TORTURA SEGUIDA DE MUERTE

La sabiduría popular del Martín Fierro aconsejaba 'Hacete amigo del juez'. Y eso es lo que hacen las policías en todo el país. Hay una base esencial: tanto la cana como los jueces responden a la misma clase social que domina, pero hay algunos magistrados más 'gomías' de la policía que otros. Son aquellos puestos por el lobby policial o los que mantienen fluidos contactos tanto políticos como económicos y personales con las 'fuerzas del orden'.

Los amigos se ven en la cancha, dicen, y sobre todo, en las malas. Como la jueza Marisa Salvo de Lomas de Zamora, a cargo del juzgado de garantías Nº 5.

Tal como informábamos en una nota anterior, hubo novedades en la causa del 'Chaco' González. Los policías Concha y Quevedo, que deberían ser procesados por tortura seguida de muerte, fueron indagados por el fiscal de la causa por 'homicidio preterintencional' en concurso con 'severidades', mientras se requirió la elevación a juicio de la causa paralela por extorsión a Ramona, la mamá de Chaco.

Los abogados de CORREPI que patrocinan a Ramona quisieron consultar las actuaciones para leer las indagatorias y el requerimiento de elevación a juicio. Ambas causas habían pasado al juzgado de garantías nº 5, en cuya mesa de entradas el empleado explicó que personal policial de la DDI (Dirección de Investigaciones) se había llevado todo para fotocopiar. Cualquiera que haya tenido la desgracia de trajinar en los tribunales bonaerenses sabe que para fotocopiar todo o parte de una causa hay que pedirlo por escrito, señalar qué partes se quieren extraer, esperar que el juez lo autorice, pagar una alta tasa de justicia ($ 0,40 por carilla) y luego ir con un empleado del juzgado a la fotocopiadora del edificio, donde cada hoja cuesta $ 0,10.

- Bueno, esperamos que la traigan y así podemos verla- dijimos al empleado en nuestra inocencia.
- Es que van a tardar, no están en el Edificio- dijo avergonzado el empleado.

Entonces el atribulado empleado, obligado a sacar la cara por su jueza, nos confesó que cuando el personal de la DDI de Avellaneda (que obviamente, no pagó la tasa) fue a la fotocopiadora del edificio, tuvieron la desvergüenza de querer cobrarles las copias. Entonces llamaron al comisario, que se entrevistó con la jueza Salvo, la que le dio permiso para llevarse los dos expedientes en varios cuerpos, y sus incidentes, a fotocopiar en la dependencia policial.

O sea, los jefes de los imputados se habían llevado las dos causas, sin ningún control del juzgado, que es el responsable de custodiar los expedientes. Todo entre amigos, y con permiso personal de la jueza.

Los compañeros de CORREPI quisieron dejar constancia de lo ocurrido, pero este juzgado no tiene libro de nota ni de asistencia, ni de préstamos de expedientes, ni nada donde se pudiera consignar semejante irregularidad.

Ya que estamos, recordemos algunos hitos en la carrera judicial de la Dra. Marisa Salvo:
1.- Ordenó el allanamiento al domicilio de la periodista independiente Clara Britos el 1/1/2000, donde más de 30 policías del grupo Halcón destrozaron la casa, golpearon y maltrataron a miembros de su familia.
2.- Fue la jueza de la causa por la Masacre del Puente Pueyrredón, negándose a imputar a los responsables políticos y negándose a calificar los homicidios como agravados.
3.- Fue la jueza que mantuvo más de un año en prisión preventiva a Raúl Castells por extorsión.
4.- En la causa por el homicidio de Leonel Ignacio Puente, sostuvo que era homicidio culposo y dejó en libertad al policía Burguess basándose en un pericia balística de la propia cana, cuando era evidente que habían forzado a posteriori el arma para justificar que el tiro fue accidental (en el juicio oral condenaron por homicidio simple a 14 años).
5.- En la causa contra el custodio de Corach, Goyochea, asesino del joven Marcos Viera, le dio prisión domiciliaria al policía 'en su casillero' (su domicilio constituido), la delegación de la PFA de Lomas.

Si Servini de Cubría, siempre 'encubría', la Dra. Salvo pone 'a salvo' a la policía.