El Consejo de la Magistratura resolvió hoy suspender y acusar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los jueces Tomás Inda y María Fernández integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.
El CELS e H.I.J.O.S CHACO considera que "la resolución adoptada por el Consejo es una medida necesaria para consolidar un Poder Judicial Federal respetuoso del Estado de Derecho. Los jueces fueron suspendidos por haberse apartado intencionalmente del derecho aplicable para colaborar directamente con la estrategia de la defensa destinada a conseguir la libertad anticipada de los imputados por la inapropiada vía del habeas corpus y paralizar la investigación sobre la masacre de Margarita Belén".
El 17 de junio de 2003, diez militares fueron detenidos por orden del Juez Carlos Skidelsky en la causa conocida como la masacre de Margarita Belén. El defensor oficial de los militares, Carlos Pujol, presentó una acción de hábeas corpus por considerar que la orden de detención era ilegítima en tanto provenía de juez un incompetente. En primera instancia, el hábeas corpus fue rechazado y, consecuentemente, el expediente fue elevado en consulta ante la Cámara Federal de Resistencia. Ésta hizo lugar al hábeas corpus ordenando la inmediata libertad de los detenidos y declaró, de manera irregular, la incompetencia del juez Skidelsky.
En agosto de 2003, el CELS e HIJOS CHACO denunció ante el Consejo de la Magistratura a los integrantes de la Cámara Federal de Resistencia por mal desempeño en sus funciones; ya que —al hacer lugar al habeas corpus– resolvieron la incompetencia del juez de la causa de manera irregular sin seguir el procedimiento legal previsto para ello.  En el caso del juez Inda, la denuncia agregaba que éste debía haberse excusado de intervenir en la causa debido a que como juez al momento de los hechos no investigó el asesinato de las 22 personas.
En septiembre último el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, resolvió exonerar a Ana María Torres, quien se había desempeñado como fiscal ad hoc, por su participación irregular en la misma causa. Además consideró que la fiscal debió haberse excusado porque se encontraba imputado por crímenes de lesa humanidad su superior jerárquico con quien trabajó durante 11 años.

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