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        Argentina: La lucha continúa 
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SE DEBATE QUÉ HACER CON LAS PRIVATIZADAS
¿Convalidar, regatear o reestatizar?
Emilio Marín
La Arena
En los años ´90 Argentina fue el mejor alumno del FMI y el Banco Mundial, 
pagando la deuda externa con "cash" y las empresas públicas. Nada se salvó del 
vendaval privatizador pues éste abarcó desde el petróleo hasta la siderurgia, 
pasando por los bancos, la electricidad y hasta las jubilacioones. "Nada de lo 
que deba ser estatal será estatal" dijo desde el subconciente uno de los 
arquitectos de esa obra del terror, Roberto Dromi. La pesadilla no terminó. Los 
gobiernos posteriores a Carlos Menem prorrogaron esos contratos y a lo sumo, 
como Néstor Kirchner, los renegociaron. ¿Para cuándo recuperar lo nuestro? 
EL FESTÍN 
Una treintena de multinacionales litigan en el CIADI (Centro Internacional 
de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones) contra el Estado argentino. 
La suma de esas demandas alcanza a 17 mil millones de dólares. Esa pretensión 
resarcitoria se origina en los perjuicios que esas firmas habrían sufrido en 
2002 con la devaluación y pesificación de tarifas. 
Sin embargo esas compañías habían ganado fortunas con anterioridad e incluso 
desde 2003 en adelante lograron recomponer sus ganancias. La principal litigante 
ante el tribunal arbitral en Washington es Telefónica de Argentina, que reclama 
2.834 millones de dólares. Se trata de una demanda injustificada a todas luces 
pues esta firma ganó entre 1991 y 2001 un millón de dólares diarios. Luego del 
remezón de crisis que las mismas multinacionales y bancos provocaron en nuestro 
país, la telefónica española reanudó sus balances con buenos números: en 2003 
tuvo una ganancia neta de 405 millones de pesos. En 2004 informó de una pérdida 
de rentabilidad que no puede haber sido operativa sino de otra índole, aunque no 
dio explicaciones. El mejoramiento parcial de la economía doméstica impulsó las 
mayores ventas de equipos, servicios de telecomunicaciones y el "boom" de los 
celulares. 
Ese festín de las privatizadas tuvo como protagonista de siempre a Repsol, ahora 
con conductor nuevo en el catalán Antoni Brufau. En noviembre pasado el 
directivo vino a Buenos Aires e informó a Néstor Kirchner que mantenía el plan 
de inversiones de 6 mil millones de euros para 2004-2008. 
¿Acaso Brufau, hombre de La Caixa, había sido ganado por un sentimiento de 
bondad? Nada que ver. Repsol vio empinar sus ganancias desde que tomó el control 
de YPF, que le aporta el 60 o 70 por ciento de la producción y ganancias 
mundiales. Un comunicado de la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
detalló que Repsol-YPF había tenido el año pasado una ganancia neta de 1.950 
millones de euros (7.507 millones de pesos). La mayor parte de esa diferencia 
positiva provino de Argentina, donde las utilidades fueron 4.876 millones de 
pesos (5,3 por ciento más que en 2003). 
DE DÓNDE SALE LA PLATA 
Los buenos negocios de las multinacionales europeas y norteamericanas son el 
fruto "natural" de los contratos firmados en tiempos de Carlos Menem, Domingo 
Cavallo, Roberto Dromi, María Julia Alsogaray y otros funcionarios. Al final, 
evidenciando que este es un país con rasgos machistas y donde el PJ mantiene sus 
privilegios, la única detenida de esa lista es Alsogaray, mujer y ex Ucedé, con 
procesos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. 
La alta rentabilidad de los pulpos quedó garantizada con seudos concursos, 
decretos del PEN y "per saltum" de la Corte Suprema de Justicia en casos como 
Aerolíneas y el rebalanceo de las tarifas telefónicas. 
Ningún detalle fue librado al azar. Durante la convertibilidad, la inflación 
doméstica era inferior a la registrada en Estados Unidos. Por eso se tomó a ésta 
como referencia para el ajuste periódico de tarifas. Se estima que en seis años 
esta jugarreta aportó unos 9 mil millones de dólares "extras" a los beneficios 
privatizados. 
Los máximos responsables políticos no registran arrepentimiento ni deserciones. 
En un reportaje concedido ayer a Cadena 3, Menem se ufanaba de la 
privatización telefónica calificándola de "modelo exitoso". 
Es notable la fractura entre esa percepción política y la realidad. Hasta 
Enrique Iglesias, titular del BID, ha reconocido que la mayoría de la opinión 
pública latinoamericana tiene postura adversa a las privatizaciones. Ese 
banquero –que promovió las "reformas estructurales"- admite que esa mala imagen 
quedó adherida debido a la corrupción y altas tarifas de ola privatizadora en la 
región. 
Mercados cautivos, altas tarifas, ajustes periódicos, despidos masivos de 
personal con sobreexplotación de los sobrevivientes, tercerizaciones abonando 
salarios inferiores propios del sector informal, evasión fiscal, fuga de 
capitales y cobro de subsidios estatales, fueron y son algunas de las materias 
donde los nuevos dueños dieron cátedra. Entre 1993 y 1999, hubo 26 privatizadas 
que tuvieron ganancias netas por 2.000 millones de dólares por año, casi 6 
millones por día, 227.000 por hora, 3.800 por minuto. Algunas batieron récords 
mundiales en rentabilidad, como Transportadora de Gas del Sur (TGS) con un 
índice de retorno del 30 por ciento anual. 
En su momento los periodistas más conocidos en TV eran Bernardo Neustadt y 
Mariano Grondona, quienes pregonaron la enajenación machacando que los trenes 
daban al Estado una pérdida de un millón de pesos diarios. El dúo olvidó decir 
que los subsidios siguieron para Ferroexpreso Pampeano (Techint), Ferrosur 
(Amalia de Fortabat), Nuevo Central Argentino (Aceitera General Deheza) y otros 
ramales privados. Su cría, Eduardo Feinmann y Marcelo Longobardi, tampoco lo 
mencionaron. 
CESE DE CURROS 
Si de subsidios a las privatizadas se trata, no habría que olvidar a 
Metrovías, concesionaria de las cinco líneas de subterráneos y el Premetro de la 
Capital Federal. Durante el conflicto salarial, los delegados denunciaron que el 
Estado le paga un subsidio anual de 60 millones de pesos. Los directivos ganan 
sueldos de entre 20 y 40 mil mensuales. 
Como se desprende de los números citados de Repsol, su titular catalán está 
financiando su cacareado plan de inversiones con recursos de los argentinos. Su 
antecesor en el cargo, Alfonso Cortina, negoció con el gobernador neuquino Jorge 
Sobish y el entonces presidente Fernando de la Rúa, una prórroga de diez años 
para la explotación de la principal área de la ex YPF, Loma de la Lata. El 
yacimiento tenía en ese lapso un valor productivo de 30 mil millones de dólares 
y Repsol pagó el uno por ciento. 
La petrolera española obtiene aquí un barril de crudo a 8 dólares y lo vende a 
un precio seis veces superior, sin la obligación de liquidar en el país el 70 
por ciento de las divisas de exportaciones. Así lo dispuso un decreto del PEN 
mientras gobernaba Eduardo Duhalde y Kirchner no sintió necesidad de 
rectificarlo. 
Por su parte, la privatización del servicio de agua puede discutirle a cualquier 
privatización cuál merece el título de campeona. Y eso que son todas de primer 
nivel escandaloso: teléfonos, Aerolíneas, Correo, peajes, aeropuertos y muchas 
más. 
En Capital Federal y 17 partidos del conurbano bonaerense, con 6,5 millones de 
clientes, ese servicio fue adjudicado a Aguas Argentinas. Sus dueños actuales 
son el grupo Suez, de Francia, y Aguas de Barcelona, de España. El nivel de 
incumplimiento de las inversiones fue tan brutal que en el último año ligó 
multas por 62 millones de pesos, que por supuesto aún no obló. A lo sumo 
depositó 3,2 millones para un fondo fiduciario, cuando las inversiones básicas 
no realizadas implican 400 millones. Como muestra basta un botón: no construyó 
la planta depuradora de Berazategui, con lo que afectó a más de 6 millones de 
personas. 
Aguas Argentinas, lejos de revisar su actitud, está pleiteando ante el CIADI 
contra el Estado argentino. La factura es por 1.700 millones de dólares, 
supuestamente el monto total de su inversión aunque de contado apenas pagó 120 
millones de dólares para adueñarse del servicio en 1993. 
El ministro de Economía argentino, durante el viaje de la comitiva presidencial 
a París a fines de enero último, ofreció al grupo Suez un aumento tarifario del 
16 por ciento. De ese modo, como argumentó el claudicante Roberto Lavagna ante 
Radio Francia Internacional, la firma gala reuniría 250 millones de pesos 
aportados por los usuarios y el Estado haría inversiones directas por 150 
millones hasta redondear los 400 millones del plan de obras. Suez no pondría un 
peso, por lo que el ministro fue desautorizado por Kirchner. 
De todas maneras el gobierno se mantiene en un tímido regateo. Sobre 63 
contratos con privatizadas sólo rescindió tres: Thales Spectrum (control 
radioeléctrico), Correo Argentino y Trenes Metropolitanos, este último con 
vistas a reprivatizarlo. El diario "La Nación" y el establishment 
económico demandan la vuelta a manos privadas de esas tres perlas que se cayeron 
del collar de su majestad. 
Situados en las antípodas de ese pensamiento oligárquico y atendiendo a los 
resultados de las privatizaciones, muchos argentinos quieren que se recupere el 
patrimono nacional. Creen haber escuchado sonar la hora de la reestatización con 
control de trabajadores y usuarios. Y piensan que así se podrá defender el 
interés nacional, democratizar esas empresas, generar empleos, ahorrar divisas y 
buscar asociaciones de mutuo beneficio con Venezuela, el Mercosur y el Tercer 
Mundo.