Los argentinos conocen bastante bien lo que significa FMI, al punto que en los medios esa simple sigla ya es suficiente sin necesidad de deletrear su denominación completa. En cambio hay otros organismos que también afectan los intereses nacionales que resultan menos conocidos pero dañinos. Uno de éstos es el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, un tribunal "arbitral" perteneciente al Banco Mundial. Las comillas realzan nuestra duda sobre su condición de árbitro: las privatizadas radicaron allí sus demandas contra nuestro país.

DUDOSA EQUIDISTANCIA

El CIADI se fundó en 1966 como un tribunal internacional relativo a disputas por inversiones y funciona como parte integrante del Banco Mundial. Este y su "mellizo" -el FMI- nacieron como fruto de los acuerdos de Bretton Woods para enderezar el mundo de la posguerra según la hegemonía estadounidense.
Tuvieron que transcurrir más de 25 años para que la sigla CIADI empezara a divulgarse entre nosotros. Los inversionistas en tiempos de Carlos Menem y Domingo Cavallo en muchos casos no hacían inversiones genuinas y a riesgo sino que tomaban el control de las compañías estatales a precio vil. Y encima se ponían a resguardo reclamando que sus respectivos gobernantes negociaran (léase impusieran) a las autoridades argentinas determinados tratados de "respeto" a las inversiones.
Esa exigencia de tratados bilaterales estaba anticipando su política actual. Es que invocando esas herramientas, las privatizadas multinacionales se presentaron ante el CIADI con millonarias demandas contra Argentina. Su argumento es que el Estado las lesionó en su patrimonio con la devaluación y pesificación de las tarifas del año 2002.
Esas multinacionales ganaron fortunas en dólares en los ´90 en base a los contratos más que benévolos firmados por el menemismo, con mercados cautivos, tarifas dolarizadas y ajustes por inflación en EE.UU. cuando la doméstica era inferior.
Cuando el país se precipitaba al barranco de una de sus peores crisis, esos pulpos internacionales giraron ganancias a sus casas matrices incluso las calculadas por adelantado para 2002. También se pusieron a cubierto mediante la fuga de capitales a pesar del "corralito", como comprobó la comisión investigativa de la Cámara de Diputados de la Nación. Que no haya habido presos no obedeció a la falta de pruebas sino a la contumaz acción retardada o inexistente de la justicia cuando los sospechosos tienen cuentas bancarias de muchos ceros.
Lamentablemente el gobierno de Néstor Kirchner dejó pasar la oportunidad de denunciar el tratado de protección bilateral de inversiones firmado con Washington, al momento de su vencimiento en 2003. Si lo hubiera hecho habría comenzado a quebrar la maniobra extorsiva. Todavía podría hacerlo pero todo indica que aceptará el status quo.

JUEZ Y PARTE

La pusilánime conducta gubernamental fue una invitación a que las multinacionales que se dicen afectadas por el curso de la economía argentina se agolparan ante la ventanilla del Banco Mundial con sus pliegos. Como no pagan dinero por el monto de sus juicios, piden lo imposible, total es gratis. Este es uno de los tantos aspectos lesivos del CIADI: las firmas extranjeras piden resarcimientos de cifras astronómicas porque no deben oblar tasas ni justicia ni costas.
Aunque el organismo tiene su sede en Washington, algunos de los juicios se ventilan en otras capitales. Por ejemplo, en París, adonde fue el año pasado el ministro de Justicia Horacio Rosatti para representarnos ante una demanda de la energética norteamericana CMS que alegaba perjuicios en su participación en Transportadora de Gas del Sur.
En esas audiencias Rosatti tuvo que recusar a algunos de los testigos propuestos por la otra parte porque eran hombres del mismo riñón empresario. El argentino Carlos Bastos, ex secretario de Energía de Domingo Cavallo y representante latinoamericano de la fallida Enron, iba a declarar en un asunto donde CMS y la ex Enron tenían intereses en juego.
A mediados de enero Argentina debió recusar al titular de un arbitraje porque pertenecía o había pertenecido a los directorios de las litigantes Azurix-Enron y Siemens, que clamaban por 1.200 millones de dólares. O sea que en el CIADI las multinacionales son juez y parte. ¿Se entienden ahora nuestras comillas a la condición de tribunal "arbitral"?
El ministro que reemplazó en la cartera de Justicia a Gustavo Beliz se quejó amargamente de otro aspecto de las actuaciones parisinas. Las empresas pretendían imponer una "cláusula de confidencialidad" para que los documentos y discusiones ante el tribunal no pudieran trascender públicamente. Esto hubiera atado de pies y manos al gobierno argentino, o en todo caso –si se considera que esas ligaduras ya existen- hubiera sido una mordaza para no informar al pueblo de lo que considerase necesario. Cabe recordar que Néstor Kirchner es el mandatario y los 37 millones de argentinos, sus mandantes. Pero para el CIADI el soberano no tenía derecho a saber "de qué se trata", una de las grandes consignas del movimiento independientista del 25 de mayo de 1810. La mordaza de la censura no prosperó pero esa debe haber sido una de las pocas cosas que salieron favorables a nuestro país. En lo demás perdemos por goleada.

TIREN CONTRA ARGENTINA

El lector se preguntará cuántas son las demandas interpuestas por los monopolios extranjeros. Hasta la semana pasada, Rosatti tenía inventariadas 37, con una pretensión resarcitoria de 17 mil millones de dólares. Pero las cosas pueden ser peores. El Procurador General del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, alertó sobre otras 140 denuncias que en pocos meses pueden convertirse en "nuevos casos". Si así fuera el monto de las demandas tomaría un nivel impresionante, de 80 mil millones de dólares, equivalente a la deuda en default que trata de canjear el ministro Roberto Lavagna. Eso da una idea muy gráfica de la peligrosidad de las maniobras empresarias en el CIADI.
Tomando en consideración lo que actuamente existe –dejando de lado la hipótesis del procurador- el ranking de demandas contra el Estado lo encabeza Telefónica, que litiga por 2.834 millones de dólares, seguida de Endesa (Edesur) con 1.800 millones, Aguas Argentinas con 1.700, AES con 750, Pioneer con 650, Camuzzi con 629, Azurix con 566, Siemens con 550, Pan American con 300, Enron con 286, CMS con 265, etc.
La estadística indica que ante el CIADI hoy están radicadas 86 denuncias contra diversos países del mundo, de las cuales 37 apuntan al nuestro, más de un tercio del total. ¿Qué pasa? ¿Somos un "estado delincuente"? Esa fue la calificación que George W. Bush hizo en su primer mandato contra un lote de naciones que se aprestaba a agredir.
Se dice de los tiburones que atacan cuando huelen sangre. Los acreedores privados de Argentina, agrupados en comités de bonistas, son como esos temidos peces. Al olfateado sangre. Sus dos referentes internacionales –Hans Humes y Nicola Stock- informaron el miércoles pasado que ellos también irán a litigar ante el comité del Banco Mundial. Su explicación es que Argentina los ha "expropiado", violando los tratados de protección de los inversores. Confían que el titular del BM, James Wolfensohn, les dará una mano para cobrar más de lo ofertado por Kirchner-Lavagna.
Esa expectativa de Humes y Stock tiene un margen político a favor. En cambio ya se vio que no va a andar el deseo kirchnerista de que los españoles suspendan las hostilidades. El patagónico confió en que José Luis Rodríguez Zapatero –de visita a fines de enero último- lo ayudaría. Textualmente afirmó: "el presidente de España ha decidido acompañarme con fuerza para que las empresas españolas que trabajan (sic) en la Argentina, retiren esas demandas que agravian al pueblo argentino".
El gobernante español habló con esos ejecutivos en un acto realizado en el Hotel Alvear, pidiéndoles que "contemplen los tiempos de la recuperación argentina". Aunque no planteó la solicitud expresa de suspender las acciones ante el CIADI, dijo que para salir adelante el país "necesita de la colaboración de las empresas españolas".
Los ejecutivos con casa matriz en Madrid fueron muy sinceros con el presidente ibérico: no dejarán de lado sus pleitos hasta que el Estado local renueve los contratos en condiciones ventajosas. Una de las negociaciones más arduas es con Aguas Argentinas, que ha incumplido todos los compromisos de inversión y pide un aumento tarifario del 60 por ciento. La compañía está dominada por los franceses de Suez pero Aguas de Barcelona tiene 25 por ciento del paquete accionario.
En rigor de verdad, como sostiene el lema de las mujeres golpeadas, Argentina no necesita una mano de esos señores sino "que le saquen las dos manos de encima". Que saquen sus manos las privatizadas europeas y estadounidenses, el FMI y el Banco Mundial, incluido su tribunal "arbitral" contra los países del Tercer Mundo.