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Latinoamérica
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Nacionalizar es Indigenizar
Wilson García Mérida
Datos & Análisis
El Decreto de Nacionalización del Primero de Mayo otorga facultades a las
Fuerzas Armadas de Bolivia para ejercer custodia sobre las refinerías y campos
gasíferos del país. Esta acción patriótica sólo podrá tener el poder de la
legitimidad si, junto a los militares bolivianos, asumen su rol protector de
nuestra riqueza petrolera los pueblos indígenas afectados por el saqueo
transnacional.
El Decreto de Nacionalización del petróleo y el gas natural de Bolivia, dictado
este Primero de Mayo por un gobernante indígena, tiene la trascendencia de un
acto profundamente arraigado en la lucha de los pueblos originarios que durante
las últimas dos décadas han desarrollado la sabiduría de reivindicar su derecho
legítimo a la potestad plena sobre su tierra y su territorio, junto a su
obligación de preservar la cadena ecológica —que hace posible la pervivencia
cultural de los indígenas en el tiempo y el espacio— y de proteger los recursos
naturales.
La lucidísima posición de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) por ejemplo
en la defensa de los bosques del Pantanal boliviano, donde una organización
mafiosa llamada EBX chantajea y soborna en su afán de apropiarse de recursos
ferríferos en la zona del Mutún con el plan de deforestar 200.000 hectáreas de
aquella reserva ecológica, contrasta con la cínica y corrupta argumentación del
fabricante cementero Samuel Doria Medina quien, cual negociante inescrupuloso,
afirma que mientras EBX no comience a deforestar el Pantanal para meter carbón
vegetal (y cemento) en su ilegal planta fundidora, no se le puede acusar de
depredadora. Doria Medina pide esperar que el asesino mate para recién tomar
recaudos ante su anunciada intención criminal. La diferencia moral entre ambas
posiciones es clara: Los indígenas chiquitanos, al pedir la expulsión de EBX,
ejercen potestad sobre su territorio protegiendo con vitalidad sus recursos
naturales; mientras que Doria Medina, al apoyar las acciones desestabilizadoras
de EBX, busca morder alguna ganancia en ese negocio ilegal contribuyendo a la
depredación, al separatismo y al saqueo.
Son esas mismas lógicas las que se enfrentan en torno a los recursos
petrolíferos y gasíferos. La Nacionalización dictada el lunes por el presidente
Evo Morales responde al razonamiento sabio del movimiento indígena que garantiza
sostenibilidad en un tiempo largo. Y ahí radica la diferencia con los procesos
nacionalizadotes de 1936 con Toro y de 1969 con Ovando. La Nacionalización del
2006, siguiendo la lógica indígena, deberá ser sustentable por encima de la
creación de una nueva gerentocracia prebendal en YPFB y fundarse en la defensa
territorial como parte del derecho ancestral de nuestros pueblos originarios.
Ya en el 2003, sin olvidar la gran revuelta amara que protagonizó la histórica
"Guerra del Gas" en El Alto, surgieron los primeros síntomas de esta corriente
nacionalizadora indigenal, cuando las etnias originarias del Parque Nacional
Amboró impidieron el ingreso de equipos y maquinarias de la trasnacional Andina
S.A. en los bloques petroleros Sara, Amboró y Espejos. Repsol y Maxus también
tuvieron que suspender operaciones en los bloques Tuichi y Caipipendi, ante la
acción directa del Pueblo Guaraní que puso freno a las actividades depredadoras
de ambas compañías petroleras.
El Decreto de Nacionalización del Primero de Mayo otorga facultades a las
Fuerzas Armadas de Bolivia para ejercer custodia sobre las refinerías y campos
gasíferos del país. Esta acción patriótica sólo podrá tener el poder de la
legitimidad si, junto a los militares bolivianos, asumen su rol protector de
nuestra riqueza petrolera los pueblos indígenas afectados por el saqueo
transnacional.
Por eso decimos que Nacionalización debe ser sinónimo de Indigenización.
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