VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Argentina: La lucha continúa

A quince años del asesinato de Regino Maders
Impunidades y esperanzas (Parte I y II)

Carlos del Frade
Argenpress

El 6 de setiembre se cumplirán quince años del asesinato del ex senador provincial Regino Maders. Recién ahora parece que comenzará a investigarse la responsabilidad intelectual del hecho que demostró una trama de intereses que en los años noventa estaba asentada en los grupos de tareas del terrorismo de estado. Lo que sigue es un resumen del cuaderno de investigación que el autor de esta nota presentará en el día del aniversario en la propia capital cordobesa como homenaje a la familia Maders y también como denuncia ante los factores de poder impunes que no solamente corresponden a la provincia mediterránea sino a casi toda la geografía argentina..

El presente

A quince años del asesinato del ex senador provincial cordobés, Regino Maders, la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba debe resolver si continúa con la investigación que determine los motivos intelectuales que provocaron la muerte del dirigente radical..
La decisión del tribunal, integrado por los jueces Daniel Ottonello, Horacio Gilardoni y Eduardo Caeiro (vocal de la Cámara octava del Crimen), gira alrededor de la continuidad o no de la acción penal contra el ex diputado provincial y principal espada política del angelocismo en su momento, Luis Medina Allende, apuntado como uno de los corresponsables del asesinato del ingeniero ex gerente de la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba..
Si la Cámara habilita de prosecución de la investigación se arribaría a lo que se conoce como el Caso Maders II, luego de haberse condenado a perpetuidad como autor material del asesinato al ex policía Oscar Síntora..
Si no es así, en la misma fecha que se recuerdan los quince años del hecho, la causa prescribirá..
En la tercera semana de agosto de 2006, Gustavo Vidal Lascano, fiscal general de la provincia de Córdoba, le pidió por escrito al fiscal de la Cámara de Acusación, doctor Jorge Leiva, que "tenga a bien instar el trámite de los autos de mención, atento la proximidad de la fecha de prescripción de la acción penal; ello a fin de evitar que en el caso que la decisión del Tribunal de alzada resulte favorable a la instancia fiscal, el requerimiento de citación a juicio devenga abstracto, por fenecimiento del término de la prescripción"..
Medina Allende "está acusado de ser la persona que pagó para que un grupo de individuos atentara contra la vida del ex senador radical, crimen que se concretó el 6 de setiembre de 1991 y por el cual fue condenado el ex policía provincial Oscar Hugo Síntora como autor material del homicidio", sostuvo hace pocos días el diario cordobés "La Voz del Interior"..
Medina Allende "permanece detenido desde el 17 de marzo de 2005, aunque goza de prisión domiciliaria en su casa de Tanti, por tener más de 70 años. El beneficio le fue revocado hace unos meses, ya que el ex legislador radical había abandonado sin autorización la casa. Está acusado como presunto instigador, bajo promesa remuneratoria, del crimen de Maders. Esta parte del proceso es conocida como el caso Maders II, ya que la primera etapa de la investigación terminó el 17 de junio de 2005 con la condena a prisión perpetua de Síntora", recordaba el diario ya citado..
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la ciudad de Rosario expresó su preocupación ante el fiscal general de la provincia, Vidal Lascano, por medio de una carta..
"Nos dirigimos a usted en su carácter de defensor del interés público y los derechos de las personas, que procura, como misión especial, la satisfacción del interés social y la custodia de la normal prestación de la Justicia, a efectos de solicitarle realice, dentro de sus posibilidades, las gestiones pertinentes para evitar la prescripción de la causa por el crimen del ex senador Regino Maders", sostiene el escrito del organismo..
Agrega que el 6 de setiembre de 2006 "se cumplirán 15 años de lucha por la verdad y la justicia de la familia Maders", que enfrentó "sin descanso los avatares de una empresa desigual por las características del crimen"..
Si la causa llegara a prescribir, señaló la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, "quedaría consagrada la impunidad en la provincia de Córdoba y en el resto de la sociedad, que no desconoce en absoluto los hechos vinculados a este horroroso asesinato"..

El asesino y los socios

El 17 de junio de 2005, el ex policía Oscar Hugo Síntora fue condenado a reclusión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por precio o promesa remuneratoria, en perjuicio del ex senador radical Regino Maders. .
Síntora escuchó imperturbable la sentencia que dictó la Cámara primera del Crimen, integrada por tres magistrados: Lorenzo Rodríguez, Alberto Crucella y Jorge Fantín, y dos jurados populares: Raúl Sponer y Elio Luna. De esta forma, culminó el juicio que había comenzado el 4 de octubre de 2004. .
Además, la Cámara le corrió vista al fiscal de turno para que "investigue posibles ilícitos cometidos con el pago de 10 mil dólares que hizo Eduardo Angeloz cuando era gobernador de Córdoba para recuperar el arma que mató a Maders. Cabe recordar que aquella gestión resultó una gran estafa, ya que el dinero se entregó pero el arma nunca apareció. Angeloz llegó a decir que la plata salió de su bolsillo, aunque testimonios de varios testigos lo contradijeron", indicaron los cronistas de "La Voz del Interior". .
Cuando Síntora "tuvo la oportunidad de decir lo suyo antes del veredicto -y durante un breve contacto con la prensa-, se quejó de que el juicio fue "una farsa" y rogó a la Cámara que no lo considerara culpable para poder estar libre durante el Día del Padre. Además, insinuó que podría ser un "chivo expiatorio" de este caso y aseguró que nunca tuvo relaciones de ningún tipo con Medina Allende", apuntaron los periodistas..
A su vez, María Elba Martínez, abogada de la familia de Maders, se mostró satisfecha con la máxima pena impuesta a Síntora, pero expresó sus quejas por que la Cámara no ordenó avanzar en encontrar a otros presuntos cómplices del ex policía. "La parte resolutiva daba para mucho más", opinó la letrada. .
Antes de la condena contra Síntora, el comisario jubilado José Severo Cuello, hizo un extenso relato sobre antecedentes de policías que estuvieron ligados a la represión ilegal de los años setenta y que figuran en el expediente del caso Maders. .
Según le dijeron los también policías Urbano Farías y Luis Martínez Cáceres, "se enteró de que antes del crimen de Maders hubo una reunión en la Casa de Gobierno, de la que participaron Angeloz, José Ignacio Cafferata Nores, Luis Medina Allende y Juan Aguilera, entre otros" importantes funcionarios del poder político cordobés en 1991..
En aquella reunión, contó Cuello, el "informante" fue Medina Allende y el tema en cuestión fue que Maders estaba por hacer "denuncias públicas", presumiblemente sobre el negocio de la droga y el juego clandestino, recogieron las crónicas periodísticas. .
Cuello recordó también que el entonces jefe de la Policía, José Grigione, y otro alto oficial de apellido Gallegos "eran soldados de Medina Allende"..
En su momento, el doctor Gustavo Reinaldi, fiscal de Instrucción del Distrito 2, turno 2 de la ciudad de Córdoba, pidió el juzgamiento de Luis Medina Allende, como supuesto partícipe necesario del asesinato de Regino Maders, imputación por la cual el ex legislador radical podría ser condenado a prisión perpetua..
Reinaldi consideró que la investigación está concluida y que existen elementos de prueba suficientes como para acusar y juzgar a Medina Allende "como probable responsable del crimen del ex senador radical, ocurrido en la Capital de la provincia la madrugada del 6 de setiembre de 1991. Según la acusación, se atribuye al polémico ex hombre fuerte del gobierno de Eduardo Angeloz haber sido la persona que pagó 50 mil pesos para atentar contra Maders, con quien estaba enemistado por cuestiones que la víctima consideraba irregulares y que se aprestaba a denunciar", remarcaron los diarios..
Reinaldi analizó en extenso todos los elementos de prueba reunidos durante la investigación del caso, denominado "Maders II", que en su momento permitió que el anterior fiscal, Luis Villalba, dictara la prisión preventiva de Medina Allende, la que fue confirmada por el juez de control, luego por la Cámara de Acusación y, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia..
Para el fiscal, los motivos del asesinato pueden "buscarse en la explotación del juego por medio de máquinas electrónicas y, también, en negociaciones irregulares vinculadas a la privatización de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica"..
Medina Allende permanece bajo arresto domiciliario desde el 17 de marzo de 2005, cuando fue arrestado en su casa de la localidad serrana de Tanti por orden de la jueza de Control Ana María Lucero Ofreddi. Estuvo algún tiempo alojado en la cárcel de Bouwer en función de que se probó que había violado las condiciones del arresto domiciliario. Luego deambuló entre el penal y la casa de uno de sus hijos en la ciudad de Córdoba, hasta que volvió a Tanti..
"Cuando quedó preso, Medina Allende dijo que su detención formaba parte de una "patraña", pero su situación procesal nunca dejó de complicarse", apuntaban los cronistas de "La Voz del Interior"..
Para la jueza de Control número 1 de la ciudad de Córdoba, Ana María Lucero Offredi, "según diversos testimonios, Maders estaba al tanto de graves irregularidades, que iba a denunciar después de las elecciones del 7 de setiembre de 1991, para no complicar a su propio partido", apuntaron los escritos periodísticos..
De tal forma, el ex senador radical estaba enemistado abiertamente con Medina Allende y había recibido amenazas, fundamentalmente por su posición contraria a la explotación del juego en la provincia, actividad en la que sí estaba interesado el imputado..
Según la jueza, Medina Allende "mantenía fuertes vínculos con un grupo de policías y ex policías "pesados", a quienes habría dado a conocer la existencia de dinero para cometer el crimen", por lo que considera que es "es coautor del mismo, pues tomó parte en su ejecución pagando o prometiendo el pago por la muerte" y que "la calificación correcta de la conducta atribuida a Medina Allende es la de coautor de homicidio por precio o promesa remuneratoria (artículos 45 y 80 inciso tercero del Código Penal)"..

Electronegociados

"...Dentro de la esfera de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba pudieron ser los hechos causales del homicidio del ex senador Regino Maders", decía una presentación realizada por la doctora María Elba Martínez en la representación de César Maders y Susana Cáceres de Maders..
Allí se manifiesta que se produjeron una serie de licitaciones para reparar y comprar usinas vinculadas a la EPEC en beneficios de determinados grupos económicos como CAT, FIAT y BAICO, por lo que Maders se opuso y, como consecuencia, se convirtió en una presencia muy molesta para esos intereses..
"Los delitos iniciales serían maniobras fraudulentas en la adjudicación de los trabajos para construcción, reparación y concesión de la Central Sudoeste de EPEC, denominada "Francisco Bazán" y que al ponerse en explotación "dichas máquinas muestran las faltas de calidad prometida" y en el año 1989, colapsan. Eran máquinas de tubos de gas provistas por Fiat Diesel..
Cuando se sancionaba la denominada ley de reforma administrativa, Cat y Fiat trataron de obtener un contrato de reparación de la Central Bazán, "que le permitiría acceder a la concesión de la misma apoyándose en dicha norma. Maders interviene y hace fracasar el intento"..
A fines de 1990 se prorrogó la ley de reforma administrativa, formándose el grupo Baico, resultado de la unión de varias empresas, como Ormas, Soinco, Fiat, Cat, Materfer y GMD, que "se hallaban en colapso económico y eran las principales deudoras en mora del Banco Provincia de Córdoba"..
El vicepresidente del grupo ex Fiat, Cat, Materfer, GMD era el almirante (RE) Oscar Abriata, quien durante la dictadura se desempeñó como secretario naval del ex almirante Emilio Massera..
Maders era el jefe mayor del área técnica de la gerencia de producción de la EPEC y ya desde 1986 se había mostrado contrario a los negocios con estos grupos. Calificaba la estrategia de la empresa como una "política autoritaria, arbitraria e inconsulta"..
Según la revista del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, "existe documentación emanada de la misma EPEC, que ésta no cuestiona, que contrarrestan totalmente esos costos de generación absurdos. Junto con otros elementos, ella pone en evidencia que los directivos de la EPEC han venido falseando sistemáticamente los datos que han brindado al público, a la Secretaría de Energía y al Despacho Nacional de Cargas desde 1985 en adelante, a partir de que el ingeniero Maders, encargado en EPEC de las relaciones con esos organismos nacionales, dejara este puesto para ocupar su banca de senador"..
El 25 de junio de 1990, el directorio de EPEC presidido por Torres Crespo autorizó a Maders a viajar a Buenos Aires los días 27 y 28 para una reunión del Consejo Federal de la Energía Eléctrica..
El mismo 27 de junio, Wortley, gerente de producción de la EPEC, propuso la gerencia de administración y finanzas el elenco de profesionales para el estudio de los pliegues de la licitación. Se elevó la nómina a la presidencia el 29. En la misma no figuraba Maders y si otras personas de la Gerencia de Producción (que era la que tenía que intervenir), que por sus actuaciones previas estaban involucradas en el problema..
El 2 de julio de 1990, Maders pidió licencia del 10 al 12 de julio. El 11 de julio se abrió la licitación. El mismo día, el directorio de la EPEC decidió integrar la comisión que debía estudiarla con las mismas personas que habían confeccionado el pliego. Dejaron nuevamente de lado a Maders aprovechando su ausencia. Maders era la persona que cuestionaba dicha adjudicación..
El 26 de octubre de 1990, por consejo de la comisión de adjudicación, el directorio de EPEC rechazó la oferta de CAT. A la par existe un documento emitido por el ingeniero Wortley, con fecha 25 de octubre, que dice: "se rechazó la oferta de CAT porque no garantizaba la potencia (eran prototipos) y agrega que se estudiaba como alternativa la adjudicación directa de la reparación o la concesión a CAT..
El 2 de noviembre CAT hizo una presentación proponiendo la adjudicación directa a su favor..
El 22 de noviembre Maders sufrió un grave accidente automovilístico al concurrir a su trabajo. Fue atropellado por un automóvil conducido por el chofer del jefe de policía Grigione, a la sazón cuñado del ministro de gobierno. Se destaca que los daños físicos sufridos por Maders fueron graves: fue necesaria una prótesis en la operación. Las lesiones fueron cortantes. Una de ellas, producida por vidrio, estuvo a punto de ingresarle en la yugular, lo que podría haberle causado su muerte..
El 18 de diciembre, Wortley propone una nueva flexibilización del pliegoa de acuerdo con lo que proponía CAT y al día siguiente, 19 de diciembre, mientras Maders continuaba ausente por el accidente, elevó un proyecto al directorio proponiendo una reorganización de la gerencia de producción en la cual se eliminaba el puesto de ayudante técnico que ocupaba Maders..
El 13 de junio de 1991, al día siguiente de la licitación, el directorio de EPEC designó la comisión ad hoc para el análisis de las ofertas. La integraban casi las mismas personas que habían participado en la anterior comisión..
El 28 de julio se designa a Maders como subgerente de movimiento de energía, con retención del cargo de ayudante técnico..
El 30 de julio la comisión ad hoc emitió despacho aconsejando adjudicar a CAT y rechazar la oferta de Deltalink. Giró las actuaciones el primero de agosto a la comisión de ajudicación..
El 13 de agosto el expediente volvió a la gerencia de producción existiendo además pases en blanco sin remito. El objetivo aparente era emitir un análisis comparativos entre las licitaciones..
El 22 de agosto la comisión ad hoc se expide sin dar conclusiones decisivas..
El 6 de setiembre asesinan a Maders..
El 28 de noviembre, el directorio de la EPEC le adjudicó la licitación a la firma CAT. A ella se habían sumado los integrantes del grupo Baico: Ormas y Soinco..
El 21 de mayo de 1992, EPEC pagó a Cat y sus socios un anticipo de más de un millón de dólares. Posteriormente se realizaron otros pagos y la EPEC no ha recuperado ninguno de esos pagos, como tampoco las multas que aplicó por incumplimiento del contrato rescindido por la quiebra del grupo CAT - Materfer - GMD..
Más allá de estas secuencias, la abogada Martínez sostiene que el crimen de Maders debe ubicarse dentro de "tres marcos de poder: seguridad, económico y político"..
Para ella el homicidio "se ha cometido para facilitar y encubrir ilícitos de gran envergadura económica y de distinto nivel"..
En el marco de la seguridad apunta a las figuras de Mario Negri, actual diputado nacional, y Miguel Angel Ortiz Pellegrini, porque "ambos gozaban de la mayor confianza de Regino Maders" y eran "también funcionarios del radicalismo y tuvieron en sus manos y conocieron -según surge de los testimonios reiteradamente recibidos- fehacientemente los ilícitos y las condiciones desventajosas en que se estaban acordando las contrataciones de la EPEC. Pese a ser funcionarios públicos, no denunciaron estos ilícitos; más aún, los ocultaron", sostiene el escrito de la profesional..
En relación a Eduardo Angeloz, en su figura se unen "las tres estructuras de poder mencionadas: seguridad, económica y política"..
Apunta que el ex tres veces gobernador de Córdoba proviene de la estructura de la FIAT y luego de la EPEC. "Una persona suficientemente relacionada con los grupos económicos favorecidos en estos ilícitos. Angeloz había sido denunciado por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Mignone, en febrero de 1984 en el marco de las denuncias por violaciones de derechos humanos. Sindicaron a Angeloz como una de las personas más cercanas al ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien lo habría favorecido", sostiene el documento y fue publicado en el diario "La Voz del Interior", el 24 de febrero de 1984..
"Esto significa que las estructuras denunciadas de la dictadura no eran ajenas a Eduardo Angeloz. Muchos de los miembros del D2 (departamento de inteligencia policial) tales como los Yanicelli, fueron personas harto protegidas dentro de ese gobierno", afirma Martínez..
También remarcó que Angeloz "direccionó su gobierno con mano férrea, casi dictatorial, favoreciendo a todos sus grupos afines. Entre ellos, se cuentan los que integraron el Banco Social dirigido por Jaime Pompas, uno de los favorecidos por su gobierno y el Banco de la Provincia de Córdoba, cuyo directorio fue denunciado" por la propia abogada María Elba Martínez..
De tal forma resultaron detenidos durante dos años "su máximo exponente y la fuga del país de otros dos de sus miembros. En síntesis, Angeloz puso los bienes de la provincia al servicio de sus intereses y de aquellos con quienes compartía los dividendos", apuntó la investigadora..
"Creemos entonces que Eduardo Angeloz resulta ser una de las personas más interesadas en eliminar a Maders. Como dijo una de las personas encargadas de la seguridad en EPEC, a Maders había que eliminarlo porque no era posible quebrarlo. Así lo hicieron", sostuvo la doctora Martínez.

(Parte II - Final).
Angeloz

El tres veces gobernador de la provincia de Córdoba y candidato a presidente de la Nación en 1989, Eduardo César Angeloz, declaró en el juicio.

Las abogadas María Elba Martínez y Teresa Maders, lo acusaron como autor intelectual del crimen de Regino Maders.

Angeloz "fue contundente para negar que durante su gestión como gobernador, el ex senador le hubiera planteado inquietudes sobre eventuales irregularidades en la Empresa Provincial de Energía", indicaron los cronistas de "La Voz del Interior".

-Creo que Maders nunca investigó nada del tema - sostuvo el ex gobernador.

-Fui víctima de todas las calumnias e injurias que se han planteado a través de los medios - agregó.

Sobre los 10 mil pesos que pagó por un arma que nunca apareció, Angeloz dijo que esa plata salió de su bolsillo, aunque no quedó constancia. Aquello sucedió en 1992 cuando el abogado penalista Alesio Carlos Battistelli, que fue compañero de estudios de Angeloz, lo entrevistó en la Casa de Gobierno para trasladarle una propuesta. Se trataba del ofrecimiento de la que sería el arma homicida, que un cliente de Battistelli, supuestamente el ex policía Dardo Navarrete, prometió entregar previo pago de 10 mil pesos.

Angeloz aceptó la propuesta y le entregó al subsecretario de Seguridad, Eduardo Capdevila, el dinero para que lo llevara al Estudio del abogado. En esa gestión debía intervenir el entonces fiscal general Luis Sayavedra, pero finalmente a pesar de haberse pagado el dinero, el arma no apareció.

Por su parte, el ex juez Guillermo Johnson afirmó que Angeloz incurrió en "entorpecimiento funcional" en la investigación del crimen de Regino Maders, y aseguró que "no es cierto" que alguna vez le haya pedido al ex gobernador que lo ascendiera a camarista.

Johnson investigó el caso Maders hasta 1994, cuando renunció a la magistratura para dedicarse a la política. Hoy es diputado nacional por el Partido Justicialista.

"Este es un tema que me preocupa, porque significa que hay cosas que Angeloz ha escondido a la investigación. Navarrete estuvo imputado y si yo hubiera sabido que este señor estaba negociando un arma por 10 mil pesos, hubiera tenido un elemento más para incriminarlo. Yo tuve que sobreseerlo, porque eso no lo sabía", relató Jonson en una entrevista que le hizo "La Voz del Interior".

"Eso significa que hubo un entorpecimiento funcional muy claro de la investigación. Seguramente, si esa prueba era acercada al Tribunal, hoy hubiéramos tenido otra solución del tema; otro autor material", agregó Johnson.

Para la doctora María Elba Martínez, "los fiscales Villalba y Novillo Corvalán "mienten" cuando dicen que no hay pruebas para enjuiciar en la causa al ex gobernador Eduardo César Angeloz y al ex ministro de Gobierno José Ignacio Cafferata Nores; y apunta que el motivo "central" del crimen de Maders fueron las investigaciones que el ex senador radical llevaba adelante por hechos de corrupción en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Con todo, Martínez no descarta que Maders haya sido ultimado por los intereses que se movían detrás del juego y la droga", resumieron los cronistas de la primera parte del juicio.

Villalba y Novillo Corvalán sostienen, en cambio, que "para la doctora Martínez, el objetivo es Epec y Angeloz. Tengamos o no tengamos pruebas. Nosotros nos expedimos en base a las pruebas y no hemos podido llegar a la certeza de que el crimen fue por las irregularidades en Epec o por el juego", sostuvo Novillo Corvalán.

"No existe en toda la prueba colectada elemento probatorio relevante como para colegir que algunos de los nombrados ha incurrido en los delitos mencionados por la doctora María Elba Martínez", dijo la Cámara.

El cartel cordobés

-La documentación que le voy a presentar a Alfonsín tiene pruebas sobre los negociados con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el narcotráfico y la venta de bebés -le confesó Regino a su hermano Juan dos días antes de ser cosido a balazos en la madrugada del 6 de setiembre de 1991.

El ingeniero había descubierto las actividades que se desarrollaban durante la noche en la sede de la EPEC. Automóviles gemelos transportaban drogas e iban a distintos lugares de la provincia y a otros estados vecinos, como Santa Fe y Entre Ríos.

Todas aquellas maniobras era conocidas, según dice Juan Maders, por el tres veces gobernador de Córdoba y ex senador nacional, Eduardo Angeloz.

Con el correr de los años se encontraron automóviles Ford Falcon con números de motores adulterados y patentes gemelas en los propios depósitos de la EPEC. Uno de ellos fue utilizado para cometer el crimen. Para los integrantes de la familia Maders, "los autores intelectuales estarían entre los que se encargaron de desviar la investigación desde un primer momento, de forma sistemática y persistente. En mayor o menor grado cada uno tuvo responsabilidad en el crimen. Valiéndose de la mano de obra desocupada continuaron entorpeciendo y desviando la investigación de la causa", sostienen.

En tanto la fiscal federal Graciela López de Filoñuk inició una investigación de oficio sobre las declaraciones del ex diputado provincial radical, Luis Medina Allende, ex mano derecha de Angeloz, en el libro "Matar la inocencia", de la periodista cordobesa Graciela Ramos.

Allí acusó al hijo de Angeloz, también llamado Eduardo, al que califica como "el príncipe", de ser "jefe de una zona" de distribución de droga. Sostuvo, además, que era la cabeza visible de un cartel que desde Córdoba distribuye la mercadería, fundamentalmente, a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Luis Medina Allende, ex diputado provincial y mano derecha del 'Pocho', señaló a 'Eduardo Angeloz hijo' como 'jefe de distribución de la droga en la zona de Nueva Córdoba' y al ex titular del ejecutivo como el garante el negocio. También sostuvo que la droga ingresaba 'desde Paraná por medio de autos oficiales'.

Medina Allende, condenado a ocho años de prisión por la venta fraudulenta de la Cárcel del Buen Pastor y por la concesión irregular de la explotación de juegos de azar en la provincia mediterránea, y tras cuatro de encierro, ahora en libertad condicional, denunció a Angeloz y a su hijo Eduardo como responsables del tráfico de drogas en el territorio cordobés.

'En la entrevista que tuve con algunos comisarios de policía y que motivó mi primer desafuero, yo les hablé para impedir que detuvieran a Eduardo Angeloz hijo y a María Marta (también hija del entonces gobernador). Si usted lee el expediente va a ver lo que ellos cuentan', contó Medina Allende en un fragmento del libro "Matar la inocencia".

Más adelante señaló que 'sabía cuál era una de las rutas de ingreso y distribución de la cocaína acá . Si alguien siguiera antentamente la actividad de los hijos de la diputada Thelma Angeloz de Ninci (hermana del ex gobernador), terminaría en un escándalo fenomenal. Estos chicos han violado las normas de los narcotraficantes, son usuarios. El traficante no puede ser usuario. Estos chicos son adictos y además vendedores...'.

Medina Allende acusa a 'Eduardito' como 'jefe de una zona...la de Nueva Córdoba. En todos los boliches de Nueva Córdoba vaya y averigüe quién es el proveedor'.

En el denominado 'reporter ocho' del mencionado libro, la periodista le pregunta si 'hace extensiva la supuesta vinculación con la droga que tendrían los hijos de Angeloz al propio Angeloz'. El ex diputado respondió que 'Angeloz conocía y no aprobaba el negocio, pero tampoco lo impedía'.

También sugiere que cuando se produjo el operativo 'Café Blanco', en marzo de 1995, cerca de Ascochinga donde se secuestraron mil kilogramos de cocaína, no participó la policía de Córdoba 'por falta de confianza'.

Según el ex legislador, 'el tema de la droga ha sido manejado por la familia reinante'. Llegó a precisar que 'el ingreso de la droga se producía por Paraná . Venía de Bolivia o de Colombia, probablemente. Pero en Paraná se la entregaban y ellos la traían a Córdoba en autos del gobierno de la provincia. Tan es así que hubo un accidente célebre. Estuvieron a punto de morirse los hijos de Thelma'.

En tanto, el 19 de noviembre de 1998, Héctor Fabián Muriel, se presentó ante el fiscal federal Carlos Torres para denunciar su hermano, Rafael Gustavo Muriel, "tuvo que desaparecer del pueblo de La Granja, forzado por la situación y por sus propios medios en virtud de su fracaso en las negociaciones para desvincularse de la sociedad de hecho que mantenía con Alejandro Hayes y Exequiel Hayes, todos empresarios del Turismo Cinegético, cacería de paloma al vuelo". Era el 18 de mayo de 1997.

Según esta declaración, la idea de desvincularse se basaba "al creciente contrabando de droga que realizan ciertos turistas de origen en su mayoría norteamericanos y lo hacen en los cartuchos de escopetas". Rafael Muriel hacían las gestiones ante la aduana "viéndose involucrado en un delito federal ya que conocía de algunos turistas que llevaban en las correderas y en las escopetas automáticas cartuchos cargados de cocaína".

La denuncia sostiene que "estos extranjeros compran la droga a un ex militar de inteligencia radicado en Ascochinga de nombre Eldo Navone, propietario de un café, opera sus encargos desde ese local, y luego se abastece de droga en la localidad de Río Ceballos, se las vende a los extranjeros y estos le encargan a los pick boys el llenado de los cartuchos a cambio de fuertes propinas".

El escrito avanza en que "es conocido en el medio o en el ambiente estas operaciones" que "todos los centros de turismo cinegético del país operan de la misma manera. En Córdoba, La Granja, Ascochinga, Totoral, Tulumba, Villa General Belgrano; en Entre Ríos, Paraná; en Corrientes, Esquina, Goya y Malancue; y en Reconquista, provincia de Santa Fe".

Y sostenía, por último, que "el centro de distribución de la droga es Río Ceballos" y que "el capo de la mafia es conocido en el ambiente como "El Príncipe", Eduardo Angeloz Hijo, y se transporte en helicóptero hasta una paraje ubicado cerca de la ruta, en donde una mujer de origen boliviano o peruano tiene una casa de te". La organización "mafiosa se llama La Red" y el cartel "es de origen boliviano pero liderado por un colombiano" y desde Córdoba "distribuye a todo el país".

La "salida de la cocaína de Córdoba la realiza una persona llamada Bachicha Yapur, propietario de tres aviones Sezna y la carga en Villa General Belgrano y la lleva a Reconquista y luego a Ezeiza, ya camuflada en los cartuchos".

Rafael Muriel fue asesinado el 18 de mayo de 1997.

Un crimen estructural

Para la abogada María Elba Martínez, en el crimen de Regino Maders está "involucrado el poder político y el poder económico y eso molesta, molesta en todos los niveles de estructura".

A la hora de presentar su alegado, la doctora Martínez repasó su propia experiencia al llevar a juicio a los imputados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado.

"Ha sido muy duro para esta querella tener que ver a aquellas personas y escucharlas, como meros testigos a la mayoría, a quienes logró procesar en el año 1987, por grandes violaciones a los Derechos Humanos, desprocesados por la Ley de Obediencia Debida, e involucrados en cuantos crímenes y grandes robos se desarrollaron acá durante las últimas décadas. Estos siniestros personajes, no solamente no fueron movidos de su lugar, sino que fueron incorporados a lugares estratégicos. En la legislatura Lencina y Rocha era una de las personas que llegaba ahí. En realidad fueron premiados, como fueron premiados también algunos militares. Gianicelli, una de las personas de inteligencia, más caras al poder político, por su extraordinaria formación en inteligencia, especialmente el mayor, el "Tucán Grande", puesto en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Rocha, en tanto, era una de las personas que llegaba directamente a Medina Allende y a Angeloz. Estas personas no habían sido desestructuradas y miente José Ignacio Caferatta Nores, designado en el año 66 como responsable de los cambios del Poder Judicial por decretos reservados. Caferatta Nores, era Ministro de Gobierno, en ese momento, en que ocurre el hecho y no tomó ningún tipo de precaución para desplazarlos del lugar", recordó con lúcida indignación.

"No solamente estuvieron en lugares estratégicos, sino también estuvieron en el Comando Radioeléctrico", agregó.

Para la doctora Martínez en el crimen de Maders "no hubo un llamamiento a estructuras extrañas, fueron puestas, porque esto fue puesto desde el orden nacional, incluso, con Menem, Cesar Arias, personas que sobrevolaron nefastamente este expediente".

El asesinato del ingeniero son parte de los delitos que "tienen la característica de insertar determinadas mafias dentro de las estructuras partidarias oficiales en el momento, ocurrió en el orden nacional, con el gobierno de Menem y ocurrió en el orden provincial con los gobiernos de Angeloz y también en el de De la Sota".

Mataron a Maders "para facilitar y encubrir un hecho ilícito y los ilícitos están perfectamente individualizados".

Es, por lo tanto, "un delito estructural, por la existencia de los sujetos en juego, el poder político que tuvo la decisión y el dominio del hecho, el poder económico, los intereses de grupos. La introducción de las mafias, en las estructuras estatales, no se da solamente en la República Argentina, como muchos creen, sino en casi todos los países del mundo, inclusive aquellos mal llamados, para mi gusto personal, del primer mundo, especialmente los Estados Unidos. En estos países, mal llamados también del tercer mundo, o de democracias dependientes, uno de los caminos, o dos de los caminos han sido el narcotráfico y las licitaciones", ejemplificó Martínez.

"Documentación picante"

"El caso Maders, el poder que mata" se llamó el vídeo que produjo el grupo rosarino "Octaedro" a dos años del asesinato del ex senador provincial, atravesado por dos balazos en la noche del 6 de setiembre de 1991, después del acto de cierre de campaña que derivaría en la tercera administración consecutiva de Eduardo Angeloz en la provincia de Córdoba.

Uno de los principales testimonios de aquel trabajo fue el de Juan Maders, uno de los hermanos del ingeniero que, por primera vez, apuntó la dimensión de las investigaciones que llevaba adelante Regino.

Cuatro días antes de ser asesinado, Juan lo vio muy mal. Regino estaba triste. Le confesó que sus amigos, Mario Negri, actual intendente de Córdoba, entre ellos, lo habían abandonado.

Estaba dispuesto a entregarle en mano al propio Raúl Alfonsín una serie de carpetas, expedientes y documentación sobre diferentes ilícitos que estaba investigando y que apuntaba directamente contra el corazón de la administración Angeloz.

Juan recordó que su hermano le dijo que "todas estas notas y que tu tienes y que has pasado son las mismas que les pasé a Angeloz. Nunca hizo nada, siempre prometió y nunca hizo nada".

Allí "había denuncias sobre narcotráfico, lavado de divisas, venta de bebés y los ilícitos de la Epec en los que había pruebas importante, picante".

Esa documentación desapareció de su oficina en la misma noche del asesinato, cuando un extraño apagón sirvió de precisa escenografía para ocultar a los matadores.

Epílogo

Regino Maders era compañero de Agustín Tosco, discípulo de Enrique Angelelli e hijo directo de las esperanzas del radicalismo de 1983, de la recuperación democrática.

Su historia política iba de acuerdo a aquella historia transmitida en las calles de La Docta. Encarnaba un radicalismo progresista y defensor de las mejores tradiciones del partido fundado por Leandro Alem en la última parte del siglo diecinueve.

Reconocía al estado, tanto nacional como provincial, como expresión administrativa de los bienes y servicios del pueblo, de allí su oposición a los negocios y negociados que se intentaban producir a partir de los años noventa.

Estuvo en el punto de partida histórico del inicio de una trama de intereses que hacían negocios legales e ilegales desde el estado y a favor de sectores minoritarios que luego aparecían en medios de comunicación, empresas monopólicas, clubes de fútbol y otros tantos sectores de la economía que movían millones de dólares y millones de voluntades.

Fue un hombre de ideales en una etapa que barrió con ellos.

Como lo fue también el toma estado Jorge González, aquel que descubrió conexiones clandestinas a los cables de alta tensión provenientes de domicilios de encumbrados dirigentes políticos, económicos y sociales cordobeses y que terminó asesinado a menos de un mes del crimen de Regino.

González, trabajador de la EPEC, tenía los mismos principios que Maders.

Debía hacer su trabajo y denunciar los ilegales privilegios que iban en contra del pueblo que debía proteger desde una empresa del estado.

Por eso, hacer memoria sin justicia es caer en una simple página de nostalgia.

De allí que también sea fundamental apuntar a la construcción de nuevas generaciones que sean capaces de enamorarse de la política como una necesaria herramienta para transformar la sociedad.

Hacer colectivo el deseo de pelear por un futuro que tenga sentido para las mayorías.

Por eso es fundamental acompañar la lenta marcha del servicio público de justicia cordobés con el permanente ejercicio de abrir espacios sociales de discusión.

Para saber que Regino y González no fueron casos aislados, sino la expresión de un sentimiento que puede ser mayoritario en la medida que se contagie como indispensable el deseo de concretar los sueños colectivo.

Porque si no se pelea por lo que se quiere, se termina viviendo lo que no se quiere.

Casi una ecuación existencial de regla de tres simple.

Y para eso es necesario hacer circular informaciones y denuncias sobre lo que ocurrió en cada una de las provincias argentinas en los últimos treinta años.

Saber que detrás de los hechos impunes hay sangre, dinero pero también familias que no se rinden y que son capaces de conmover por tanta porfiada resistencia ante los distintos factores de poder.

Sería una excelente manera de conocer la profunda geografía argentina.

Una posibilidad de enamorarse de una historia inconclusa que tiene en figuras como Tosco, Angelelli y Maders, ejemplos para un futuro distinto para los que son más.

Para que estos quince años de impunidad comiencen a verse también como quince años de esperanzas tozudas y rebeldes.

Esperanzas tozudas y rebeldes no solamente de una familia, sino de todo un pueblo que todavía sigue apostando al amor, la memoria, la verdad y la justicia.        

Fuente: lafogata.org