En las cárceles no hay Derechos Humanos: 'Por algo será'

El 17 de octubre la Comisión Provincial por la Memoria CPM, le exigió al gobernador bonaerense, Felipe Solá, que se formara un grupo de investigación independiente y objetivo para esclarecer las muertes de 32 presos del penal de Magdalena, en ese momento, luego llegaron a 33, y volvió a calificar a las cárceles de la provincia como 'verdaderos campos de exterminio'. 'No podemos disimular nuestra inevitable carga de indignación ante la muerte de varias decenas de ciudadanos privados de su libertad, cuya custodia era responsabilidad del Estado provincial, señalaron en la carta dirigida al gobernador bonaerense.

'Verdaderos campos de exterminio', sostiene la CPM

Vayamos a algunos aspectos de esta masacre en la cárcel: luego de 48 horas, el gobernador Solá decide la intervención, previa, en el orden judicial, el juez interviniente en la causa exige al gobierno provincial que se aclare lo sucedido.

Por otro lado, medios capitalinos estuvieron en la cárcel y los presos relataron con lujo de detalles como desde el mismo Servicio Penitenciario Bonaerense se incentivó para la pelea entre los grupos que hay en las cárceles, algo que no pasa desapercibido para el conjunto de la población.

Además, contaron como los propios jefes de estos grupos pararon las batallas campales porque sabían que iban a ser responsabilizados por los destrozos y los problemas que podrían sobrevenir.

Otro de los aspectos fue relatar como se mezclaron en el Pabellón 16, de autodisciplina a presos antiguos y con procesos complejos, denominados en la jerga carcelaria: cachivaches, o sea listos para producir cualquier tipo de problemas.

Los relatos sucedieron a esa tarde de fuego, la falta de los carceleros, las itakas con balas de goma, amenazas y luego el incendio donde los presos quedaron a la buena de Dios.

También se extendieron contando como son chantajeados en el ámbito carcelario, por los mismos "cobanis" que en la misma jerga son los carceleros, estos no estaban, provocado el incendio, porque hay material no ignífugo, no estuvieron para socorrer y sacar a los presos del Pabellón 16.

Otro de los elementos de denuncia que hacen los presos, conocido y archi conocido son las presiones que hacen sobre las mujeres familiares, hermanas y mujeres las cuales deben sufrir el acoso y doblegarse para lograr que sus familiares no sean trasladados a pabellones con presos de alta peligrosidad, donde además de ser golpeados, son violados o soportan vejámenes de todo tipo.

Por otro lado el franco higiénico es sólo para los casados con libreta, para los otros esto no existe, la discriminación llega también, no se respetan antecedentes de parejas o vida en común.

A esto se suma que deben entregar parte de los comestibles que llevan sus familiares, a los cobanis y que estos a cambio les perdonan la vida, en la misma jerga, que quedan en pabellones donde conviven con presos no procesados o los denominados perejiles. Que a estos denominados perejiles, son enviados con los cachivaches y la historia se repite, la violación, la tortura y todo tipo de violaciones de elementales derechos humanos.

Las cárceles, ni Magdalena, ni Olmos, ni Devoto, ni ningún espacio antiguo o nuevo resuelve el problema de la población carcelaria, las causas del aumento poblacional y la realidad social que se vive dentro de ellas tiene directa implicancia con los organismos de control, sus responsables y una realidad social donde el pez gordo se come al chico, y no hay ningún espacio de defensa.

Se pueden construir nuevas cárceles, serán de paredes más nuevas, y con otros espacios, por ahí tendrán más sanitarios, menos hombres y mujeres por metro cuadrado y habrá hasta un lavatorio, y a lo mejor hasta una biblioteca, y por ahí un televisor y el permiso de tener radio. Pero todo esto junto no resuelve el problema de fondo, la política de reinserción del que delinque.

La búsqueda de porqué se llega a contravenir las leyes vigentes

Por otro lado, hay una clara consecuencia del brutal aumento de la población carcelaria, sostiene La Vaca en su nota del 21 de octubre, y tomando el informe del Cels – Centro de Estudios Legales y Sociales, "la tristemente próspera industria de presos es responsabilidad de las políticas implementadas por el Poder Legislativo y Judicial. Mientras se sancionan leyes que avanzan sobre garantías constitucionales para promover 'la cárcel rápida', la justicia aplica con idéntica velocidad lo que este informe denuncia como 'un abuso de la prisión preventiva' (89% de los detenidos bonaerenses son procesados, no condenados), en tanto demora las investigaciones de las cada vez más salvajes rebeliones de presos".

Luego tomando el informe del Cels nos podemos remitir a decir que los planteos que hacen son claros: el porqué de las problemáticas carcelarias llevan a los motines y rebeliones: en ellas como sostuvimos en estos informes, el hacinamiento, las condiciones inhumanas, tanto en las cárceles como en comisarías. El mismo informe dice que en el 2004 la población carcelaria creció y que los presos estaban repartidos entre cárceles: 24.352 y comisarías: 5441, en total 29.793. Desde 1994 aumentó la población carcelaria en 1780 personas por año, o sea, el 149 por ciento.

Por otro lado el informe dice: 'Asociada a la sobrepoblación, el hacinamiento y las denigrantes condiciones en las que se aloja a los internos, la violencia carcelaria es una situación cotidiana. El encubrimiento de la corrupción penitenciaria es otro de los factores que explica los altos niveles de violencia que caracterizan a los centros de detención'.

Y vale sostener que en el 2003 la cantidad de muertes en las cárceles bonaerenses fue de 139 reclusos. Violencia carcelaria, condiciones infrahumanas, hacinamiento, leyes de encarcelamiento votadas en el Congreso nacional. Estos son los elementos que llevan a mirar, junto con un SPN -Servicio Penitenciario Nacional y el SPB –Servicio Penitenciario Bonaerense- como grandes ejecutores de una política de represión y de la falta de una política de Estado para esta realidad social.

La población carcelaria, esta de casi 70.000 según cifras del 2004, marcan que dicha población aumentó entre 1999 al 2004 y que la ecuación era de menos de 100 presos por 100.000 habitantes, en la actualidad pasamos a tener 170 encarcelados cada 100.000 habitantes, superamos a Brasil, que tiene 133 y estamos más cerca de Chile que tiene 204.

Y si seguimos viendo este largo y penoso proceso, podemos sostener que el crecimiento de la delincuencia y los encarcelados creció entre el final de una década infame, no sólo para nuestro país, sino para Latinoamérica. La desocupación, subocupación, la falta de perspectivas, de horizonte, de esperanzas y sueños se ha ido desvaneciendo y en esa realidad la delincuencia, el robar, el delinquir aparece y vuelve a aparecer.

Es imposible pensar que con la mitad de la población bajo la línea de la pobreza sea posible tener cero de delincuencia. Es más, quienes motivan esta realidad se enancan sobre esta situación económica y social. La copa del derrame que prometía el modelo neoliberal llegó sólo para determinados sectores de la sociedad, mientras los otros, la gran mayoría, los 16 millones de personas que sostiene el Indec, siguen esperando. En esta incontrastable realidad se posiciona el proceso de hacinamiento en las cárceles y la no política estatal para evitar el delito.

Evitar el delito es dar trabajo, educación, salud, un horizonte claro para las generaciones que van creciendo. ¿Qué estamos ofreciendo a los millones de niños que viven en la pobreza?: trabajo sobre explotador y un futuro siniestro.

Lo de Magdalena es otro suceso de situaciones carcelarias donde el pez gordo se come al chico y hay un carcelero que mira el panorama y se sirve de sí para sus intereses mezquinos, preparado para esto y a sabiendas de su actuación.

Los hermanos Granados muertos en este suceso más que dudoso, ya que lo que afirman los presos del pabellón 15, hace suponer un siniestro acto de violencia montado, luego no hubo socorro para los que se estaban incendiando y a esto se agrega que la celda del pabellón 16 fue cerrada, tal la información suministrada por los presos a la CPM.

Los hermanos Granados tenían proceso no condena y casualmente provenían de la Unidad Carcelaria Nº 1 de Olmos, que tenía a abril del 2004 tenía tan sólo 109 condenados sobre una población carcelaria de 2.825 presos, o sea, el 3,9 por ciento tenían condena para ese momento.

Por otro lado dice el informe que además de estos 139 muertos, en el año 2003 se registran 3.999 presos con lesiones, a razón de 9 episodios por día. "…Muchas de esas lesiones son producto de las torturas de las que son víctimas los internos. Los malos tratos, apremios y torturas cometidos en el ámbito provincial no sólo afectan a los adultos, sino que se ejercen también sobre los menores de edad. Solo durante el primer semestre de 2004 se asentaron 437 nuevas denuncias en el Registro de Denuncias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, lo que suma un total de 3.914 hechos denunciados desde la creación del Registro, en septiembre de 2000'.

En el denominado módulo 16 había 58 presos, 33 fallecieron entre la noche del 15 y la posterior muerte del día 18, por otro lado el conflicto se habría suscitado a eso de las 22 horas, los cuerpos calcinados fueron sacados y llevados por los presos del módulo 15 hasta el servicio sanitario del penal, muchos de ellos estaban en distintas condiciones: algunos duros por las quemaduras, otros que se les soltaba la piel cuando eran socorridos por sus compañeros y otros agonizaban entre los alaridos por el dolor que soportaban. Es más la CPM- Comisión Provincial por la Memoria ha pedido asistencia psicológica para los presos del pabellón 15.

Por otro lado el informe del 2003 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) Republica Argentina sostiene que: al 31 de diciembre de 2003 había 51.998 personas privadas de libertad en establecimientos de ejecución de la pena de todo el país. En este caso la tasa de encarcelamiento en penitenciarias era de 143 personas cada 100.000 habitantes. Tomando las comisarías y dependencias de la Prefectura Naval y la Gendarmería había 10.879 personas, según el relevamiento al 31 de junio de 2004 en la mayor parte del país, donde se arrojaba un total de 62.877 personas detenidas, es decir, una tasa de 173 cada 100.000 habitantes.

Los dos lugares con más detenidos son el SPB y el SPF, el primero con 22.983 personas y el Federal con 9.246 presos, o sea el 62 por ciento de los detenidos en todo el país. Por otro lado este trabajo revela que el 62 por ciento de los detenidos al 31 de diciembre del 2003 estaban procesados por la comisión de un delito pero sin condena penal.

Además y en forma penosa debemos decir que este informe demuestra que la problemática social es una de las causas del delito: pasemos revista:

El 70 % de los detenidos tenían entre 18 y 34 años de edad.
El 95 % eran varones.
En el 68% de los casos se trata de solteros.
El 79 % de los detenidos tenía formación primaria o menor.
El 35 % de los detenidos estaba desocupado al momento de ingresar al establecimiento, mientras que el 46% tenía un trabajo de tiempo parcial.
El 94 % tenía residencia urbana y la provincia de Buenos Aires es el principal lugar de procedencia (42%).
El 34% de los detenidos participó en algún programa educativo durante el año 2003.
El 81 % no participó en alteraciones al orden y el 76 % no cometió infracciones disciplinarias durante el período.
El 8% de las mujeres detenidas tenían hijos con ella (190 casos).
Del total de personas con condenas, solo el 4% tenía medidas de seguridad.
El 72% de los condenados no era reincidente.
El 67% de los detenidos con condena estaba en período de tratamiento, mientras que el 13% estaba en período de prueba.

En marzo del corriente año, la CPM informaba sobre la muerte de tres presos por semana, cuando un año antes era de un preso por semana, a esto hay que agregarle las muertes naturales y por SIDA, el fiscal Hugo Cañón al frente de la Comisión apuntaba contra la Procuración General de la Corte bonaerense porque sostenía: "muchas veces los defensores oficiales" que visitan las prisiones "son sumariados por denunciar" estos casos. "En una reunión que tuvimos con la procuradora María del Carmen Falbo tuvimos una posición dura y le dijimos que sumariar a los defensores era como matar al mensajero'.

Cañón decía en ese momento que la postura de la Procuración 'es una forma de amedrentar a aquellos que se ocupan de estos temas y de alguna manera es un mensaje indirecto para los demás para que no sean activos y no participen sobre lo que ocurre en las unidades penitenciarias'.

Tal como se informaba el pasado 9 de marzo del 2005, a partir de un acuerdo alcanzado con la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria había sido habilitada a partir del 2004 para recabar información sobre denuncias que se tramiten por casos de violación a los derechos humanos en cárceles, institutos de menores y comisarías de la Provincia.

Por este acuerdo tanto jueces como fiscales deben aportar información sobre denuncias de casos de tortura, apremios ilegales y malos tratos en dependencias policiales y del servicio penitenciario provincial.

En este sentido y tomando el informe del Cels y la denuncia de los hermanos Granados, pero también de innumerables presos que denuncian las torturas, dicho informe dice: 'Además de tolerada, la tortura en el ámbito penitenciario bonaerense es promovida por el Gobierno provincial, que adquirió elementos de tortura para ser utilizados en las cárceles de la provincia. Según información publicada en diversos medios periodísticos en enero de 2004, el Servicio Penitenciario compró picanas y escudos eléctricos al menos en dos oportunidades: en 1993 y 1996. La adquisición fue confirmada por el gobernador Felipe Solá y por el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, luego de que trascendiera una denuncia hecha por un grupo de detenidos de la unidad Nº 3 de San Nicolás, quienes denunciaron haber sido torturados con corriente eléctrica en ese penal por personal penitenciario. Poco después de conocerse estos hechos, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires denunció que existen demoras en la investigación de casos de aplicación de torturas a presos que están en cárceles bonaerenses'.

Evidentemente, y tomando una serie de informes, denuncias y corrillos que van y vienen entre presos y familiares, es lógico entender la furia de las mujeres, que el día de la madre golpeaban contra las puertas del penal pidiendo por sus seres queridos.

La justicia deberá dilucidar lo ocurrido y encontrar y juzgar a los responsables, pero algunas de las afirmaciones realizadas por las máximas figuras del gobierno provincial sobre la adquisición de elementos de tortura y ante la denuncia de los presos del penal de San Nicolás, deja para un fuerte cuestionamiento y para una pregunta hacia las máximas figuras del gobierno nacional: ¿Cómo se puede entender esto?

Mientras los cuerpos se apilaron, descompuestos por el sol, las llamas y la agonía de muchos que terminaron sin atención médica y muriendo en medio de otros muertos…
Podemos afirmar dolorosamente que, en las cárceles de nuestro país, la vida no tiene valor…

Fuentes consultadas: La Nación, Página 12, Clarín, CPM, HoyDía.net, La Vaca, Cels, SNEEP, Agencia ARGENPRESS. Reportaje concedido al diario La Nación – 18 de octubre del 2005