Esta semana tuvo como protagonistas a dos periodistas, Martín Sarthou, de Canal
12, y Roger Rodríguez, de La República. A veces es inevitable que el periodista,
vehículo de otros protagonismos, sea él mismo objeto de noticia. Cuando ello
ocurre, casi invariablemente la noticia está vinculada a sucesos referidos al
deber de informar, y a sus consecuencias.
En principio, las circunstancias parecen ser completamente diferentes. Uno de
los colegas enfrenta el peligro de un juicio en Estados Unidos; el otro recibe
un merecido homenaje por su trabajo periodístico. Sin embargo, ambas historias
refieren a elementos básicos compartidos: la censura, explícita o encubierta; la
acción del poder manipulando la comunicación; el ambiguo y a veces hipócrita
comportamiento de los dueños de los medios masivos.
SARTHOU
Hace poco menos de un mes el informativo de Canal 12 difundió imágenes
impactantes de la comparecencia del banquero uruguayo Juan Peirano Basso ante un
juez de Miami, quien debe resolver sobre el pedido de extradición solicitado por
la justicia uruguaya en la causa que investiga el vaciamiento del Banco
Montevideo. Juan Peirano, un prófugo tan notorio como el coronel Manuel Cordero,
aparecía en las imágenes esposado y con grilletes.
Con la crónica de Sarthou sobre los detalles de esa instancia judicial, la
cobertura de Canal 12 fue todo un acierto. Peirano había eludido por años la
búsqueda policial; había contado con la oportuna "ineficiencia" del gobierno
(incapaz de detectar las fugaces visitas del prófugo a Uruguay); se había
beneficiado del apoyo de sus poderosas e influyentes amistades financieras y
políticas en Estados Unidos; y se daba el lujo de influir, desde su
"clandestinidad", en las instancias del proceso judicial que se tramitaba en
Uruguay. Las esposas y los grilletes tuvieron la virtud de enfocar la imagen a
la medida de su verdadera condición: la de reo de la justicia.
Como se sabe, la divulgación de noticias nunca es inocente, ni siquiera el
anuncio del estado del tiempo, pero la cobertura de Canal 12 se ajustó a dos
preceptos: la veracidad y el interés público. La notoriedad de Peirano y el
impacto de sus actos sobre la sociedad justifican lo segundo; las imágenes
confirman lo primero. Pero el banquero ladrón olvidó que "calavera no chilla";
acostumbrado a la impunidad que deriva de las relaciones del poder, instó a sus
abogados a formular una denuncia contra el periodista, amparado en la práctica
estadounidense de impedir el registro fotográfico de las audiencias judiciales,
que supuestamente lesiona la intimidad de los indagados. La denuncia, sin
embargo, fue mucho más allá: los abogados sostuvieron que la información de
Sarthou es parte de un operativo político que llevan adelante el gobierno y la
justicia uruguayos contra la familia Peirano.
El exceso desemboca en un ataque contra la libertad de prensa. Habría que
demostrar que los jueces y el gobierno se han puesto de acuerdo con Teledoce con
el propósito de perjudicar a Peirano. (Y por ese exceso el presidente Vázquez
anunció, el miércoles 8 en Salto, que el gobierno respaldará al periodista.) La
demanda flaquea, entre otras cosas, porque ni siquiera está probado que Sarthou
sea el responsable de la obtención de las imágenes. Teledoce ha afirmado que se
hace responsable de la emisión y que no está dispuesto a revelar la identidad de
quien se las aportó. La Asociación de la Prensa Uruguaya (apu) emitió una
declaración de apoyo al periodista y denunció el ataque al ejercicio de la
libertad de prensa que supone la denuncia presentada por el extraditable.
Queda claro que la acción judicial, que obliga a Sarthou a presentarse ante el
juez de Miami y a exponerse a la eventualidad de una condena de 30 días de
prisión, no tiene otro objeto que amedrentar a la prensa y a los periodistas,
ejercer presión para instalar la autocensura, e influir sobre los jueces. Porque
la demanda está destinada a actuar sobre los periodistas y los medios uruguayos
en la inminencia de la extradición de Peirano.
RODRÍGUEZ
El lunes 6, diversas organizaciones de derechos humanos Serpaj, Ielsur,
Familiares de Detenidos-Desaparecidos y la apu rindieron homenaje al periodista
Roger Rodríguez por su contribución a la búsqueda de la verdad, en su dilatada
tarea de investigación periodística sobre las violaciones a los derechos
humanos. En el acto hicieron uso de la palabra el abogado Óscar López
Goldaracena, Mara Martínez, Sara Méndez y el periodista Rodolfo Porley. Todos
destacaron la constancia de Rodríguez, desde sus iniciales artículos publicados
al final de la dictadura, en la investigación de los casos de desaparecidos y
niños secuestrados; y también destacaron cómo su trabajo se integró al esfuerzo
colectivo de desmoronar la impunidad.
Las investigaciones de Rodríguez, adscritas a un estricto sentido del deber de
comunicar, son también ejemplo de un compromiso que no colide con la función del
periodista; por el contrario, es una derivación natural, inevitable, del acto de
informar. Indagar, descubrir, exhibir, se convierte en una obligación, y cuanto
más ocultos se mantienen los hechos más comprometida es la tarea, más son los
riesgos que se afrontan, más es la soledad y la exposición respecto de los
intereses parapetados en el secreto y la impunidad.
La labor periodística de Rodríguez puede ser aquilatada en dos planos: en el
general, de una constante producción en un lapso dilatado, donde la
investigación de las aberraciones del terrorismo de Estado enfrenta las
dificultades para avanzar y develar, y donde el legítimo objetivo de obtener la
noticia se funde con la conciencia de la trascendencia del trabajo, un trabajo
que es colectivo y se nutre del esfuerzo de los otros empeñados en transitar el
mismo camino.
Y otro plano, puntual, que en las especiales y difíciles características del
tratamiento de estos temas pocas veces se logra de forma contundente: la
satisfacción de romper cerrojos, abrir puertas, que cumplen con el objetivo de
aportar a la sociedad el conocimiento de hechos trascendentes para la vida
cotidiana, y cuyas repercusiones calan en todos los niveles.
Rodríguez experimentó esa satisfacción en por lo menos tres informes: la
confirmación de la existencia de un "segundo vuelo", traslado clandestino de
uruguayos prisioneros en Argentina cuya derivación principal es la comprobación
de que las Fuerzas Armadas aplicaron en nuestro país el asesinato masivo
(derrumbando la fábula de que las desapariciones fueron producto de "excesos" en
los interrogatorios); la obtención de datos que permitieron la ubicación de
Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez secuestrado en 1976 en Buenos Aires; y la
existencia de una base clandestina de detención, llamada Valparaíso, en la zona
de Villa Dolores, donde convergían aquellos prisioneros que iban a ser
asesinados.
Por sí solos, estos tres ejemplos justifican el merecido homenaje que los
organismos de derechos humanos rindieron al periodista, y si no estuviéramos en
el país del ninguneo, el reconocimiento a Rodríguez debería haber sido
universal. Por mucho menos otros colegas reciben premios internacionales. Hay
que decir que la labor periodística de Rodríguez en la búsqueda de Simón
complementaria de la dedicación del senador Rafael Michelini no sólo enfrentó
las dificultades de obtener información en fuentes de difícil ubicación y
acceso, sino también los escollos que interpusieron algunos investigadores que
funcionaban en el ámbito de la Comisión para la Paz. Dicho sea de paso, las
pistas que desembocaron en la ubicación de Simón fueron producto de lo que la
ciencia define como suma de improbabilidades: tanto el periodista como Michelini
llegaron a Simón buscando pistas del otro misterio mayor, los asesinatos de
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y ello es una comprobación de que vale
la pena la constancia.
Pero el caso del segundo vuelo es paradigmático porque exhibe la presión del
poder, la autocensura de los medios, su complicidad, y aquel doblar el pescuezo,
hacer la vista gorda, que compromete la actuación de buena parte del espectro
político. La existencia del segundo vuelo había sido una hipótesis reiterada en
varias publicaciones, pero la revelación de Rodríguez logró el elemento
decisivo: su confirmación. Con todas sus implicancias, la primicia de Rodríguez
fue ignorada al menos durante dos años por el gobierno de Jorge Batlle, por la
justicia, por los partidos políticos y por los grandes medios. Recién cuando el
comandante de la Fuerza Aérea decidió, por iniciativa propia, admitir su
existencia en el informe que elevó al presidente Tabaré Vázquez en agosto de
2005, las implicancias del suceso adquirieron repercusión. La mayoría de los
diarios y la televisión ignoraron aquella primicia de Rodríguez, y el silencio
de entonces fue tan abundante como la información que hoy se brinda sobre el
mismo tema.
¿Por qué entonces no hablamos de todos los extremos de la libertad de prensa?
Eludir la responsabilidad de aquella omisión pone en cuestión la labor de
información que ahora se despliega. Así como es cuestionable exigir a aquellos
que viven en la pobreza, marginados, que esperen con calma a que se den las
condiciones para modificar su situación, es inaceptable cualquier argumento que
justifique las razones para secuestrar el derecho de la gente a saber. Y eso no
tiene que ver con la libertad de prensa, tiene que ver con la democracia
informativa. Hay un último aspecto que alumbra sobre mezquindades: las acciones
judiciales contra Sarthou han sido ignoradas por La República; el homenaje a
Rodríguez fue ignorado por El País y El Observador.
