VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Latinoamérica

"Se acabó el saqueo", EVO MORALES dio el primer paso Bolivia nacionaliza sus hidrocarburos, militares toman los campos petroleros

Resumen Latinoamericano

El gobierno boliviano, mediante un decreto, dispuso hoy la nacionalización de la riqueza hidrocarburífera boliviana. "Se acabó el saqueo", dijo el presidente, y al mismo tiempo un militar se subía a lo alto de las instalaciones petroleras de Margarita para desplegar una bandera boliviana y un letrero que decía "nacionalizado". Ahora las petroleras tienen 180 días para firmar nuevos contratos.
El decreto supremo 28.701, que ordena la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, fue firmado en un acto en el campo petrolero de San Alberto, provincia de Caraparí, Tarija.
"Se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país, el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos," dijo el presidente Evo Morales.
"Queremos pedirle (a las Fuerzas Armadas) desde acá, a partir de este momento, tomar todos los campos petrolíferos en toda Bolivia, con los batallones de ingenieros que ha organizado el Ministerio de Hidrocarburos junto al presidente de YPFB," dijo Morales.
Después del anuncio, el gobierno dispuso la militarización de las instalaciones petroleras, entre ellas los pozos petroleros y las estaciones de servicio.
Según el decreto, las empresas que operan en el país están obligados a entregar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB) toda su producción y la estatal petrolera comercializará esos recursos en el país y tendrá a su cargo los convenios de exportación.
El decreto establece un plazo de 180 días para que todas las empresas petroleras suscriban nuevos contratos y se adecuen a las nuevas condiciones para seguir operando en el país.
El presidente también ordenó la confiscación de las acciones necesarias para que el Estado tenga más del 50 por ciento del control de las empresas.
Todo puede pasar El anuncio fue recibido con euforia por diferentes sectores sociales que en algunos lugares, como en Camiri, se sumaron a los movimientos militares que tomaban las instalaciones petroleras.
"Ahora queremos conocer quiénes son los que defienden a las petroleras", dijo el vicepresidente de la República, Alvaro García, en alusión directa a los dirigentes cívicos de Santa Cruz y Tarija, caracterizados como defensores del interés de las transnacionales.
Fuentes de la Cámara de Hidrocarburos, citadas por el periódico español ABC, dijeron que se ha convocado una reunión de su directorio para analizar punto por punto el texto del decreto. "A partir de ahora todo puede pasar", dijeron y añadieron que en Bolivia "se está empezando a vivir" lo mismo que en Venezuela.
La petrolera Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, dijo que se analizará el nuevo decreto supremo del presidente de la República, Evo Morales, por el que se ordena la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos del país andino, antes de emitir un pronunciamiento al respecto.
La nacionalización de los recursos hidrocarburíferos se convirtió en la consigna de la mayoría de la población, después que se movilizara para expulsar del poder al ahora ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue precisamente este ex mandatario quien dispuso la privatización de los hidrocarburos en condiciones consideradas desventajosas para el país, pero muy favorables para las transnacionales quienes se beneficiaron con una rebaja de las regalías del 50 al 18 por ciento.
Después de la privatización de los hidrocarburos, ejecutivos de la petrolera Repsol se ufanaban al decir que por cada dólar invertido en Bolivia, las petroleras obtenían 10.
La petroleras, que se hicieron del control de los hidrocarburos bolivianos con la complacencia de los gobiernos del fugado Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, quienes nombraron como responsables del área de hidrocarburos a personajes ligados a las transnacionales petroleras.
Aún así, los contratos de las petroleras no fueron ratificados por el Congreso, un paso que según la Constitución es imprescindible para tener legalidad.

Fuente: lafogata.org