Latinoamérica

El gobierno lanzó una ofensiva contra las tierras improductivas. Hay rechazo opositor
 
Pablo Stefanoni
Clarín

La oposición al gobierno de Evo Morales intenta recuperar una iniciativa que se le presenta esquiva después de dos sonoras derrotas electorales. Una coalición de partidos conservadores y organizaciones empresariales —articulada en torno al Comité Cívico pro Santa Cruz— amenaza con movilizaciones para defender la "seguridad jurídica" de las propiedades agrarias, al tiempo que sus referentes iniciaron una batalla judicial contra la decisión de la Asamblea Constituyente de declararse "originaria", es decir, por encima de los tres poderes del Estado.

La espinosa cuestión de la tierra se reactivó con la ofensiva gubernamental contra los latifundios improductivos, una reforma parcial en la actual legislación pero suficiente para alterar los ánimos en las filas empresariales. "Nosotros le atribuimos a la nueva ley una misión: garantizar un rápido y masivo proceso de redistribución, con destino comunitario, de las tierras concentradas improductivamente", le dijo a Clarín el viceministro Alejandro Almaraz. Se refería a predios que no cumplen con la función económica social y son utilizados como garantía de operaciones financieras. "El gobierno quiere un derecho de propiedad condicionado, sin seguridad jurídica, y privilegia el sistema comunitario por encima de la explotación individual", señaló Fernando Messmer, jefe de la bancada en Diputados de Podemos, la principal fuerza opositora.

El viceministro de Tierras busca legitimar sus argumentos con la fuerza inapelable de los números: "Desde 1953 hasta 1992, el Consejo Nacional de Reforma Agraria distribuyó alrededor de 50.000.000 de hectáreas. El 70% fue a manos de empresas agropecuarias —con superficies mayores a 2.500 hectáreas— y sólo un 5% a las pequeñas propiedades campesinas". En 1953, los campesinos del Altiplano y los valles ocuparon las haciendas a punta de fusil y obligaron al gobierno surgido de la Revolución Nacional a repartir esas tierras. Pero en Santa Cruz la historia fue otra: al considerarse que se trataba de empresas agrícolas capitalistas y no de haciendas feudales las propiedades no fueron cuestionadas.

Esta semana, varias marchas de indígenas continuaban su camino hacia La Paz para presionar al Congreso, que este martes retomará las discusiones de los artículos más conflictivos. El mismo día, la Confederación Agropecuaria Nacional decidirá si toma medidas de fuerza. Evo Morales insiste en que lo suyo no es una mera reforma sino una revolución agraria para dotar a los campesinos pobres de "tierras, tractores y mercados".

En el proyecto de autonomía que reclama Santa Cruz se pide que la titulación de tierras sea una atribución de las autoridades locales. Pero esas demandas autonómicas deben ser aprobadas en una Asamblea Constituyente dominada por campesinos de poncho y ojotas que activan entre los sectores acomodados cruceños la imagen de la "revancha indígena". Ya hay amenazas de desconocimiento de la Constitución que salga de ese foro.

El pasado jueves, varios constituyentes opositores y dirigentes cívicos cruceños presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Rechazan el carácter soberano de la Asamblea Constituyente y reclaman que la nueva Carta Magna se vote por dos tercios y no por mayoría absoluta como quiere el partido oficialista, el MAS, que ya cuenta con ese número. Pero como la convención se declaró "originaria" ya anticipó que hará caso omiso de fallos judiciales.

Germán Antelo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, calificó el viernes como una acción de "prepotencia y abuso" la decisión del gobierno de aprobar la ley sin llegar a un consenso con los sectores empresariales.

"El gobierno y el Congreso juegan con fuego. Si esta norma se aprueba, será responsabilidad absoluta de los congresistas", advirtió el presidente de la Confederación Nacional de Agropecuarios, Mauricio Roca.

Frente a estos nubarrones, Evo Morales cuenta, otra vez, con elevados índices de popularidad que renacen cada vez que el mandatario activa la fibra nacionalista de los bolivianos y se muestra capaz de contener la conflictividad social. Esta vez fue la firma de los nuevos contratos petroleros. Según el último sondeo de la encuestadora independiente Equipos Mori su gestión cuenta con una aprobación del 63%.

Fuente: lafogata.org