eje del mal". En este sentido, el presidente
salvadoreño viene desempeñando el rol de legitimador ante sus pares
centroamericanos.
En febrero de 2005 el diario Boston Herald se encargó de instalar el rumor de
que existían vinculaciones entre la Mara Salvatrucha y la red terrorista Al
Qaeda. Inmediatamente, Antonio Saca aseguró a la prensa que dichas informaciones
eran "bastante graves" y que era consciente del problema, aunque reconoció que
no tenía pruebas al respecto.
A un año de esas declaraciones, y tras el fracaso de su plan Súper Mano Dura,
Saca ya no duda de que los mareros "serán los terroristas del futuro". Así los
definió en la II Convención Antipandillas, que se realizó en San Salvador del 4
al 6 de abril, con la participación de autoridades del fbi, la dea y fuerzas de
seguridad de México y América Central. El jefe de la policía salvadoreña,
Rodrigo Ávila, tampoco ahorró palabras para ponerse en línea con el discurso del
"enemigo terrorista" al asegurar que "si esto fuera una guerra y se aplicaran
los conceptos de la guerra, aquí las pandillas se acabarían en dos meses".
Impunidad
A pesar de los acuerdos de paz que se firmaron en 1992 entre el gobierno de El
Salvador y la guerrilla del fmln, las heridas de la guerra civil de la década de
1980 aún siguen abiertas. El analista Dagoberto Gutiérrez considera que "no es
posible pensar en reconciliarse sin luchar exitosamente contra la impunidad,
como una especie de presupuesto, pero que es también consustancial. Al mismo
tiempo que se lucha contra la impunidad, la sociedad se encuentra, es decir, se
reconcilia. Por eso, luchar contra la impunidad es luchar por la democracia".
La reconciliación se hace difícil en las condiciones actuales de un Estado y un
Poder Judicial que se niegan a investigar un pasado reciente que dejó 75 mil
muertos y más de 7 mil desaparecidos. Hace apenas unas semanas, miles de
salvadoreños recordaron un nuevo aniversario de la muerte de uno de los símbolos
de la resistencia contra la opresión y la pobreza: el arzobispo de San Salvador
Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por los grupos
paramilitares de ultraderecha conocidos como "escuadrones de la muerte".
Estos grupos, que operaban en forma conjunta con las fuerzas armadas, fueron
financiados, armados y asesorados por el Pentágono y la CIA en el marco de los
proyectos contrainsurgentes de la administración Reagan. En 1993 la Comisión por
la Verdad de El Salvador responsabilizó por la muerte de Romero al creador de
los escuadrones de la muerte, Roberto D’Aubuisson, quien casualmente también fue
fundador de ARENA, el partido que gobierna el país desde hace 17 años. Sin
embargo, hasta el momento no existe ninguna condena por el asesinato del
arzobispo.
La indiferencia de la justicia llevó a los familiares de las hermanas Erlinda y
Ernestina Serrano Cruz (un caso emblemático de la violación de los derechos
humanos), que desaparecieron en junio de 1982, luego del exterminio masivo del
Batallón Atlacatl en Chalatenango, a recurrir a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, que derivó el caso a la Corte Interamericana. El 1
de marzo de 2005 la comisión emitió una sentencia contra el Estado salvadoreño,
obligándolo a cumplir una serie de medidas que incluían la reparación de daños.
No obstante, el gobierno de Saca incumplió sistemáticamente cada una de sus
obligaciones, entre ellas un desagravio que debía pronunciar el presidente el 22
de marzo pasado. Saca no sólo faltó al acto sino que no pidió perdón como
establecía la sentencia. En su representación envió al canciller Francisco
Laínez, con un discurso preelaborado en el cual lamentó "profundamente aquellos
hechos del conflicto armado". A pesar de todo, el caso es una llama de esperanza
para más de 700 denuncias de niños desaparecidos que aún siguen sin respuesta.
Agua turbia
Hace apenas un mes la revista Vértice, de San Salvador, reveló que la Compañía
Integral de Agentes de Seguridad Privada (CIAP), una firma establecida a
principios de 2005, recluta a civiles y ex militares salvadoreños con el fin de
enviarlos como mercenarios a Irak. La tarea fue encargada por una compañía
llamada Black Water, con sede en Florida, Estados Unidos, y ramificaciones en
varios países de América Latina, entre ellos Chile.
Pero esta no es la única empresa de seguridad privada que opera en Irak, donde
además el gobierno de El Salvador aún mantiene tropas de ocupación junto a las
fuerzas estadounidenses. Según otras fuentes, se calcula que existen unas 40
compañías similares a Black Water que ganan alrededor de 100 millones de dólares
anuales y operan con empresas como CIAP en más de 50 países.
"Para tener respeto"
Las "clicas" son las células de una mara que se asientan en cada barrio con el
objetivo de controlar y establecer tareas de choque contra las pandillas
rivales, el reclutamiento de nuevos miembros, distribución de droga, robo y
cobro de peajes. Están compuestas por no más de 30 pandilleros, que en su
mayoría son jóvenes de entre 12 y 25 años.
En general, los jefes son deportados que cuentan con experiencia en las calles y
las cárceles de Estados Unidos. Se calcula que en El Salvador existen alrededor
de 150 clicas de la MS-13, mientras que el resto de las pandillas no superan las
cien.
Para "brincar" (entrar) a una clica el aspirante deberá soportar una prueba
conocida como "cortón", que consiste en una golpiza de seis mareros durante un
tiempo estimado de 13 segundos. Así también se resuelven los problemas de
indisciplina tales como el consumo desmedido de la droga que se destina a la
venta.
Joel es un ex simpatizante de la MS, de 16 años, que ingresó al proyecto Calle,
de Fe y Alegría, luego de salir de la cárcel por robo. El programa consiste en
la reinserción social del adolescente, coordinando el trabajo entre la
institución y la familia, en este caso formada por el padre y seis hermanos.
Según el joven, ninguna mara obliga a nadie a ser un pandillero, sino que "la
onda es ser parte de esa familia". Sostiene que el mayor incentivo de
convertirse en un marero es "más que nada para que tengan respeto".
 |