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Latinoamérica
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Evo y los medios de comunicación
Yálani Zamora Aguirre
Rebelión
Con asombro he sido testigo de la interminable diatriba de los medios de
comunicación españoles frente al Decreto Supremo (DS 28701) de "nacionalización"
de los hidrocarburos anunciado por Evo Morales en Bolivia. La reacción unánime
de los principales medios escritos después de dicho anuncio, calificaba la
decisión de equivocada y peligrosa, a la vez que solicitaban una respuesta
"dura" del gobierno español. Una semana de artículos y editoriales sobre "la
polémica situación con Bolivia" dejan pocas dudas al lector: parece ser que los
medios de comunicación españoles se han erigido como portavoces de un sector
político y económico autoritario, resueltos a despreciar los más elementales
principios democráticos cuando éstos afectan su bolsillo.
En lugar de una respetuosa crítica a la decisión boliviana, acorde con el sano
intercambio de ideas y posiciones; el lenguaje y tono utilizados por los
conocidos diarios El País y El Mundo, reflejan poco menos que desprecio y ofensa
inaudita contra un primer mandatario y el país que representa. Un artículo de
opinión publicado en El Mundo, sostenía que la "indiada" de Evo Morales de
nacionalizar los hidrocarburos no debía asombrar, "¿y que esperaba Brufau o
Zapatero de un líder indígena? (El Mundo, 4 de Mayo). Mientras El País repite la
idea de que es Venezuela "quien mueve los hilos en Bolivia" y muestra un total
desprecio por la decisión soberana respaldada masivamente (con movilizaciones y
referéndum incluido), al pretender hacer creer que la "gran duda es si Evo
definirá finalmente un proyecto propio, o terminará siendo un satélite de
Caracas"(Domingo 7 de Mayo). ¿Es acaso necesario preguntarse cuáles son los
intereses ocultos en el manejo político de la noticia?
La distorsión de la noticia es también relevante, y hace falta un profundo y
balanceado análisis sobre las implicaciones del decreto. Por ejemplo, la prensa
internacional y española, ha mencionado incluso la expropiación como parte de la
medida, cuando en realidad el decreto no incluye, ni la confiscación, ni la
expropiación de las petroleras. Como bien lo ha señalado el abogado y docente
boliviano Mauricio Ochoa, el decreto no imposibilita a los empresarios
particulares la explotación de los hidrocarburos, y, por otro lado, no
pasan al dominio del Estado los bienes de las empresas privadas, quedando
vigentes las acciones y bienes.
Lo que el decreto dice es que YPFB controlaría el 50% más 1 de las acciones de
las empresas capitalizadas, lo que le permitirá al gobierno tomar decisiones
sobre el precio, los mercados y la comercialización de sus propios recursos.
Además de un razonable aumento de los beneficios para el Estado Nacional. Nada
aberrado, si tomamos en cuenta, como bien nos lo recuerda Fernando Krakowiak en
Página 12, "que son empresas estatales las que operan en los principales campos
de extracción de Saudi-Aramco de Arabia Saudita, NIOC de Irán, KPC de Kuwait,
INOR de Irak, Adnoc de los Emiratos Arabes Unidos, NOC de Libia, NNPC de
Nigeria, Pdvsa de Venezuela y Pemex de México" (pagina 12, 8 de Mayo). Y ni
hablar de países como Francia, que continúa manteniendo el monopolio del gas y
la electricidad. Así que el decreto de nacionalización de Bolivia (que en
realidad no es propiamente una nacionalización como se han quejado los propios
bolivianos) no es disparatado ni "populista". Es principalmente un imperativo
democrático acorde a las leyes de la constitución boliviana (que garantiza la
propiedad nacional de todos los recursos) y fruto de un referéndum vinculante
que el 18 de Julio de 2004, arrojó un 92% de votos a favor "de la recuperación
de todos los hidrocarburos en la boca del pozo para el estado boliviano". No se
trata, por lo tanto, de un "capricho populista" inventado por Evo Morales, o de
la "mano larga" de Venezuela, sino de una demanda legítima, respaldada por las
masivas movilizaciones sociales y un amplio apoyo interno. Negar esto es
desconocer la realidad boliviana, las últimas crisis políticas y hasta el propio
triunfo presidencial de Morales con su discurso de nacionalización.
En España, la reacción de Zapatero ha terminado por enfurecer a los opositores,
quienes le reprochan duramente la prudencia y posición de diálogo asumida por su
gobierno. En su increíble editorial del jueves 4 de Mayo, Zapatero tranquiliza a
Evo, no a Repsol, El Mundo criticaba al presidente precisamente por no haber
censurado el decreto de Morales y respaldado los intereses de las empresas
españolas.
Para colmo, continuaba, "si la respuesta del Ejecutivo había sido tibia, la de
Zapatero rebajó aún más el tono de la polémica". Según esta opinión, la medida
"no beneficia a nadie, tampoco a los bolivianos". Esta frase no solamente falsa,
es clara muestra de cinismo y descrédito ahora que ya no será Repsol
beneficiaria de la política boliviana.
Atrás quedaron los "gloriosos" años con Goni. Curioso es que en todos los
artículos publicados, no pude encontrar ningún argumento de peso que explicara
por qué, efectivamente, esta medida no beneficia a los bolivianos. Esto a
pesar de los infructuosos intentos por abordar el problema en artículos al
estilo de "daño a bolivianos" para disimular la única y verdadera razón de su
rechazo: ver afectados los saldos contables de sus empresas.
Los que protestan no solamente abogan por un enfrentamiento internacional con
Bolivia, sino que despliegan sin pudor su nulo respeto por los principios
democráticos. Pareciera que la democracia que piden para poder realizar sus
inversiones, es la misma que cuestionan y niegan cuando los resultados son
adversos.
La trilladísima amenaza de que las inversiones se irán o no llegarán en un país
pobre, pero sumamente rico en gas, estaño, petróleo, cinc y cobre, no convence a
nadie, y mucho menos a los bolivianos. Por un lado, las inversiones en Bolivia
hasta la fecha han hecho poco o nada por su desarrollo nacional, y por otro
lado, nadie duda que existan muchos interesados en hacer negocios con Bolivia,
en razonables y mejores condiciones para el país. ¿Y acaso no siguen los
inversionistas en Argentina aún después de la crisis?
Como bien dice un diario argentino sobre la reacción española, a falta de
argumentos, sólo les queda usar la ideología. Lo cierto es que la posición
asumida por los medios es tan vergonzosa y abiertamente autoritaria, que
posiblemente no pueda mantenerse por mucho tiempo. El tono ocupado ha dañado no
solamente a un país latinoamericano y su representante legítimo, sino sobretodo,
la imagen de España y dos medios de comunicación prestigiosos que al insultar a
una nación soberana, se insulta a sí misma. ¿Es esta la España que busca
reivindicarse como puente cultural y político de Latinoamérica? Hace falta
humildad, respeto y solidaridad, en todo caso, para poder considerarse
referencia de los países latinoamericanos, incluidos los más pobres, como
Bolivia. Veremos si España está realmente a la altura.
Yálani Zamora Aguirre es estudiante de Master de Estudios Latinoamericanos
Universidad de Salamanca,
Salamanca,
España.
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