Previo al motín en Magdalena se habían denunciado las malas condiciones de los presos
Las autoridades minimizan la revuelta y la atribuyen a "una pelea como hay tantas"

Stella Calloni
La Jornada

Buenos Aires, 17 de octubre. El presunto motín que ayer dejó 32 muertos en el penal de Magdalena, situado a más de 100 kilómetros al sureste de Buenos Aires, originó una nueva ola de condenas contra el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SPB), al conocerse que el comité contra la tortura creado por la Comisión Provincial por la Memoria presentó un recurso de hábeas corpus el pasado 14 de octubre después de visitar otra de las cárceles enclavadas en ese lugar.
Los abogados comprobaron que una de las unidades visitadas tenía similitudes con "un campo de concentración", donde los reclusos no sólo estaban hacinados sino que las colchonetas, donde dormían por turnos, estaban mojadas y por los pasillos corría agua sucia cargada de desperdicios, que entraba a las celdas.
Según relató el periodista Horacio Verbitsky, directivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde el pasado 10 de octubre los presos en este caso estaban en huelga de hambre reclamando por su situación sin que nadie les prestara atención. Precisamente el pasado 13 de octubre el periodista recibió una carta con carga explosiva que no detonó, informó un medio dominical aquí y un juzgado federal investiga este hecho.
La Comisión Provincial por la Memoria, presidida por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el juez Hugo Cañón, denunció las "malas condiciones de detención, hacinamiento, ausencia de medidas elementales de seguridad y otro tipo de anomalías" en Magdalena, y también por lo que consideró el "abandono de personas" por el Estado.
Los organismos humanitarios expresaron sus sospechas sobre el incendio que costó la vida a 32 detenidos por quemaduras e inhalación de monóxido de carbono.
El funcionario judicial Juan Manuel Casolati, quien visitó el lugar, denunció hoy que "el fuego se apagó solo. Los bomberos nunca entraron. No había agua en las bombas contra incendio y los matafuegos no funcionaban. Los que rescataron sobrevivientes y cuerpos fueron los presos del pabellón de al lado (el 15). Ahora están aterrados porque son testigos de todo lo que pasó y lo que sucedió fue dantesco".
A su vez, el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, negó el "abandono de persona", atribuyó los hechos a una revuelta entre reclusos y dio garantías públicas sobre una "investigación independiente" de los hechos.
En números de víctimas este presunto motín es el tercero en importancia. En 1978 durante la pasada dictadura militar, murieron 60 en Villa Devoto -en esta capital- y en el penal de Olmos en La Plata perecieron 33 personas en 1990. La corrupción y las viejas prácticas dictatoriales son un lastre en el servicio penitenciario varias veces denunciado por organismos locales y del exterior.
Otro tema es el hacinamiento, a lo que se añade que hay más de 30 mil detenidos en proceso en la provincia de Buenos Aires y en los últimos años se registraron varios casos de inocentes, inculpados indebidamente, que han sufrido hasta cuatro años de injusta prisión. Se estima que unos seis mil serán declarados finalmente inocentes, pero será difícil que puedan olvidar lo que vivieron en los infiernos carcelarios.
El ministro Di Rocco atribuyó la revuelta que comenzó en la noche del sábado en el pabellón 16 a "una pelea como tantas que hay en los penales", y dijo que el incendio se inició para evitar que el SPB ingresara a ese lugar adonde van reclusos por buena conducta. Según relatan los familiares, estaban preparando regalos para el Día de la Madre que aquí se festejó ayer, cuando provocativamente les cortaron la luz.
Organismos como las Madres de Plaza de Mayo y la misma Comisión por la Memoria, han denunciado una y otra vez la situación aberrante que se vive en las cárceles y comisarías bonaerenses, donde la tortura y los "suicidios" de prisioneros son un doloroso tema cotidiano y ha merecido la atención de varias organizaciones mundiales en lo que se considera una "política de exterminio".
El 22 de abril de 2004, el gobernador Felipe Solá dispuso la intervención del SPB y el descabezamiento de la cúpula del mismo debido a un informe del Ministerio de Justicia por "corrupción e irregularidades administrativas".
Detrás estaban también las denuncias sobre torturas y muertes sospechosas, especialmente de los que denunciaban malos tratos y también se conoció sobre bandas de presos que salían a robar en complicidad con los guardias así como la venta de armas y drogas en los penales. Asimismo se da el caso de detenidos a los que personas del SPB les han ofrecido dinero, armas y protección si salían temporalmente y asesinaban a algunos jueces "molestos".
Al comenzar este año fueron separados de sus cargos jefes y funcionarios del penal de máxima seguridad de Florencio Varela, al descubrir que desviaban y vendían en forma clandestina 150 kilos diarios de pan que elaboraban los reclusos para colaborar con un hogar de niños pobres. Lo sucedido ayer ha sido retomado por todos los organismos de derechos humanos, que no están dispuestos a que esto continúe como hasta ahora, como dijeron sus dirigentes.