Latinoamérica

Nacionalizaciones son legales
Nadie puede decir que es un atentado contra las inversiones y que se pone en riesgo la seguridad jurídica
 
En Perspectiva
Radio El Espectador

EMILIANO COTELO: En Viena, capital de Austria, más allá de la actividad oficial de la delegación uruguaya, ayer hubo novedades –y muy importantes– en otros frentes. Y sin lugar a ningún tipo de dudas, el premio a las declaraciones más "ruidosas" se lo llevó el presidente boliviano Evo Morales. Durante las reuniones previas a la Cuarta Cumbre Unión Europea–América Latina, que se celebra hoy, Morales habló en conferencia de prensa sobre la situación que ha quedado planteada en su país después de su decisión de nacionalizar los hidrocarburos. Cuando se le preguntó qué garantías jurídicas ofrece ahora su país a las compañías allí instaladas, Evo Morales contragolpeó censurando en términos lapidarios a las firmas que fueron afectadas por los decretos del 1 de mayo, por ejemplo Petrobras.

Hablando en particular de Petrobras, la principal inversora extranjera en Bolivia, Morales dijo que la empresa brasileña había operado ilegalmente y que por eso mismo no habrá indemnización para ella, ni para ninguna de las otras empresas que fueron afectadas. En el frente diplomático, el presidente boliviano respondió a quienes, como Brasil, criticaron la forma inconsulta en que tomó esta decisión. Y, como si todo esto fuera poco, Morales abrió otro frente de batalla al referirse también a su relación con España. Entre otras cosas dijo que integrantes del gobierno español no han cumplido con promesas que le hicieron durante la campaña electoral boliviana.

Para repasar el impacto de estos comentarios; para ver cómo se puede interpretar una actitud tan combativa, si se la puede inscribir en alguna estrategia más general, nosotros vamos a Cochabamba para conversar con el analista político doctor Fernando Mayorga .

- Doctor Mayorga, por estas horas todavía es bastante complejo comprender el alcance de los anuncios del presidente Evo Morales, las declaraciones del 1º de Mayo pasado, cuando decretó la nacionalización de los hidrocarburos, y el discurso ayer en Viena, en el que sostuvo que no habrá indemnización a las empresas petroleras extranjeras afectadas por la nacionalización. ¿Cómo fue recibido este último anuncio en Bolivia?

FERNANDO MAYORGA: De manera general, las declaraciones que efectuó ayer el presidente boliviano deben entenderse como algo "políticamente incorrecto", es decir, un discurso frontal, sin las consabidas figuras retóricas de la diplomacia, lo que hace que aparezca como usted dice, un discurso combativo.

Pero creo que tanto estas formulaciones como las realizadas el 1º de Mayo son contextos muy distintos. En el último caso estamos hablando de respuestas a preguntas de periodistas. En ambos casos y en general creo que la tónica es la siguiente: de parte del presidente Morales y del propio partido MAS es frecuente el uso de una retórica discursiva radical, pero las decisiones a las que arriba son más bien de carácter moderado. Y a propósito de eso la aclaración con respecto al tema de la no indemnización.

EC - ¿Era previsible esta posibilidad?

FM - No era previsible, es fruto de las circunstancias, pero se puede explicar que haga esas declaraciones, y habría que ver en qué contexto de conferencia de prensa fueron dichas. Por ejemplo, el tema de la no indemnización, por supuesto que no hay indemnización porque no ha habido confiscación ni expropiación de las inversiones extranjeras, Petrobras, Repsol y todas las demás están negociando con el Estado boliviano los términos de los nuevos contratos, y están negociando la transferencia de acciones en algunos casos para el Estado boliviano. Pero en realidad no puede haber indemnización porque no ha habido confiscación, no ha habido expropiación. Es simplemente a mi juicio una aclaración.

En el caso de la declaración sobre España, sobre las "promesas" del gobierno español, yo veo una modificación de los términos convencionales de la relación entre Estados.

EC - ¿Por qué lo dice?

FM - Porque estamos ante un presidente que representa y reivindica derechos indígenas y en este claramente hay una impugnación desde el discurso de Evo Morales a la relación de dominación cordial que tuvo con España y las consecuencias de eso para los pueblos indígenas que habitan el territorio boliviano. En ese sentido es de otra manera la mirada. Y lo que de fondo creo que está impugnando Evo Morales es el hecho de la promesa realizada y no cumplida, es decir, aquellas promesas que en pasillos en forma informal se plantean, que en los códigos con los que se mueve Evo Morales son percibidas como palabra empeñada. Y si viene una impugnación por una medida política, ahí viene el reclamo del incumplimiento de las cosas. Es una forma de relación que se sale de los cánones de la diplomacia, en esa manera parece que fueran hasta un poco agresivas.

EC - En el discurso de ayer el presidente Morales dijo que de los más de 70 contratos de operación en hidrocarburos ninguno había sido ratificado por el Congreso y, por tanto, eran inconstitucionales. ¿A qué se refiere el presidente Morales con estas aseveraciones? Porque estas empresas estaban operando desde la época de las privatizaciones, en 1996, o sea, no estamos hablando de una situación nueva.

FM - Para no embregar a tu audiencia con mucho detalle, el tema en general es este: según la ley de hidrocarburos, la que está vigente desde 1996, a partir de la nueva ley que fue fruto de referéndum sobre hidrocarburos, los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos que suscribe el Estado boliviano con empresas extranjeras, tenían que ser motivo de aprobación congresal. Sin embargo no ocurrió esto en muchos de los casos, y particularmente en el caso de los dos campos gasíferos más grandes que hay actualmente en explotación en Bolivia, que son los únicos dos que han quedado sometidos, mediante el decreto de nacionalización, a una modificación en los porcentajes de tributación, por lo que las empresas tendrían que pagar 82% de impuesto y no 18%, como establecía el contrato. Este contrato inconstitucional en estos casos es inconstitucional no solamente porque no pasó por el Congreso para su aprobación, sino porque figuró con una fecha de registro de 1996, 1997, cuando la época de su descubrimiento fue en los años setenta. Entonces la sospecha siempre fue que no se derivó al Congreso de la República porque había esta modificación de la fecha y en la medida en que no fueron aprobadas por el Parlamento, fueron impugnadas y el tribunal constitucional determinó la ilegalidad de esos contratos.

El gobierno de Evo Morales no ha hecho una confiscación y expropiación a partir de la ilegalidad de los contratos, está planteando que se hagan contratos, pero como no se conocen los anteriores modifica la relación tributaria. Ese es el punto de partida. Los 180 días que establece el gobierno son justamente para regularizar los contratos. Entonces la ilegalidad del contrato no es una excusa para la nacionalizar sino que la nacionalización más bien es un mecanismo para formalizar los contratos.

EC - En el caso concreto de Petrobras, que ocupa un lugar muy importante en este esquema de explotación de hidrocarburos, la compañía brasileña estatal controlaba el 14,5% de la riqueza gasífera boliviana, y gran parte del gas que consume Brasil le llega de Bolivia. Ayer en Viena Morales dice que los contratos son ilegales, pero va más allá y dijo que Petrobrás practica evasión fiscal en Bolivia. ¿Cómo es esto? Las autoridades de Petrobrás dijeron que estaban muy extrañadas por todos estos comentarios porque vinieron a darse inmediatamente después de que ayer mismo Brasil y Bolivia alcanzaran un acuerdo de negociación para el nuevo esquema de los decretos.

FM - Fue un error del presidente Morales confundir los casos. Ha habido acusaciones, está en proceso, en investigación el ejecutivo de la empresa Andina que tiene que ver con Repsol por contrabando. Hay otras empresas, Caco, por ejemplo, que estuvo hace dos años en juicio por evasión. Son procesos legales que están siguiéndose a estas empresas, no a Petrobras. Entonces creo que mezcló varios casos y los generalizó, evidentemente estaba equivocado. A mi juicio fue un error político hacer incidencia en el tema de la ilegalidad de las operaciones de Petrobras, justamente cuando un día antes estaba en la negociación.
Otra vez, yo trato de entender esto como estrategia discursiva hacia un período de negociación. Mientras Petrobras está diciendo como empresa y está presionando a través de medios de comunicación brasileños al gobierno de Lula a que tome una posición dura contra Bolivia, de presión contra el gobierno de Evo Morales para en la negociación de 180 días no modificar lo que ellos consideran de acuerdo con sus intereses que es apropiado, que es el mantenimiento de los precios de venta del gas. Y el gobierno de Evo Morales –de ahí el tono de sus declaraciones–, utiliza otra estrategia para estar en mejores situaciones de negociaciones.

EC - También en ese marco hay que inscribir esas otras declaraciones, cuando dijo que no tenía por qué consultar al presidente brasileño, Lula da Silva, a la hora de tomar la decisión de la nacionalización, aunque involucrara a empresas brasileñas, incluso estatales.

FM - Además la pregunta venía con doble intención, Brasil está utilizando los sectores opositores a Lula muy fuertemente, que es el tema de la supuesta injerencia de Chávez en las decisiones del presidente Morales. Otra vez lo mismo que con los españoles, ¿qué está diciendo Evo Morales a los españoles? Cuando yo soy candidato a la presidencia me ofrecen doblar la ayuda económica y condonar la deuda externa, qué simpático este candidato de apellido indígena, y cuando sea presidente no se cumple. Igual, cuando es candidato Evo Morales es socialista, es poco menos que el ahijado de Lula y toma decisiones como presidente, ¿y por qué no consultó a Lula, que es el hermano mayor y el país más poderoso de América, etcétera? Evo Morales viene de una cultura de subordinación pero ahora está en situación de protagonismo y capacidad hegemónica, entonces es contestatario.

EC - A partir de declaraciones como las de ayer y de las decisiones que ya ha tomado y que anuncia que va a tomar, porque se anuncia que viene ahora una confiscación de tierras, que se redistribuirán entre 11 y 14 millones de hectáreas de tierras a grupos indígenas y campesinos, con este tipo de políticas y con este tipo de discurso, ¿qué pasará con Bolivia como receptor de inversiones en el exterior? ¿El presidente Morales podrá convocar a capitales internacionales con actitudes que en principio suenan agresivas, poco amistosas con el empresariado?

FM - Suenan, pero otra vez, no es el decreto de nacionalización que ha causado tanto estruendo sino el tenor del decreto, no hay ninguna acción contra la inversión extranjera, excepto con aquellas que establece el cumplimiento de la ley. Está basada en un referéndum popular y la ley de hidrocarburos, el decreto no se aparta de esos criterios. El tema de tierras no es confiscación, no es confiscación lo que ha planteado, y lo único que se ha señalado, que no es solamente algo formulado por Evo Morales, es simplemente aplicar la letra de la Constitución política del Estado que, como toda Constitución moderna, en el caso boliviano establece la prohibición expresa del latifundio. Y lo que existe hoy en el país es latifundio oculto, disfrazado, entonces esa aplicación de la Constitución. Una política de distribución de tierras es casi una necesidad para el país. Claro, el discurso que acompaña a veces va matizado con nociones como segunda reforma agraria –nunca dijo confiscación–, eso ha sido utilizado por sus detractores.

EC - ¿Pero qué termina ocurriendo como resultado en cuanto al clima de inversión en Bolivia?

FM - Otra vez, en la medida que se ajuste, se adapte a la norma constitucional y a la ley de la reforma agraria supongo que nadie puede decir que es un atentado contra las inversiones y que se pone en riesgo la seguridad jurídica, porque lo que está haciendo es cumplir la ley.   

Fuente: lafogata.org