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Gobierno de Evo Morales asesina a dos peones cocaleros
El Viceministro cocalero dice "no nos temblará la mano para hacer cumplir
la ley"
SN-CEP
Eran las 9.30 de la mañana del viernes 29, según el reporte de la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC: militares y policías), el contingente de uniformados se
dirigía a Pampa Amarilla, sindicato Iquna, en el Parque Nacional Carrasco, para
erradicar por la fuerza los cultivos de coca de los campesinos de la región. El
reporte militar, leído el viernes 29 en rueda de prensa por el ministro de
Defensa, Wálker San Miguel, dice que en el lugar les esperaban unos 200 hombres
y mujeres campesinos con dinamita y armas blancas y dispuestos a resistir la
eliminación de sus cocales. San Miguel calificó el hecho como "una emboscada
atribuida al narcotráfico organizado", pero irónicamente también dijo que "el
Gobierno lamenta que hayan fallecido dos campesinos".
El dirigente del sindicato Iquna, Emilio Caero, explicó que "estamos en
enfrentamiento con los de la Fuerza de Tarea Conjunta y nosotros, campesinos de
Vandiola de Totora". Según la Ley 1008, la región de Yungas de Vandiola en el
departamento de Cochabamba, está considerada como zona tradicional de cultivos y
libre de erradicación. Caero reveló que por la mañana se había comunicado con
San Miguel, y que éste le había dicho "en las zonas tradicionales no hay (no
debe haber) más coca".
El Gobierno del MAS está comprometido con los Estados Unidos a erradicar 5.000
hectáreas de cultivos hasta fin de año. Como no puede arrancar las plantaciones
de sus afiliados del trópico del Chapare, Evo usa la violencia policiaco-militar
para eliminar los cultivos de los campesinos pobres que no están afiliados a su
organización, ya que además también funge de presidente de las organizaciones de
cocaleros de la zona del Chapare.
El 18 de septiembre, el gobierno de George Bush impuso seis meses de plazo a Evo
Morales para ajustar su política cocalera. Un día después Evo dijo en la ONU que
no cambiaría "nada" y que su gobierno no aceptaría "imposiciones", pero los
funcionarios de su gobierno anunciaron al mismo tiempo en Bolivia que se
revertirá las tierras de los cocaleros rebeldes que se opongan a la
erradicación.
La radio Soberanía del Chapare reportó que los campesinos muertos son Remberto
Guzmán, de 25 años y miembro del sindicato Antahuaqana, y Celestino Ricaldes
(conocido entre los colonos como Chinchilla, de 28 años), del sindicato Iquna.
Los campesinos heridos Calixto Policarpio (con herida de bala que ingresó por su
espalda) y Roni Monzón Zaire, además de los policías heridos Germán Chipana
Quispe y Eleuterio Ramos. Los cocaleros de Pampa Amarilla también tomaron de
rehenes a nueve policías, pero después de la amenaza del Gobierno del MAS de
intervenir el lugar con el Ejército los dejaron en libertad, aunque confiscaron
sus cuatro M16, una carabina y pistolas.
El reporte militar de la FTC dice que los 200 campesinos estaban "ocupando
elevaciones de las quebradas" desde donde amenazaron a los militares.
La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, quien se jacta de haber salido de las
filas del pro-soviético Partido Comunista, justificó la acción de su Gobierno
porque "estaba procediendo a la erradicación de hoja de coca y han sido
emboscados por narcotraficantes".
El ingreso al área de enfrentamiento es por el sector Montepunku (puerta de
monte), sector de Totora, área de cultivo legal de coca, según la Ley 1008. Hace
dos semanas que las Fuerzas de Tarea Conjunta ingresaron al lugar a erradicar la
hoja.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, además dirigente cocalero y
militante del MAS, dijo en rueda de prensa el día de hoy: "Los dos muertos no
son productores de coca, no son cocaleros, sino peones, pero en el lugar qué
fuentes de trabajo va a haber sino una ilegal".
El cocalero y burócrata Cáceres sentenció el sábado como advertencia a los
campesinos: "El Gobierno nacional hará respetar el Parque Nacional Carrasco como
área protegida, haciendo limpieza total de narcotraficantes, haciendo uso de la
fuerza pública y erradicando todos los cultivos ilegales y expulsando a los
asentamientos humanos que persisten… No nos va a temblar la mano para que impere
la ley, no se va a negociar (con los campesinos) porque no se puede negociar con
delincuentes ni con narcotraficantes".
A pesar de todo el discurso y de todos los policías y militares actuando en la
zona, el gobierno del MAS no detuvo hasta el momento a ningún "narco".
Para cubrir sus responsabilidades y ocultar su política semicolonial, el
gobierno de Evo desata una campaña ante la opinión pública, al igual que
anteriores gobiernos, tildando a los cocaleros de narcotraficantes.
La publicitada "nueva" política cocalera del MAS, a la que califican de
"consensuada" y producto del "diálogo" con los cocaleros, quienes serían los que
ejercen "control social", se cae por los inobjetables hechos, así como por la
necesidad que tiene el gobierno de Evo Morales de cumplir con el compromiso de
erradicar 5.000 has o más de coca, en claro sometimiento a los designios del
gobierno norteamericano de Bush.
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