Argentina: La lucha continúa

El tema carcelario y el destino doloroso de 33 personas en Magdalena, merecen un análisis e ir tomando las fuentes de información, una a una, para poder desnudar que estas víctimas merecen que se encuentre a los responsables de sus muertes.

Por un lado, las imágenes de los comicios electorales del domingo 23 y los análisis posteriores han ganado a los grandes medios y las encuestadoras más preocupados por los resultados eleccionarios y análisis políticos posteriores que tratar de encontrar las causas a esta nueva masacre. Pero en este caso, como afirma el dicho popular es: 'Pedir peras al olmo'.

Durante la última dictadura militar, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, Día Internacional de los Derechos Humanos, se acuñó una frase que recorrió nuestro territorio y se hizo carne en gran parte de la población, que la repitió sin llegar a entender, sólo cuando ya era tarde, lo que realmente implicaban aquellas tres palabras: 'Por algo será'. En este caso eran otros muertos o mejor dicho desaparecidos, aquellos que no eran encontrados, que se habían sumado a la guerrilla o a vivir de una forma incorrecta, por eso les pasaba lo que estaban viviendo. Era la forma de disculpa más siniestra que existió, pero ella no ha terminado, ni concluyó en aquellos días, cuando la democracia regresó. Sobre esos aspectos, el de la vuelta democrática, hay versiones, en las cuales no entraremos, no es tema de esta nota.

Luego de ello, aparecieron, se fueron descorriendo uno a uno los espesos velos que sirvieron para tapar aquellos años de terror, no para todos, obviamente, porque muchos se sumaron a las locuras del deme dos y los viajes a Miami y tanto más. Los densos y cruentos días dictatoriales comenzaron a desfilar por el escaparate del deme dos y más de uno se bajó de aquellos aviones de placer que sólo eran para un sector, porque esas mieses estaban llenas de escarmientos y dolor para amplias capas de la sociedad.

La desocupación, la subocupación, la flexibilización, la desindustrialización, la falta de expectativas fue asomando en aquellos años y quedó al desnudo y condicionando fuertemente a la democracia que surgía. Las formas despiadadas de cobrarse la vida no cesaron y no en vano a los organismos de derechos humanos de las décadas siniestras, se fueron sumando otras organizaciones que empezaron a reclamar por las nuevas violaciones a los derechos humanos en los distintos tiempos que se fueron dando. Aparecieron marchas del Silencio, la Correpi, las Madres del Dolor, por la reforma constitucional de 1994 se introdujo la figura del Defensor público que toma temas de violaciones de los derechos humanos en toda una diversidad amplia, recientemente se ha aprobado la figura del defensor para los niños y niñas, adolescentes menores de 18 años, se han creado múltiples asociaciones u organismos defensores de los derechos a la tierra de las comunidades originarias, organismos que defiende el derecho al agua, medio ambiente, y tanto más.

La violación sistemática de los Derechos Humanos es inocultable, todo refiere y lo primero es que el primer derecho humano es a un trabajo digno, una vivienda digna, una salud y educación, en realidad a una vida que merece ser vivida.

Con 2.000.000 de niños en situación de trabajo infantil, explotación y trabajo en negro que sobrepasa el 50 por ciento de los trabajadores activos, los derechos humanos se violan a diario, segundo por segundo.

Por eso, en estos años, la democracia se sigue cobrando vidas, como si fuera una necesidad biológica, como si la Tierra estuviera por explotar por su población y el único remedio es la muerte, el problema es, cuales son los elegidos para morir.

El año 2004 terminó con una masacre, Cromagnón, este año está finalizando con otra masacre, Magdalena. Desde el Poder Ejecutivo Nacional hay grandes silencios, sólo aparecen cuando desde alguno de los diferentes escenarios de los derechos humanos, en este caso la Comisión Provincial por la Memoria, de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Omar Cañón, Fiscal General de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el día martes 18 de octubre se apersonaron en la Casa Rosada, primero fueron recibidos por el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández y luego por el primer mandatario Néstor Kirchner. En dicha entrevista los miembros de la Comisión exigieron que se aclare con las masacres y la vida inhumana en las cárceles bonaerenses, si bien el presidente se comprometió a que se lleve a cabo una investigación independiente, hay que decirlo, el primer mandatario no debió esperar a que fuera requisitoria de la Comisión, debió ser una medida del Estado Nacional.

Por otro lado, dicha Comisión llevó adelante entre los días 30 de septiembre al 1 de octubre del corriente año, un ciclo denominado: Guerras, Cárceles, Tortura; se realizó en la sala Petorutti, Teatro Argentino en la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el mismo tuvo la participación de panelistas de distintas partes de nuestro continente. Por otro lado la Comisión Provincial ha venido sosteniendo y realizando distintas denuncias sobre las condiciones de los penales de la provincia más grande y con mayor cantidad de presos.

En Magdalena, la población carcelaria es de 1.028 personas, en el caso de los presos de los pabellones 15 y 16, están divididos por módulos de fibrocemento, con un techo común a dos aguas. El relato brindado por parte de los presos del Pabellón 15 a la Comisión desnuda las falacias que hicieron y repitieron desde los medios de comunicación, sobre el problema del motín. Y en este caso el rol de la prensa es tema y arista de un costal que deberemos tomar.

En Cromagnón fueron, mayoritariamente, jóvenes que se convocaron para escuchar a su grupo favorito o uno de los favoritos y bailar, en Magdalena son presos, en este caso los políticos se llamaron a silencio, estuvieron más preocupados por las encuestas, la campaña eleccionaria y lo que dicen los medios. Esos silencios largos e hipócritas, porque parece y es real, los presos de nuestro país no son seres humanos, no merecen ser considerados, su muerte sin sentido no es penable.

Los que hablan de la nueva, anterior, vieja, o algo parecido de la política están callados, algunos es previsible, pero otros u otras están demostrando que nada les importa estas muertes.

Por otro lado y a pesar de intentos de salvataje para el poder ejecutivo nacional y entregar atados de pies y manos a gobernadores o jefes comunales, algo que es indiscutible porque es en sus espacios de gestión donde suceden los hechos, el poder ejecutivo nacional no es ajeno a las responsabilidades. Si las cárceles son inadecuadas en la provincia de Buenos Aires, no vale el reto, el llamado de atención luego de 33 muertes. Las modificaciones se deben impulsar, hay políticas de Estado que vienen desde las altas esferas o deberían llegar desde estos estamentos.

La población carcelaria de nuestro país ha crecido, dolorosamente, en total hay 69.300 reclusos, una parte importante de ellos tienen proceso, no condena, de los 33 muertos, sólo 3 tenían condena, o sea, los otros 30 presos muertos eran inocentes hasta que lo determine el juzgamiento, esto lo plantea la Constitución Nacional. En la provincia de Buenos Aires, la población que soporta en las cárceles bonaerenses es de 30.000 seres humanos.

En esos ámbitos conviven condenados por violación, asesinos, condenados a cadena perpetua y aquellos que llegan y soportan la situación procesal por años, incluido que no se ajustan a lo estipulado legalmente, y sino pensemos en el caso reciente de Romina Tejerina, que estuvo veinticinco meses encarcelada, sin condena.

Por otro lado, lo decíamos en la nota anterior, que aquellos que son los carceleros, el Servicio Penitenciario Nacional, en este caso el Bonaerense no son los apropiados para lograr la reinserción social de aquellos que han delinquido.

En el caso de Magdalena en especial, hay que preguntarse porqué los hermanos Granados, Lucas y Marcos que habían denunciado tormentos y tortura en la cárcel de Olmos, fueron trasladados días antes al Pabellón 16 de Magdalena, que uno de esos denunciantes de aplicación de tormentos por parte del SPB – Servicio Penitenciario Bonaerense, fue Lucas Granados, muerto en el incendio y su hermano Marcos, testigo de las torturas, tal como fue denunciado, está muerto.

Por otro lado, su hermano mayor, Pablo Granados sostuvo, acompañado de Ana, la compañera de Lucas, que 'su hermano estaba marcado y no iba a salir con vida. Ya le habían pegado y él los denunció' *.

Y luego agregó: 'No sé que dicen de los golpes los políticos, pero Marcos tiene la cara atravesada por un fierrazo y creemos que murió por un golpe' aseguró su hermano Pablo.

Por otro lado, Ana, que pidió reserva y nada de fotos por temor a las represalias, indicó que: 'A Lucas lo entregaron, primero lo golpearon en Olmos y ahora la mataron. Estaba mal porque lo habían operado y cuando yo lo visité el domingo anterior lo tenían tirado en un depósito y el viernes lo deben de haber llevado al pabellón 16'. Ambos jóvenes, uno de 25 años, Lucas y Marcos de 23 años no tenían antecedentes penales y estaban presos acusados por un secuestro, ocurrido el 7 de octubre del 2003 en Florencio Varela.

Otro elemento es que su abogada, la doctora María de las Mercedes Pardeihan, indicó al mismo diario que: 'nos da la sensación de que esto estuvo armado para sacarse de encima los presos que molestan al servicio'. Además continuó planteando que pedirán una nueva autopsia para Lucas y los otros presos muertos y que no sólo habían pedido habeas corpus, morigerar la detención, sino que le dijo al juez que: 'Lucas se iba a morir y él no hizo nada'.

En el domingo fatídico, la misma abogada sostuvo que los presos, por el hecho de ser presos no son considerados, nosotros podemos sostener que las denuncias que se hacen en estos días en los distintos medios, las entrevistas realizadas a presos sobrevivientes, los testimonios de los bomberos que sostienen que eran los mismos presos de otros pabellones que rompieron, hicieron boquetes para sacar a sus compañeros, además de ser un acto de tremenda solidaridad, habla a las claras de un servicio penitenciario que no es, para nada el adecuado.