Latinoamérica

José Daniel Fierro
Rebelión

La decisión del presidente boliviano, Evo Morales, de nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos de su país ha tenido una respuesta rápida, y bastante previsible, por parte del gobierno español.
Anteponiendo los intereses capitalistas al desarrollo humano y social de los bolivianos, el gobierno de Zapatero ha dicho sentirse engañado por el aval que otorgó al proceso electoral que llevó al líder indigena a la presidencia. Una afirmación bastante tonta y absolutamente necia, ya que Morales presentó la propuesta de nacionalizar los hidrocarburos en su programa electoral, recogiendo el mayoritario sentir popular de los bolivianos. El gobierno español parece también olvidar que el 18 de julio de 2004, tuvo lugar en el país andino un referéndum vinculante en el cual el 92,2% de los votos válidos respondieron sí a la pregunta: "¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todo los hidrocarburos en la boca de pozo para el Estado boliviano?"
El decreto presidencial no sólo es constitucional y jurídicamente impecable, sino que, además, es un legítimo ejercicio de soberanía para gestionar los inmensos beneficios que hasta ahora pasaban a engordar las cuentas de resultados de las multinacionales extranjeras. "Ya no será como antes -explicó Evo Morales- que ellos ganaban el 82% mientras que Bolivia se quedaba con el 18 ó el 13%".
Frente a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores amenazó el martes a los diplomáticos bolivianos acreditados en España asegurándoles que las decisiones que se están tomando en La Paz tendrán consecuencias negativas. Javier Sandomingo, director general para Iberoamérica, expresó su "profunda preocupación" y advirtió de las "consecuencias para las relaciones bilaterales" entre ambos países.
Por lo pronto, las multinacionales extranjeras perjudicadas no dudarán en denunciar su caso ante los tribunales mundiales de comercio y en propagar la imagen de inestabilidad de Bolivia cara a los inversores. Todo ello con el objetivo de presionar al gobierno de Morales y hacerle aceptar una solución "satisfactoria para las partes", aseguró Sandomingo. Lo que en lenguaje de la calle quiere decir que o se modifica el decreto boliviano de acuerdo a los intereses de las petroleras, o habrá guerra.
El jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, está adecuando su estrategia junto a su homólogo brasileño, Celso Amorim, ya que ambos gobiernos son los principales interesados en defender la posición de las multinacionales Repsol-YPF y Petrobras.
Pero si estás amenazas no obtienen resultados, la Unión Europea (UE) también tomará cartas en el asunto. el mismo martes, Javier Solana, responsable de la política exterior de la UE, y la Comisión Europea expresaron su "gran inquietud" por la decisión boliviana y anunciaron que el asunto se abordará en la cumbre de Viena, los próximos 11 y 12 de mayo.
Solana advirtió que la medida "será perjudicial para el futuro económico y político de Bolivia", y que el desarrollo de este país pasa por "la seguridad jurídica para los inversores extranjeros". Así entiende el ex-jefe de la OTAN y criminal de guerra el derecho soberano de una nación a gestionar sus propios recursos naturales.
En la misma línea, los medios de propaganda españoles están llevando a cabo una campaña contra la decisión gubernamental boliviana y para lavar la imagen de la petrolera española. Según estos, Repsol YPF obtiene de Bolivia el 1% de sus beneficios. Dicho así esta cifra no aclara mucho, pero si nos detenemos en el hecho de que hace dos años (cuando Repsol impulsaba el proyecto de exportación de gas natural boliviano por puertos chilenos), un ejecutivo de la petrolera aseguró en rueda de prensa que por cada dólar invertido su empresa se llevaba 10, ya se comienza a entender el énfasis en la cuestión boliviana.
Otro aspecto destacado, es el de que la petrolera invirtió 1.080 millones de euros en Bolivia entre 1997 y 2005. Algo que el gobierno boliviano comprobará mediante las auditorías que realizará a las empresas extranjeras, según lo comunicó ayer Andrés Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos. Para la realización de estos informes se contará con la asesoría de Noruega, y se espera que estén listos en dos meses. "No vamos a olvidar el mínimo detalle", afirmó Soliz, para determinar si las empresas invirtieron los 3 mil 500 millones de dólares que dicen haber invertido, cómo calcularon sus ganancias para la tributación, a quién le compraron los equipos... "vamos a sacar las cosas del fondo".
La prensa capitalista española miente cuando habla de "expropiar" (el gobierno boliviano ha dejado claro que su intención es "negociar y no expropiar", y que sólo "en última instancia" se aplicaría la Constitución, por causa de utilidad pública y se pagaría "el precio justo"), y miente cuando asegura que Repsol "posee algo más de la cuarta parte de las reservas de hidrocarburos del país", pues no parece muy lógico que las reservas pertenezcan a la petrolera en lugar de al pueblo boliviano.
Además parece que Repsol tiene 300 empleados y genera otros 3.000 empleos indirectos en Bolivia, lo cual no es decir nada, teniendo en cuenta que los puestos de trabajo no están en entredicho, y sí los enormes beneficios privados que en nada mejoran el nivel de vida de los bolivianos. Algo que, por supuesto, al presidente de Repsol, Antonio Brufau, le trae al fresco pues para él la nacionalización "está fuera de la norma y lógica empresarial que debe guiar las relaciones entre empresas y estados". O sea, que sólo el libre mercado dicte leyes y tratados. Pero no está de más recordar que los beneficios netos del último año, 845 millones de euros (unos 1.000 millones de dólares), equivalen a los ingresos medios anuales de 625 mil bolivianos.
De lo que no hablan, ni la prensa adicta ni la multinacional, es del tipo de actuaciones que Repsol lleva a cabo en Bolivia desde hace años. La compañía explota un total de 22 bloques petroleros que ocupan casi 5 millones de hectáreas. Estas concesiones se superponen a un total de 17 Territorios Indígenas repartidos en las regiones amazónica y chaqueña. La fragilidad ecológica de estos ecosistemas coincide con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los habitan. Sin embargo la petrolera no tiene problemas para ocupar sus fincas, romper sus actividades tradicionales o construir gasoductos en sus territorios. En la serranía del Aguaragüe, donde se descubrieron las reservas más grandes de gas, invadieron la comunidad Tentayapi, el último reducto de los guaranís simbas de Bolivia, contrataron a algunos jóvenes para deforestar el monte y enterrar explosivos. La consulta previa a la comunidad, obligación estipulada por las leyes bolivianas y tratados internacionales, resultó ser un engaño. Además introdujeron el alcohol para debilitar la cohesión comunitaria. Otros indígenas, de la etnia weesnayek, acaban de denunciar a Repsol por pretender zanjar la contaminación del río Pilcomayo mediante el pago de 40 mil euros. Y por si esto fuera poco, altos directivos de la firma están inmersos en un proceso judicial en Bolivia acusados de un delito de contrabando de petróleo por un valor de 8 millones de euros.
¿Cuál es la actitud del gobierno español ante estos abusos? Pues silenciar la crítica y tratar de acallar a quienes señalan a Repsol, como hace bien poco expresó Moratinos, asegurando que no permitirán que "la imagen de una compañía española se vea afectada por este tipo de actitudes y creemos que tampoco hacen un favor al nuevo gobierno boliviano".  

Fuente: lafogata.org