Para concretar dicha transferencia se valió de normativas inconstitucionales, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1732/02, hoy derogado y reemplazado por la Ley Provincial Nº 13063/03, el texto de ambos se vulnera el espíritu del artículo 37º de la Constitución bonaerense.

Cabe destacar que en el territorio de la Provincia de Buenos Aires funcionan 46 locales de Bingos y Tragamonedas, constituidos en verdaderos casinos electrónicos, que mueven anualmente un volumen económico equivalente al de 7 años del presupuesto provincial.

Y si se considera que 21 de éstos funcionan en el conurbano bonaerense, un negocio en el que circulan miles de millones de pesos, paradójicamente en la zona de mayor pobreza y con importantes carencias en materia de Salud, Educación e Infraestructura , tienen como beneficiarios a unos pocos empresarios Bingueros en desmedro de quienes deberían ser sus verdaderos beneficiarios , en abierta contradicción a lo que expresa el primer párrafo del artículo 37º, dónde señala que: ' Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de Acción Social y Salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley '...

Se sostiene que la legislación que viabilizan esta impúdica e ilegítima transferencia del 66 % de los fondos públicos provenientes de la explotación de los juegos de azar a los capitalistas bingueros es inconstitucional, porque se está dando intervención a éstos en una actividad que a ellos les está vedada de acuerdo lo que expresa el segundo párrafo del artículo 37º, en el que se sentencia que: ...' La provincia se reserva como un derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juego relativas a los mismos existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica .'...

Pero el texto del artículo 37º no se queda ahí, sino que por el contrario avanza en ese sentido y en el tercer y último párrafo, hace expresa mención de la incumbencia que tendrá en esta actividad el sector privado: ...' La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior '...

De no revertirse esta negligente situación y de seguir con esta perniciosa política de favorecer solamente a empresarios inescrupulosos en detrimento de los derechos y de la seguridad ciudadana, seguiremos sumando diariamente anónimas víctimas fatales.

Respecto de las Políticas de Juegos de Azar, el gobernador Solá es el responsable de hacer posible esta ilegítima y criminal transferencia de fondos públicos al sector privado omitiendo cumplir el mandato constitucional que tiene en materia de juegos de azar.

Y no se duda de calificarlo tan duramente, pues con sus acciones gubernamentales abrió una compuerta por la que esfuman miles de millones de pesos, de esta forma el Capital Social proveniente de la actividad lúdica provincial, continúa engrosando los bolsillos de empresarios del juego privado, en franco perjuicio de una cada vez más abultada deuda social provincial, que también trae aparejado consigo un altísimo índice de victimas fatales anónimas.

En definitiva la defensa del juego en manos exclusiva del Estado además de considerarse como una cuestión Etica y Política previa a cualquier significación técnica, es una de las formas factibles de poner fin al genocidio social y al empobrecimiento criminal que están soportando los sectores más empobrecidos del territorio bonaerense.

Esta desesperada demanda para que el Estado provincial explote y administre exclusivamente los juegos de azar, además de pretender que se respete irrestrictamente el mandato constitucional, tiene por finalidad depositar en manos del único actor capaz de mantener un equilibrio en la actividad, sin dejar que los aspectos regresivos de las apuestas de dineros se conviertan en un riesgo para el bienestar de las personas.

Es función del Estado Provincial en materia de juegos de azar captar la demanda natural de la población, sin incentivarla y destinar el cien por cien de los fondos provenientes de las apuestas hacia Políticas de Acción Social y Salud .

Pero resulta evidente que, cuando desde el Estado Provincial se rompe este equilibrio, y viabiliza la participación del sector privado en esta actividad, es cuando se da lugar para que surjan los aspectos más perversos y regresivos esta actividad. A tal punto que en ámbitos judiciales a estos 'empresarios', los han sindicado como presuntos autores de delitos de evasión fiscal, fuga de capitales, contrabando y lavado de dinero.

De no revertirse esta preocupante situación y continuarse con la perniciosa e inconstitucional política de transferir fondos públicos provenientes de la explotación de los juegos de azar al sector privado - en la que hay responsables mayores y menores, pero no inocentes- se seguirá aumentando las asimetrías sociales, pues se dilapida el Capital Social provincial, con lo cual, los capitalistas privados del juego continuarán llenando sus bolsillos y la deuda social bonaerense inexorablemente será cada vez más abultada.

Todos sabemos cuales son las causas y las consecuencias de estas perversas políticas, y NO podemos ser cómplices en este verdadero genocidio, sino que por el contrario tenemos el deber social como ciudadanos responsables de evitar que se siga practicando esta vil e injusta transferencia de fondos públicos al sector privado.