Pidieron su remoción a la santa sede

Emilio Marin
La Arena

El presidente Néstor Kirchner ordenó al canciller tramitar ante el Vaticano la renuncia del obispo castrense. Como es público y notorio, monseñor Antonio Baseotto se hizo acreedor a esa declaración de "persona no grata" tras asegurar al ministro de Salud que merecía que le colgaran una piedra al cuello y lo tiraran al mar. El horrendo delito del doctor Ginés González García había sido distribuir condones y opinar a favor de la despenalización del aborto. Cualquier semejanza entre los dichos del obispo y los "vuelos de la muerte" no son mera coincidencia.
LOS VUELOS
Aunque Baseotto envolvió su amenazante carta a González García en una figura bíblica –"quien alborota a los niños merece que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo arrojen al mar"-, no desconocía el uso práctico de ese método promediando el siglo XX. Como obispo castrense sabía que -durante al dictadura- los oficiales de las tres FF.AA., preferentemente de la Armada, arrojaban sus prisioneros al mar y al Río de la Plata.
Más aún, como confesor de algunos militares que aún revistan en el servicio activo, monseñor habrá tenido algunos testimonios. En público el único que habló del tema fue el capitán de corbeta retirado Adolfo Scilingo, actualmente juzgado por genocidio y torturas en Madrid.
En 1994, ese militar admitió ante Horacio Verbitsky haber participado en 1977 en dos vuelos, "el primero con 13 subversivos a bordo de un Skyvan de la Prefectura y el otro con 17 terroristas en un Electra de la Aviación Naval" ("El vuelo").
Scilingo señaló al almirante Luis María Mendía como el alto jefe que había transmitido a los marinos la metodología a utilizar con los secuestrados. Mendía les aseguró que habían consultado "con las autoridades eclesiásticas" para buscar su consentimiento a esta "forma cristiana y poco violenta" de terminar con sus enemigos.
Baseotto conoce de lo que habla pues como obispo castrense se mueve como pez en el agua entre la oficialidad en actividad y en retiro. Invocando esa condición y oficiando de portavoz de la cúpula castrense en funciones a principios de 2003, él pidió una audiencia urgente con la Corte Suprema de Justicia que le fue concedida en pocos días. El tribunal estaba presidido por Julio Nazareno y lo escuchó argumentar a favor de un fallo a favor de la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tal como los cuarteles reclamaban en voz baja. Su punto de vista suscitó la amplia simpatía de los magistrados –con la excepción de Juan C. Maqueda, pero el único que se atrevió a adelantar un pronto fallo a favor de la impunidad fue Adolfo Vázquez. Pifiaron todos, el obispo y los cortesanos, de los cuales sólo cuatro siguen en funciones.
LA POLÉMICA
Aunque el presidente Kirchner y su esposa Cristina Fernández se han manifestado como enemigos del aborto –en esto han coincidido con el denostado Carlos Menem-, el ministro de Salud hizo declaraciones a favor de la despenalización.
Esa toma de posición de GGG se conoció por primera vez en noviembre del año pasado y se reiteró a mediados del corriente mes en un reportaje a Página/12. Allí afirmó: "pienso que hay que despenalizar el aborto. Si ello hubiera ocurrido, muchas de esas mamás que no concurren al médico o que llegan al borde de la vida, se salvarían".
En nuestro país se realizan estimativamente 500 mil abortos al año, con un índice de mortalidad materna más elevado en las mujeres de condición humilde que lo hacen en malas condiciones sanitarias. Las de clases medias y altas, que también apelan al aborto como último recurso, tienen dinero para pagarse un médico o clínica privada donde ese índice es mucho menor.
Pese a que la situación económico-social es lo que en muchos casos empuja a tantas mujeres a abortar, el obispo castrense no tiene propuestas efectivas para superarla pues históricamente su iglesia fue amiga del poder, incluso de los peores poderes como el del general Jorge R. Videla. Baseotto no lucha contra la pobreza ni por la igualdad entre hombres y mujeres. Sotana al viento embistió contra el titular de la cartera de Salud con acusaciones de "apología del delito de homicidio por promover la multiplicación del aborto".
Ninguna mujer aborta por que sí. Lo hace porque a raíz de la explosión de pobreza de los ´90 en adelante no tiene sustento material para ampliar su familia o porque carece de ésta, porque corre grave riesgo su salud o quedó embarazada sin ninguna intención de maternidad. Los extremistas como Baseotto quieren seguir discutiendo sobre el sexo de los ángeles pero los seres humanos tienen sexo y la sana costumbre de practicarlo, cuando pueden. A veces incluso cuando no sería conveniente, con la persona equivocada o en el peor momento del mes.
En fin, en alguna de esas hipótesis suelen producirse los embarazos y cada mujer, si está sola, o con su esposo o compañero si lo tiene, debería poder decidir sobre su cuerpo. Ella es quien tendría que resolver sobre un asunto propio, doloroso e intransferible sin que la Iglesia, y menos el vicario militar, le digan qué hacer so pena de mandarla a ser pasto del fuego eterno en el infierno.
Baseotto dice ser defensor de la vida pero oficia de antiabortista, línea de acción que anualmente condena a la muerte a varios miles de mujeres de clases bajas. El inquisidor no sólo se opone a la despenalización del aborto sino incluso al reparto de preservativos. Todas las opiniones coinciden en que el condón impide tanto los embarazos no deseados como la propagación del Sida, pero el reverendísimo monseñor dictaminó que la porosidad del látex permite el paso del virus y que su distribución es un negocio de las multinacionales del látex.
SEPARACION DE IGLESIA Y ESTADO
El alboroto generado por las declaraciones de apologista de los vuelos de la muerte Baseotto tuvo un costado positivo: revelaron a los ojos democráticos la persistencia de bolsones de cavernícolas de la derecha eclesiástica, mediática, política y empresaria.
Ese sector había mostrado algunas de sus cartas a raíz de la retrospectiva del artista plástico León Ferrari. El arzobispo Jorge Bergoglio condenó la muestra por "blasfema" y los grupos neonazis de "Cristo Rey", "Agrupación Cristo Sacerdote" y "Agrupación Custodia" mandaron sus energúmenos a romper parte de la muestra en la Recoleta, y a sus abogados a reclamar su clausura judicial.
La cúpula eclesiástica fue más que condescendiente con el fascismo de las juntas militares entre 1976 y 1983 que segó las vidas de entrañables católicos como Carlos Mugica y Enrique Angelelli, entre tantos otros. Esa institución es impiadosa con las mujeres puestas ante la necesidad de abortar, con las expresiones del arte crítico, con los movimientos piqueteros y hasta con los ministros del Poder Ejecutivo Nacional que cumplen con la ley al repartir profilácticos.
Nadie puede extrañarse de semejante postura obispal pues aún hoy aplican "manu militari" hacia adentro de la Iglesia. Allí no se permite que las mujeres sean sacerdotes y menos obispos, y se sigue sancionando a los curas que cuestionan determinados preceptos como el celibato. El párroco Guillermo Mariani, de Córdoba, tiene abierto un proceso canónico a raíz de la publicación de su libro "Sin tapujos". El díscolo fue amenazado con sanciones por la jerarquía si sigue hablando del tema celibato en los medios.
Los dichos del vicario castrense causaron malestar en el gobierno. El ministro de Defensa, José Pampuro, lo llamó a su oficina para reprobar su carta al ministro de Salud. Posteriormente Rafael Bielsa transmitió al nuncio apostólico Adriano Bernardini la solicitud presidencial para que el Vaticano cambie al polémico obispo.
Pero la solicitud del jefe del Palacio San Martín no tuvo carácter apremiante. Al contrario, se manifestó el deseo de que el pedido tenga buena acogida en Roma "con los tiempos propios de la Iglesia". Esta fue una lamentable concesión del Ejecutivo porque la gravedad de los dichos del obispo ameritaban un reclamo con carácter de urgente.
El intríngulis diplomático dejó al trasluz otro aspecto muy importante: los obispos castrenses no son designados por el Episcopado argentino y menos aún por el ministerio de Defensa. Es el papa quien los designa y cambia, por lo que la salida de Baseotto del cargo depende exclusivamente de la voluntad del pontífice. Como en este momento Juan Pablo II está internado, la cuestión planteada por Bielsa puede quedar pendiente por mucho tiempo.
Este caso se convierte entonces en un nuevo alegato a favor de la completa separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cómo es posible que un Estado ajeno, el Vaticano, sea quien designe el obispo de las Fuerzas Armadas argentinas y el único que puede disponer su recambio?
Se sabía que el Estado pagaba los sueldos de los obispos y contribuía con sumas millonarias al sostenimiento de la Iglesia católica; que brindaba presupuesto a colegios de ese culto; que la cúpula púrpura se inmiscuía en asuntos terrenales médicos y sanitarios; que el cardenal primado imitaba a Torquemada en lo cultural, etc. Pero se desconocía que el Estado argentino no podía dar de baja a Baseotto, nombrado desde Roma, pese a ser un continuador de Victorio Bonamín, el vicario castrense que en 1976 alentó a las FFAA a purificarse en el Jordán de la sangre.