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Pero, ¿pensaban que Evo Morales no iba en serio?
El gobierno Bolivia exige a BBVA y Zurich que le entregue las acciones de las empresas de hidrocarburos capitalizadasAlberto Montero Soler
Rebelión
A lo largo del día de hoy y durante los días venideros, la prensa internacional
se hará eco –descalificándolo gratuitamente desde la soberbia y la ignorancia-
del nuevo paso adelante que ha dado Evo Morales y, en definitiva, el pueblo de
Bolivia en su estrategia de recuperación del control sobre sus hidrocarburos.
Ese avance se manifiesta en la decisión adoptada en el día de ayer cuando, a
través de un Decreto Supremo, se exigió a los grupos BBVA y Zurich la entrega al
gobierno de Bolivia de las acciones de las empresas petroleras que integran
parte de los fondos de pensiones que dichas instituciones gestionan. La
operación se realizará sin que el Estado pague ningún tipo de contrapartida ("a
título gratuito") y será, desde entonces, el encargado de su gestión.
En concreto, ambos grupos financieros deberán entregar las acciones de las
empresas Andina, Chaco y Transredes.
Ante esta decisión -en apariencia tan drástica y que, evaluada a la ligera,
pudiera parecer que contraviene el sacrosanto derecho capitalista a la
propiedad-, la pregunta que cabe plantearse es si, realmente, la misma ha podido
tomar por sorpresa a alguien que se hubiera tomado la molestia de leer con un
mínimo de atención el Decreto Supremo 28701, de nacionalización de los
hidrocarburos.
Cualquiera que así lo hubiera hecho habría comprendido que el control de las
empresas que operan en dicho sector exige, ineludiblemente, de la disposición de
la mayoría del accionariado y que, con esta medida, Bolivia no hace más que
avanzar en ese sentido.
Las acciones cambian de gestor, no de dueño
En efecto, el accionariado de las empresas de hidrocarburos afectadas está
integrado, fundamentalmente, por dos grandes bloques cuyos orígenes se remontan
a las particularidades propias del proceso de privatización –llamado en Bolivia
de "capitalización"- de las empresas del sector a partir de 1994.
Por un lado, se encuentra el bloque de las acciones que, a efectos de la
"capitalización" de las empresas públicas, el gobierno de Bolivia licitó
internacionalmente y que fueron adquiridas por una serie de empresas
transnacionales a cambio, no de su valor nominal –cualquiera que fuera éste-,
sino tan sólo de una serie de compromisos de inversión de aquéllas para el
futuro. En este sentido, y aunque constituya una digresión, hay que destacar que
ahí radica la razón de ser de la intervención militar de las empresas en el
momento en el que se produjo la nacionalización. A pesar de todas las
interpretaciones habidas y por haber que se ha dado de dicha intervención, su
principal justificación era evitar que dichas empresas pudieran destruir
información o tergiversarla de cara a las auditorías que deberán enfrentar para
que pueda conocerse si, efectivamente, han realizado los planes de inversión a
los que se comprometieron y por los que, sin otra contrapartida, tuvieron acceso
a la riqueza gasífera del país.
Este paquete accionarial constituía el 50% de las empresas capitalizadas pero,
también –y esto es singularmente importante-, otorgaba el derecho a la gestión
de la empresa.
Y, por otro lado, el 50% restante de las acciones –salvo un pequeño porcentaje
que fue vendido a los trabajadores de Yacimientos Petroleros Fiscales Boliviano
(YPBF)-, se distribuyó entre la población boliviana con mayoría de edad (21
años) a diciembre de 1995. Con esas acciones se conformó un fondo no
contributivo denominado Fondo de Capitalización Colectiva por un monto inicial
de 1671 millones de dólares que sería gestionado privadamente por las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A cambio, y derivados de los
beneficios de su gestión, esas Administradoras se obligaban a pagar un beneficio
denominado Bono Solidaridad (BONOSOL) que se otorgaría en pagos anuales
"vitalicios" a todos los bolivianos beneficiarios una vez cumplieran los 65 años
de edad. Lo cual no deja de ser una triste y cruel paradoja si se tiene en
cuenta que, durante la primera mitad de la década de los noventa, la esperanza
de vida al nacer de los bolivianos era de 58 y 53 años para mujeres y hombres,
respectivamente.
Igualmente, hay que señalar que esas Administradoras también gestionan de forma
privada el sistema de pensiones individuales constituido a partir de los aportes
de los bolivianos al seguro social, es decir, el Fondo de Capitalización.
Pues bien, lo que acaba de hacer el gobierno de Evo Morales no es más que
solicitarle a dos de esas Administradoras, BBVA y Zurich, que transfieran la
tutela, que no la propiedad -porque ésta nunca les perteneció-, de las acciones
de las empresas de hidrocarburos que integran el Fondo de Capitalización
Colectiva que éstas gestionan a través de Previsión (BBVA) y Futuro (Zurich).
De esa forma, en el caso de Andina, las Administradoras tienen bajo tutela el
48% de las acciones, Repsol-YPF posee el 50% y el 2% restante está en poder de
los antiguos trabajadores de YPFB. El caso de Chaco es similar salvo que el 50%
está en manos de Panamerican Energy, propiedad en un 60% de la British Petroleum
y en un 40% de la argentina Bridas. Y, finalmente, Transredes, dueña de la mayor
parte de los oleoductos, gasoductos y poliductos de Bolivia, entre ellos el que
transporta gas a Brasil, es el resultado de una sociedad entre la
anglo-holandesa Shell (25%) y la estadounidense Prisma Energy (25%); otro 16%
está en poder de socios no identificados y el 34% de las acciones restantes es
propiedad de bolivianos y se encuentra tutelada por las Administradoras.
El objetivo último es que, progresivamente, el gobierno boliviano alcance, al
menos, el 50% más una de las acciones de las empresas de hidrocarburos que
participaron en el proceso de privatización, lo que les permitirá disponer de la
mayoría del capital y hacerse con el control de su administración.
Algo completamente lógico si se tiene en cuenta que, de los siete miembros que
integraban los directorios de las tres empresas afectadas, cuatro eran nombrados
por las propias transnacionales y tres por las Administradoras. Una vez
consolidada la nueva situación, la mayoría de los puestos de ese directorio
estará integrada por representantes de YPFB.
Por otro lado, y en relación con Petrobras, que entró posteriormente al mercado
boliviano, el Decreto Supremo de Nacionalización también obliga a que venda el
50% más una de las acciones de Petrobras Bolivia de Refinación (PBR), dueña de
las dos refinerías de petróleo que operan en Bolivia y que fueron adquiridas en
1999 por 100 millones de dólares.
No hay nada que temer de momento… ¿o sí?
Que nadie tiemble en las sedes de las grandes empresas afectadas, no hay nada de
lo que asustarse por esta vez. Sólo les están reclamando lo que nunca fue suyo a
pesar del mucho tiempo que lo custodiaron y los muchos beneficios que le
reportaron. Esas acciones retornan ahora a un tutor, el gobierno boliviano, que,
en pro del bien común, las gestionará con criterios más acordes a los de su
legítimo propietario, el pueblo de Bolivia.
No es de este pequeño avance, paso lógico en la cadena que Evo Morales comenzó a
eslabonar a primeros de mayo, de lo que tienen que asustarse. Si quieren
despertar sus temores, muy propios de quienes tienen tanto que perder, asústense
del conjunto, de esta decidida estrategia de nacionalización de los
hidrocarburos que, a todas luces, sorprende por la inteligencia con la que ha
sido planificada y la decisión con la que está siendo implementada.
Y asústense porque el gobierno de Bolivia está dando muestras de que la pobreza
no está reñida con la dignidad; de que la sumisión es patrimonio de quienes
carecen de esperanza y, precisamente ahora, Bolivia derrocha esperanzas; y de
que, cuando un pueblo decide ejercer su soberanía para enfrentar las causas de
sus males y recuperar sus riquezas, la razón está siempre de su lado, tanto más
cuando frente a él se alzan las voces e intereses de quienes han sido sus
verdugos.
Asústense porque esa enfermedad es contagiosa; porque América Latina despierta a
la luz del ejemplo boliviano, como Bolivia ya lo hizo a la luz del venezolano; y
porque, por una vez, no tienen la sartén por el mango. ¿Cómo les sienta?
* Alberto Montero Soler (
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