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Latinoamérica
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Todo tiempo pasado, ¿fue mejor?
Manuel Acuña Asenjo
Argenpress
En Chile, país latinoamericano del Cono Sur, trazo geográfico extendido entre el
océano Pacífico y los Andes, pudo una dictadura sanguinaria, en la cuarta parte
del pasado siglo, imponer exitosamente un modelo social elogiado hoy no sólo por
el estamento dirigente criollo (académicos, empresarios, políticos), sino además
por los mandatarios y clases dominantes de otras naciones. Milagro, le han
llamado, apelando a la obra de una divinidad. Milagro económico. Porque, cuando
tales estamentos quieren obviar el nombre del productor de la riqueza acumulada,
recurren a invocar a la divinidad y atribuir a un acto suyo lo que deberían
llamar, simplemente, mayor extracción de plusvalor. Entonces, cuando se hace
presente alguna protesta y las clases dominadas salen a la calle a reclamar por
sus derechos, la dirigencia no encuentra nada mejor que atribuir esa
circunstancia a la acción de sectores empeñados en causar problemas a quien se
sienta en el sillón de la presidencia de la nación. Los movimientos sociales
pasan, por consiguiente, a ser obra de sujetos malvados.
Es un hecho cierto que la historia jamás hace críticas de sí misma. Por eso,
cada sociedad mira hacia el pasado como si fuese producto suyo en lugar de
reconocerse, precisamente, en el carácter de resultado de aquel. Chile no es una
excepción a esa constante: también el presente es el modelo del pasado. Porque
el hoy es una culminación, el más alto grado al que - presuntamente-' puede
llegar el desarrollo de la nación. El argumento es el siguiente: el hoy es el
universo dentro del cual hacen su aparición todos los adelantos técnicos de los
que no dispuso el ayer; el pasado es, por consiguiente, ‘atraso'. Tal
raciocinio, asombrosamente simple, permite juzgar severamente a quienes nos
precedieron, por el solo hecho de no haber dispuesto de los medios que nos
ofrece hoy tal presunto ‘desarrollo' de la sociedad. La historia se transforma
en el espejo donde se reflejan nuestras formas de ser: la hemos hecho
retrospectiva para poder justificar tanto nuestra propia miseria como las
desigualdades aberrantes de cuyo establecimiento hemos sido cómplices.
En el Chile predictatorial (¿no sucedió, acaso, de manera similar con los demás
países latinoamericanos? ¿No sucedió así en todas las naciones?) podían los
trabajadores, simples vendedores de fuerza o capacidad de trabajo, ejercer un
sinnúmero de derechos. Conquistas laborales obtenidas tras largas luchas y
jornadas de desvelo, logros de extraordinario contenido social se tradujeron en
disposiciones legales repartidas a lo largo y ancho del frondoso bosque de la
juridicidad criolla. El esfuerzo de las generaciones que nos habían precedido
estaba allí, vigente, vivo, presente en beneficios que cada asalariado podía
ejercer sin restricción alguna. Recordemos algunos de ellos. Atrevámonos a mirar
el pasado como parte de nuestras vidas. Asombrémonos de lo que hemos perdido.
Comparemos. Estremezcámonos ante la sociedad que dejamos en calidad de legado a
nuestros propios hijos. Seamos capaces de contemplar, de una vez por todas,
nuestra propia miseria. Recuperemos la memoria histórica.
En el Chile de antes de la dictadura, existía un derecho indiscutible; se le
llamaba propiedad del empleo, y podía resumirse en una frase extremadamente
simple: ninguna persona podía ser despedida sin causa justificada, cambiada de
grado o trasladada de su lugar de trabajo sin que ella lo consintiese
expresamente. Nada amenazaba la estabilidad del trabajador, a pesar de la
discriminación legal que distinguía entre obreros y empleados según predominasen
las labores manuales o intelectuales en el trabajo. Existía, por consiguiente,
seguridad en el empleo. Si, por cualquier motivo, trasgredía algún empresario
las disposiciones legales, tal circunstancia se ponía en conocimiento de los
tribunales especiales para que éstos se pronunciasen al respecto, sin perjuicio
de la fiscalización que sobre las condiciones laborales tenía una institución de
Gobierno denominado ‘Dirección del Trabajo'. Este organismo tenía facultades
para aplicar fuertes multas a las empresas en caso de sorprenderlas en
infracciones al Código del Trabajo o leyes complementarias.
Al igual que existía estabilidad laboral, también era posible descubrir en el
mundo del trabajo una suerte de estabilidad ‘remuneracional': sueldos y
salarios, categorías establecidas para empleados y obreros, según su calidad, no
podían reducirse por la sola voluntad del empleador. Fijado el monto de la
remuneración del trabajador, le estaba estrictamente vedado al patrón cualquier
intento suyo de reducirlo. En consecuencia, los pagos que debía recibir el
trabajador no dependían del éxito de los negocios del empresario: eran estables.
El riesgo era de quien se aventuraba a hacer negocios (el patrón o empleador),
no de su dependiente o trabajador que escasa ingerencia tenía respecto de las
maniobras suyas.
Sin perjuicio de lo señalado más arriba, el Código del Trabajo fijaba el tipo de
remuneraciones que todo empresario debía pagar al trabajador; dicho de otro
modo, estaba establecido por ley el tipo de remuneraciones que todo patrón o
empleador había de pagar a su dependiente. Estas no eran otras que sueldo,
sobresueldo (horas extraordinarias o sobre tiempo), comisiones, gratificaciones
y participación en las utilidades; su percepción constituía un derecho
irrenunciable. El sueldo mínimo que existía era fijado en función a una canasta
mínima de necesidades, que contemplaba factores tales como el pago de una
habitación, vestuario, alimentación, escolaridad, etc. No reflejaba,
exactamente, las necesidades del trabajador pues rápidamente se deterioraba como
consecuencia de la inflación galopante, flagelo que afectaba a la nación en
forma periódica.
Las remuneraciones de los trabajadores aumentaban, anualmente, en base a dos
sistemas:
1. El primero decía relación con la mantención del poder adquisitivo de
empleados, obreros y jubilados. Se trataba de las leyes de ‘reajuste de sueldos,
salarios y pensiones' que se dictaban año tras año, para compensar el deterioro
de las remuneraciones por efectos de la inflación;
2. El segundo era el beneficio contemplado en el propio Código del Trabajo que
obligaba a los patrones a aumentar las remuneraciones de sus trabajadores en un
3% a medida que cumplían un nuevo año de servicios; éste era de un 10% cada tres
años, cuando el 3% no era concedido. Se trataba de un derecho optativo para el
patrón, pero además una obligación
La pertenencia a alguna empresa también otorgaba derechos. El trabajador podía
adquirir grados dentro de la escala jerárquica de aquella en virtud de su
antigüedad, y ascender por la misma hasta alcanzar los más altos cargos, pues la
experiencia o práctica gozaba de gran consideración. Este derecho era conocido
como carrera funcionaria. Es cierto que ya en esos años se discutía acerca de la
‘preparación' y ‘capacidad' del trabajador como conceptos contrapuestos a la
‘experiencia'; los patrones habían comenzado a trabajar en función de enemistar
a los jóvenes con los viejos y acelerar, de esa manera, la ejecución de lo que
ya se conocía como ‘lucha generacional'. Se buscaba, en el fondo, sentar las
bases para la sustitución de los empleados ‘caros' (antiguos) por los ‘baratos'
(nuevos) bajo el estigma de una presunta necesidad de reemplazar al personal ‘no
calificado' por otro que sí fuese ‘calificado'.
Las leyes de ese entonces obligaban a los patrones a destinar el 5% de sus
utilidades a la formación de un Fondo destinado a adquirir casas para sus
trabajadores; esta disposición no era incompatible con las contempladas en el
llamado ‘Plan Habitacional', que también contenían obligaciones impositivas
orientadas a promover la construcción de habitaciones en todo el país; ni,
tampoco, con los beneficios concedidos por las Cajas de Previsión. Por el
contrario: estos últimos podían sumarse a aquellos consagrados por la ley. El
objetivo era acelerar una pronta solución al problema de la vivienda.
Algo que puede hoy sorprender es la propiedad real y efectiva que los
trabajadores tenían sobre sus fondos previsionales. Cada afiliado a una de las
Cajas de Previsión del país podía ejercer control, uso y disposición sobre los
dineros que, a su nombre, depositaban los empresarios en aquellas. Podía, por
tanto, retirar gran parte de los mismos y ocuparlos en solucionar sus propias
necesidades o darlos en garantía por mutuos obtenidos en la propia institución.
Por si aquello fuere poco, también el trabajador tenía control sobre las
llamadas ‘Cajas de Previsión', como se verá más adelante.
El derecho a jubilación comenzaba a ejercerse a partir de los 30 años de trabajo
al servicio de uno o varios patrones. Este derecho era más generoso aún con
aquellos trabajadores que debían desempeñar labores extractivas o de mayor
peligrosidad que las demás, y con aquellos que habían celebrado pactos
especiales de jubilación con sus respectivas Cajas de Previsión. Semejante
derecho permitía a los trabajadores disfrutar de la jubilación durante un largo
período de su vida: se correspondía tal beneficio con el concepto mismo de
jubilación, que proviene de la voz latina iubilatio, indicativa del ‘júbilo',
goce o alegría a experimentar luego de una vida de sacrificios. En la
civilización cristiana, la jubilación correspondía al término del castigo
bíblico impuesto por Yahvé a la especie humana de tener que ganarse el pan con
el sudor de la frente.
En este mismo orden de derechos, los empleados afiliados a la Caja Bancaria de
Pensiones poseían uno adicional: la jubilación podía pactarse a partir de los 13
años de servicios. Cuando se hacía uso de aquel, el beneficiario podía gozar de
una remuneración que equivalía a la mitad de lo que le correspondería percibir
si hubiere cumplido los 30 años de servicio. Esta media pensión no era
incompatible con el desempeño de un nuevo trabajo.
Otro de los derechos que competía a los trabajadores en servicio hasta antes del
golpe militar de 1973 era la facultad que tenían para elegir a sus propios
representantes ante el directorio de las Cajas de Previsión. En algunos casos,
los representantes de los trabajadores ante esos directorios alcanzaban a un 50%
del total de sus miembros. El presidente de la institución era nombrado por los
directores, cuya otra mitad representaba a los empresarios. El Gobierno actuaba
en caso de desacuerdo del directorio, nombrando al presidente del Consejo.
Los trabajadores pudieron elegir, además, y en casos muy especiales, a
representantes suyos ante otras instituciones públicas. Pero como casi
generalmente se trataba tan solo de un director, la posibilidad de modificar
acuerdos o influir en resoluciones abiertamente favorables a los trabajadores
era, prácticamente, nula; pero existía, de todas manera, el derecho a voz. La
Unidad Popular resolvió drásticamente este problema concediendo representación
paritaria de trabajadores y representantes del gobierno en todas las empresas
que fueron estatizadas o compradas por el estado. De modo similar se hizo con el
directorio del Banco Central.
Una circunstancia que puede ayudar a entender acerca de cómo pudieron ser
posibles tales logros es la fortaleza que acusaban las organizaciones sociales y
sindicales del pasado. Total, la historia no es sino el resultado de una lucha
de clases, a menudo despiadada, cruel, desatada por las clases dominantes en
contra de los dominados, por obtener cada vez mayores cuotas de plusvalor. Las
clases dominadas chilenas estaban muy organizadas, y sus herramientas sindicales
y sociales fueron gigantescas, extraordinariamente sólidas y económicamente
fuertes. Existían poderosos sindicatos, grandes federaciones de sindicatos,
enormes asociaciones de empleados fiscales. El poder de los trabajadores
alcanzaba tal magnitud que, incluso, durante el gobierno de la Unidad Popular,
las organizaciones sociales fueron capaces de darse la estructura orgánica que
mejor se avenía a sus propios intereses, aún cuando la ley establecía formas
diferentes para hacerlo. En algunos sindicatos fue frecuente el uso de la
‘licencia gremial', facultad que se concedía a ciertos dirigentes sindicales
para asistir o no al trabajo y dedicar ese tiempo libre a la defensa y atención
de los intereses de los afiliados a su organización.
Como ya se ha expresado, todos estos beneficios o conquistas sociales, fruto de
largas y agobiantes jornadas, no sólo se mantuvieron durante el período de la
Unidad Popular, sino en su generalidad se profundizaron. El trabajador decidía,
en gran medida, no sólo el rumbo de las empresas estatizadas, sino hasta el de
los organismos públicos. Fue natural, por consiguiente, que tales impresionantes
avances sociales no sólo crearan inquietud al interior de los sectores
conservadores de la sociedad, sino les obligaran a iniciar una sistemática
campaña destinada a convencer al conjunto social acerca de una presunta
‘ingobernabilidad' del país. O, como lo retratara el general de aviación Gustavo
Leigh Guzmán, un ‘caos social, moral, económico y político'.
Este artículo no pretende, sin embargo, analizar in extenso el período del
Gobierno Popular. No es nuestro interés. Por ahora. Detengámonos, no obstante, a
describir brevemente lo que sucedía con las Cajas de Previsión.
Las Cajas de Previsión eran instituciones destinadas a velar, como su nombre lo
indicaba, por la previsión de sus afiliados. Creadas por leyes diferentes en
épocas también diferentes, adoptaron en su organización una forma de
administración compartida dentro de la cual participaban representantes tanto de
los empresarios y trabajadores como de los pensionados y del gobierno. La
previsión chilena se organizó tomando como base el llamado ‘sistema de
solidaridad' o ‘sistema de reparto', según el cual las cotizaciones de los
trabajadores de la presente generación habían de contribuir al pago de las
jubilaciones de la generación precedente. Pero este sistema se aplicaba tan solo
en principio pues, como se ha visto, por una parte, cada trabajador era
propietario real y efectivo de sus fondos previsionales y podía disponer de
ellos, incluso, retirándolos; por otra parte, la generalidad de las Cajas de
Previsión trabajaba el dinero que recibía de sus asociados, creando beneficios
para ellos y obteniendo ganancias por esa gestión. Porque los beneficios se
ofrecían a los afiliados a la institución a precios más bajos que los fijados
para similares productos en el mercado. Y aún así el negocio resultaba rentable.
De entre aquellas garantías, podemos señalar, sin que la enumeración resulte
taxativa:
- préstamos de auxilio, verdaderos mutuos sin garantía, de monto exiguo,
destinados, preferentemente, a resolver problemas económicos inmediatos y
urgentes;
- préstamos de inversión, mutuos a veces con garantía, a veces sin garantía, de
mayor volumen, orientados al alhajamiento del hogar y a la adquisición de bienes
durables (refrigeradores, cocinas, lavadoras, televisión);
- préstamos habitacionales para la adquisición de viviendas construidas a veces
por la misma Caja de Previsión, otras veces por instituciones ajenas a ellas; la
garantía que se exigía era la propia vivienda. Se trataba de créditos
hipotecarios, similares a los que concedía la Caja de Crédito Hipotecario - más
tarde Banco del Estado de Chile- , Banco Hipotecario o la propia Corporación de
la Vivienda;
- construcción de viviendas para sus afiliados con garantía de una primera
hipoteca sobre el bien raíz entregado;
- establecimiento de casas de reposo para los jubilados;
- creación de centros o campos deportivos para sus afiliados;
- habilitación de centros, casas o colonias de veraneo. Destacó, en esta parte,
la Caja Bancaria de Pensiones que compró en Algarrobo los hoteles Cantábrico y
Aguirrebeña para recibir allí a los bancarios; en Santiago tuvo dos hoteles para
atender a quienes llegaban de provincia;
- establecimiento de clínicas, hospitales y centros asistenciales; e,
- incluso, apertura de restaurantes y centros sociales para la promoción de la
camaradería entre sus afiliados.
¿Un mundo feliz? De ninguna manera. Simplemente, un mundo diferente. Un mundo
que se organizó sobre la base de la fuerza sindical, un mundo que confió más en
su propio poder que en el de los empresarios y capitalistas privados y consiguió
disminuir las aberrantes diferencias que separaban a los sectores ricos de los
pobres.
No era un sistema perfecto, en verdad, y por tal circunstancia requería de
ajustes y reajustes profundos y urgentes, pero no de su abolición; ni, menos, de
su completa extinción. No obstante, fue desmontado y destruido hasta sus
cimientos, sin que siquiera un trabajador pudiese levantar la voz en su defensa.
El por qué de tal acción, las razones de esas transformaciones sólo se explican
en virtud de la lucha de clases: de una lucha de clases feroz, implacable,
desatada desde las cimas del estado contra una población indefensa. Sin embargo,
las clases dominantes jamás recurren a tales conceptos - que desvelarían sus
propósitos-' para justificar sus actos. Se habló, así, de la necesidad de
construir un ‘nuevo Chile', de acabar con una presunta ‘corrupción', de existir
‘imposibilidad para el pago de las pensiones', en fin. A pesar de ello, lo
sucedido con las Cajas de Previsión puede acercarnos una explicación más
racional.
Cuando, bajo la dictadura, se ‘comprobó' que el sistema previsional chileno
estaba, prácticamente, ‘quebrado' y urgía privatizarlo o, lo que era igual,
venderlo a capitalistas privados, no sorprendió que tal expropiación se
realizara sólo respecto del estamento laboral y no del personal militar; Es
decir, que se aplicara sólo a los trabajadores y no a los militares que también
tenían una Caja de Previsión que se llamaba ‘Caja de previsión de la Defensa
Nacional'. Para ésta no rigió la condena a muerte de todo el sistema previsional.
En su carácter de institución de las fuerzas armadas, al parecer, no estaba
‘quebrada', se ‘financiaba', era ‘rentable'.
Existe una explicación más profunda: la dictadura no se estableció para resolver
los problemas del ‘país', sino para hacer que la sociedad, en su conjunto, fuese
más rentable para las clases dominantes. Su primera misión no era resolver el
problema previsional sino desarticular toda la estructura de poder social
organizada por el proverbial enemigo del empresariado que era (es y seguirá
siéndolo) el sector de los vendedores de fuerza o capacidad de trabajo. Ultimar
a las Cajas de Previsión implicaba tomar bajo su control la totalidad de los
ahorros laborales del país, hacerse con el dinero de todo el sector laboral y
ponerlo a disposición de los capitalistas privados. La dictadura sabía que los
mayores volúmenes de dinero se encuentran, siempre, en poder de la mayoría
social aritmética, y que los mejores negocios se realizan allí donde las
multitudes aportan su cuota de sacrificios. Ello explica que una institución
rentable como lo fue la Caja Bancaria de Pensiones, fuese destruida en su
totalidad y entregados sus despojos al uso de capitalistas privados. Antiguos
funcionarios de esa institución (los ministros de la dictadura Sergio Fernández
y Vasco Costa), jamás dieron explicaciones al respecto; menos aún indicar qué se
hizo con el dinero de la venta de los cines Gran Palace, Astor y Santa Lucía,
del obtenido con la venta de la casa de reposo de Las Condes, del restaurante de
Las Condes, de los hoteles de Algarrobo, de los hoteles de Santiago y cuál fue
la razón de la venta y traspaso del hospital bancario a la institución que más
tarde se daría a conocer como ‘BanMédica'. Pero, olvidemos todas estas
particularidades; el despojo a la clase trabajadora se realizó respecto de todos
sus derechos laborales.
No por otra cosa podemos, hoy, luego de más de tres lustros de democracia,
entregar tan desolador balance:
- No existe para el trabajador propiedad de empleo alguna; por el contrario,
periódicamente salta el vendedor de fuerza o capacidad de trabajo de la
ocupación a la desocupación, de un cargo o lugar de trabajo a otro, como lo hace
un electrón, en forma incesante, al compás de las fluctuaciones del mercado.
Privado de toda ingerencia en los negocios del patrón, es el primero en ser
sancionado por los desaciertos de aquel.
- Ha desaparecido la irreducibilidad de las remuneraciones. El riesgo de la
aventura empresarial se ha trasladado desde el patrón al trabajador que nada
tiene que ver con el negocio. Así como el desacierto en la conducción de la
empresa permite hacer recaer la responsabilidad o culpa del patrón sobre su
dependiente y despedirlo, también puede aquel reducir su sueldo de acuerdo a las
fluctuaciones del mercado. Es lo que se conoce bajo el eufemístico nombre de
‘flexibilidad laboral'. No lo olvidemos, la defensa de los derechos del
trabajador en la sociedad post dictatorial adquiere una connotación despectiva:
se dice que la imposibilidad de reducir las remuneraciones es un lastre para la
economía y conduce, por consiguiente, a una ‘rigidez laboral', ‘rigidez
salarial' o, también, si se quiere, ‘rigidez contractual'.
- El estudio de la carrera funcionaria forma hoy parte del acervo teórico de la
Arqueología social. Sustituida la ‘experiencia' por el imperio de la
‘capacidad', ha permitido la multiplicación de las universidades privadas y, por
consiguiente, la proliferación de especialistas titulados hasta para el
desempeño de las más humildes profesiones; y, como era de esperarse, la
aparición del profesional cesante como regulador del precio de la fuerza de
trabajo de quienes han conseguido una ocupación. En consecuencia, las empresas
han sido liberadas del pago de la capacitación de sus trabajadores. La carga de
la preparación laboral ha sido transferida a los propios trabajadores.
- Las remuneraciones no aumentan de acuerdo a lo que establecen determinadas
disposiciones legales, sino se rigen por las leyes del mercado y lo que dispone
la dirección de cada empresa. Por consiguiente, los trabajadores más dóciles y
proclives a los requerimientos del patrón aumentan sus remuneraciones y
ascienden con más rapidez que los demás por la escala jerárquica, robusteciendo
con ello la verticalidad del mando y debilitando consecuentemente a la
organización sindical.
- Se ha puesto fin a todo plan habitacional en beneficio de los trabajadores
que, por lo mismo, deben volver sus ojos al mercado de la vivienda. La
construcción habitacional es un lucrativo negocio en el que participan, incluso,
estamentos gubernamentales y la concesión de los créditos para la adquisición de
la vivienda está entregada a manos de la Banca. El estado ha resuelto el
problema de su responsabilidad social con relación al problema, a través de la
concesión de una ayuda conocida bajo el nombre de ‘subsidio habitacional'; las
Asociaciones de Fondos Previsionales AFP (organizaciones que sustituyeron a las
Cajas de Previsión) no tienen ingerencia ni muestran interés alguno en la
solución de ese problema.
- Los fondos previsionales de los trabajadores del país han sido, virtualmente,
expropiados y transferidos a organizaciones capitalistas que emplean los dineros
en actividades bursátiles y especulativas cuando no envían dichos fondos al
exterior para realizar con ellos operaciones altamente riesgosas. Los
trabajadores no tienen ingerencia alguna en tales negocios; mucho menos, en
cuanto a participar en la dirección de las AFP.
- Las pensiones no se obtienen por el transcurso de ‘años de servicio' sino en
virtud de ‘años de vida', fijados actualmente en 65 y, al parecer, en un futuro
no muy lejano, en 67 o 70. Esto implica que si una persona, en la época anterior
a la instauración de la dictadura, había ingresado a trabajar a los 15 años y
podía jubilar a los 45 (después de 30 años de servicio), bajo las nuevas
disposiciones debería trabajar 20 años más. La ‘vida útil del trabajador'
(también es éste un término económico) se ha prolongado en favor del empresario.
Acrecienta, por consiguiente, la percepción de plusvalor absoluto y, también, la
riqueza del patrón (en términos genéricos). Consecuentemente, ha aumentado la
competencia laboral con la consiguiente baja en el precio de las remuneraciones:
el país se ha vuelto más 'rentable'.
- ¿Posibilidad de elegir representantes en las Cajas de Previsión o en las AFP?
Ni soñarlo. Las primeras no existen, como ya se ha dicho, y las segundas son
sociedades anónimas, algunas de las cuales han sido vendidas a consorcios
extranjeros. Los trabajadores están obligados a depositar sus dineros en tales
instituciones, a pagar a los administradores sueldos de ejecutivos regulados por
el mercado internacional y a recibir la pensión que fijan tales instituciones,
generalmente más baja a la establecida por el estado sin que les esté permitido
alegar derecho alguno. Otro hecho significativo es el siguiente: considerados en
el carácter de sujetos incapaces de administrar los fondos que poseen, se obliga
a los trabajadores a depender de una institución que sí puede especular y
arriesgar tales sumas en el mercado nacional e internacional, por lo que deben
pagar los respectivos sueldos de quienes realizan esas maniobras. Los sueldos de
los ejecutivos de las AFP son escandalosamente altos.
- Las instituciones estatales se han cerrado a la participación de los
trabajadores. Son estructuras al servicio del gran capital. Son parte del
estado, cuya función primordial es, como bien lo expresa Poulantzas, organizar
políticamente a las clases dominantes y desorganizar políticamente a las clases
dominadas.
- Una estructura social como la que se ha enunciado en esta parte ha llevado a
la muerte a las organizaciones sindicales. Muchos de los sindicatos y
federaciones se han extinguido de manera casi natural; aquellos que sobreviven,
lo hacen extremadamente debilitados. Una Central Unitaria de Trabajadores,
remedo de la vieja Central Unica de Trabajadores CUT, tremendamente burocrática
y alejada de los problemas sociales, aparece a menudo oscilando entre
negociaciones gubernamentales y amenazas de convocar a movilizaciones que pocas
veces cuentan con respaldo de las bases.
¿Podemos decir, como Jorge Manrique que todo o cualquier ‘tiempo pasado fue
mejor'? De ninguna manera. Un ‘tiempo pasado' no tiene por qué ser mejor que el
presente o aquel por venir; ni tampoco, peor. Afirmar categóricamente lo
contrario no pasa de ser una generalización temeraria y carente de fundamento o
el recurso literario obligado para la construcción de una metáfora. Los
individuos pueden vivir en tiempos que también pueden ser o no favorables a sus
respectivos intereses. Las historia nos enseña, además, que determinados
períodos en la vida de las naciones han resultado tremendamente beneficiosos
para las clases dominantes en tanto para las dominadas les han sido enormemente
perjudiciales. Y esas épocas pueden determinarse con la sola enumeración de las
conquistas alcanzadas o la conculcación de los derechos. Como lo expresáramos
anteriormente: depende del éxito que las clases dominantes hayan tenido en la
lucha, constantemente, desatada en contra de las clases dominadas para mantener
sus privilegios.
El saldo resulta, a menudo, desoladoramente desfavorable para estas últimas.
Incluso, en democracia. Como lo podemos apreciar en este breve artículo.
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