Latinoamérica

Alberto Souviron
BBC

Por tercera vez en la historia de Bolivia, un gobierno dispone la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos del país.
El gobierno de Evo Morales cumple así con una de sus promesas de campaña y adopta una medida que, a criterio de muchos, goza de gran popularidad en el país.
Los bolivianos siempre han desconfiado de la explotación de sus recursos a manos de empresas privadas extranjeras.
Esta desconfianza tiene sus raíces en la colonia española y continuó en la vida republicana donde grupos privados, generalmente extranjeros han explotado los recursos del país con magros resultados para el desarrollo de la población local.
A raíz de este sentimiento, Bolivia nacionalizó su industria hidrocarburífera, en los años 30 en perjuicio de la entonces Standard Oil.
En 1969 el proceso se repitió cuando el Estado se apropió de los bienes de la estadounidense Gulf.
Sin embargo, estas nacionalizaciones no lograron revertir los índices de pobreza en el país ni generar el desarrollo deseado.
A pesar, especialmente en la nacionalización de 1969, se vivió un periodo de bonanza que generó millonarios recursos para el Estado Boliviano.

Privatización parcial

En la década de 1990, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se llevó a cabo un proceso de privatización parcial "sui generis" en la que se conformaron empresas de explotación, exploración y transporte, cuyo 50% de la acciones estaban en manos de empresas privadas y el 50% restante en manos de los ciudadanos bolivianos, que serían representados en el directorio por Administradoras de Fondos de Pensiones.
Este complejo esquema resultó en un "boom" de inversiones que convirtió a Bolivia en el país con las segundas mayores reservas de gas de Sudamérica, después de Venezuela.
Sin embargo, el proceso no obtuvo los beneficios esperados y la población, una vez más, mostró su recelo frente a la presencia extranjera y sintió nuevamente que "sus recursos eran saqueados".
La crisis política iniciada en el año 2000 terminó con la caída del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y su sucesor, Carlos Mesa y culminó con la llegada al poder de Evo Morales y un nuevo discurso nacionalizador.

Nacionalización compleja

En esta ocasión, sin embargo, la denominada tercera nacionalización de los recursos hidrocarburíferos es más compleja.
Ahora, las empresas petroleras deberán entregar toda su producción de gas y petróleo a la empresa estatal de petróleo (YPFB), quien también estará a cargo de la comercialización con la definición de las condiciones volúmenes y precios internos y la exportación e industrialización.
Mediante este sistema, el Estado boliviano obtendrá el 82% de los beneficios de la producción en aquellos campos que hayan generado un volumen superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios de gas en 2005 y el 50% en aquellos campos con niveles de producción inferiores.
Además de ello, el gobierno dispuso que la estatal petrolera pase a poseer al menos el 50% de las acciones en las empresas mixtas que operaban en el país, lo que en la práctica significa que los ciudadanos bolivianos perderán las acciones que obtuvieron en los años noventa cuando se dispuso la privatización parcial en el sector.
Si bien se produce esta expropiación el gobierno se ha comprometido a pagar los beneficios que los ciudadanos mayores de 65 años obtenían por estas acciones.

¿Las consecuencias?

Falta ahora ver cuál será la reacción de las empresas extranjeras que operan en Bolivia -particularmente la brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol YPF, los principales inversores del sector.
El tiempo dirá si estas empresas recurren a un arbitraje internacional o aceptan negociar nuevos contratos.
También habrá que esperar la reacción de los países afectados por la medida, en especial Brasil - el principal comprador del gas boliviano.
Junto a ellos, muchos se preguntan por las consecuencias que esta medida tendrá sobre otros sectores de la economía boliviana, donde también se produjeron privatizaciones parciales, como es el caso de la electricidad.
El gobierno de Evo Morales apuesta a obtener grandes ganancias con esta medida, más de US$750 millones sólo en 2007, pero antes deberá encontrar nuevos mecanismos de incentivo para mantener y ampliar el nivel de la inversión para modernizar el sector, una de los argumentos para la privatización parcial de los años 90.
En todo caso, Bolivia apuesta una vez más a controlar sus recursos y muchos esperan que, esta vez, el beneficio sí llegue a su empobrecida población.       

Fuente: lafogata.org