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Argentina: La lucha continúa
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Alfonsín volvió a justificar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
El ex presidente, convocado por la defensa del represor, declaró ayer y
volvió a repetir su tradicional defensa de las leyes de impunidad de 1987. Adujo
que "la situación militar estaba complicada" y que "no podíamos llevar a mil
militares en actividad a proceso".
En tanto, mañana el Tribunal y las partes realizarán una inspección ocular en el
edificio en donde funcionó el "Pozo de Quilmes", otro de los centros
clandestinos bajo el mando del genocida Etchecolatz.
Vanina Wiman
para Justicia Ya en La Plata
LA PLATA (30-08-06) – En una de las jornadas más cortas de este juicio
oral, el ex presidente Raúl Alfonsín declaró como testigo de la defensa del
represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, y volvió a defender las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final que sancionó en 1987: dijo que "no podíamos llevar a mil
militares en actividad a proceso" porque "la situación militar durante mi
gestión estaba complicada". Así, justificó las leyes de impunidad gracias a las
cuales Etchecolatz y otros cientos de represores permanecieron en libertad
durante casi 30 años.
La declaración de Alfonsín no tuvo grandes sorpresas: ante las preguntas de Luis
Boffi Carri Pérez —abogado defensor de Etchecolatz—, insitió en que tuvo que
promulgar esas dos normas como la única salida para las "presiones militares" de
la época: "Los militares me hacían conocer la situación de las fuerzas que
comandaban y eso me hacía suponer que era necesaria una solución".
El ex presidente —que fue el único testigo de la defensa que quedó en pie,
puesto que María Isabel Martínez de Perón e Ítalo Luder no pudieron comparecer—
fue el responsable de la sanción de la ley de Punto Final, que a fines de 1986
puso un límite temporal a la posibilidad de perseguir penalmente a los
responsables de los delitos perpetrados por la dictadura; y luego, en 1987,
completó la tarea con la ley de Obediencia Debida, que impidió el juzgamiento
del accionar de cientos de represores, amparándolos bajo la cadena de mandos a
la que pertenecían, por considerar que sólo cumplían órdenes de sus superiores.
Esta situación —convalidada y complementada luego por los indultos de Carlos
Menem— se prolongó hasta 2005, con la anulación definitiva de ambas normas por
parte de la Corte Suprema de Justicia.
Hoy, Alfonsín quiso relativizar una vez más el efecto que estas leyes tuvieron
sobre la posibilidad de hacer justicia por los crímenes del terrorismo de Estado
—"nos atuvimos a la Constitución Nacional", dijo—, pero calificó a los delitos
que quedaron excluidos de esas leyes (la apropiación de niños y el robo de
bienes, entre otros) como meros "excesos" represivos.
Cuando Guadalupe Godoy, abogada de la querella, le preguntó si realmente
mantenía el concepto de "exceso" en relación a crímenes de lesa humanidad, el ex
gobernante salió por la tangente: "Yo adhiero a que en este momento se realicen
los juicios que en esa época era imposible realizar". "Esto de la ‘posibilidad’
es una apreciación del testigo", asentó en respuesta la abogada.
El testigo también pareció incomodarse cuando la Fiscalía lo interrogó sobre el
origen de las leyes de impunidad. "Yo no soy el imputado acá, ¿no?", ironizó
Alfonsín, aunque no logró arrancar risas entre el público.
El ex presidente tuvo además su cuota de escrache: al ingresar a la sala de
audiencias, varios familiares, sobrevivientes e integrantes de organismos de
derechos humanos se pusieron de pie y le dieron la espalda. Y cuando se retiró,
protegido por un corredor de paneles de madera y custodiado por la Policía
Federal, lo hizo bajo el sonido de un cantito coreado por varios integrantes del
público: "Alfonsín, no seas caradura, vos sos la impunidad de la puta
dictadura".
Hoy, inspección ocular en el "Pozo de Quilmes"
Una vez más, sobrevivientes de centros clandestinos del "circuito Camps"
volverán a revivir el horror del cautiverio, cuando a partir de las 9 se realice
una inspección ocular en la ex Brigada de Investigaciones de Quilmes, en la que
funcionó el campo de concentración conocido como "Pozo de Quilmes".
Las ex detenidas-desaparecidas Nilda Eloy (por cuyo caso está siendo juzgado
Etchecolatz) y María Cristina Gioglio guiarán a jueces, fiscales y querellantes
en la recorrida del edificio. Allí, la dictadura mantuvo secuestrados a más de
200 detenidos ilegales a lo largo de un período que comenzó en 1975, antes del
golpe de Estado, y que se prolongó al menos hasta fines de 1979.
Uno de los comisarios que actuó como jefe de ese centro clandestino, Lucas
Gumersindo Belich, declaró en 2004 en el Juicio por la Verdad de La Plata que
recibió órdenes directas de Etchecolatz, por entonces Director de
Investigaciones de la Policía provincial, de mantener el funcionamiento de esa
dependencia policial como campo de concentración para prisioneros de la
represión ilegal.
JUSTICIA YA EN LA PLATA está integrado por: Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos La Plata; Asociación Anahí; Asociación de Ex
Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos La
Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos Prov. de Bs. As.; Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité para la Defensa de la
Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ);
Familiares de Desaparecidos (La Plata); Fundación Investigación y Defensa Legal
Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata); Liberpueblo; Liga Argentina
por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo (La Plata);
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
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