Silvia Arana
Rebelión

Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, trata de imponer su hegemonía económica a través de la globalización. En el orden militar, en nombre de la guerra contra el terrorismo, está desatando una violencia sin precedentes en la historia de la humanidad. Primero Afganistán, luego Irak, después... La guerra contra el terrorismo aterroriza al mundo entero. Pero hay otra guerra, de la que poco se habla, la guerra interna, la que se libra contra los trabajadores de este país, en particular contra los inmigrantes.
Dentro de las fronteras de Estados Unidos, el fantasma de la deportación acosa a los inmigrantes, del Pacífico al Atlántico, del norte al sur del país. El miedo se palpa en los barrios, en los lugares de trabajo. Las redadas de la Migra en los aeropuertos, llamadas "Operación Tarmac" han causado la detención de más de 1000 trabajadores inmigrantes, muchos de los cuales fueron deportados. En la fábrica de helicópteros Sikorsky, en Connecticut, fueron detenidos 15 trabajadores inmigrantes. En Brooklyn, un taxista de la empresa Eastern, fue a completar los trámites de ciudadanía en las oficinas de Inmigración y nunca regresó a su hogar.

Fue deportado a Quito, Ecuador, sin que le permitieran comunicarse con su familia, después de residir en Estados Unidos durante 19 años. Es uno más en la larga lista …

Antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001, las organizaciones por los derechos de inmigrantes y refugiados, habían alcanzado consenso y apoyo en la campaña de amnistía para los indocumentados. Contaban con el apoyo de los gobiernos de México y de otros países. Sin embargo, después del 11 de septiembre, el gobierno de Bush cortó el diálogo sobre este tema.

Y como si eso fuera poco, actualmente los inmigrantes legales, portadores de green card , también hemos perdido los derechos legales a la defensa; si somos acusados de un delito inmigratorio o de otro tipo, podemos ser detenidos y deportados de inmediato. No tenemos derecho a reclamar la presencia de un abogado. Es decir, que los inmigrantes, documentados o indocumentados, hemos perdido nuestros derechos básicos, como el Habeas Corpus, en nombre de la "seguridad nacional".

Artemio Guerra, director del Proyecto de Participación Cívica de Nueva York, dice "los inmigrantes enfrentan una avalancha de obstáculos. Deben hacerle frente al accionar combinado de la Oficina de Inmigración y Naturalización (INS), Policía, Administración del Seguro Social y los patrones. Las ocupaciones de mayor riesgo por el control gubernamental son aquellos puestos de trabajo considerados "claves" para la seguridad nacional: aeropuertos, oficinas federales, contratistas del gobierno -desde fábricas de helicópteros hasta textiles. Si eres un inmigrante, te consideran una amenaza para la seguridad nacional. No importa tu estatus inmigratorio. Y las reglamentaciones serán más estrictas aún puesto que la Oficina de Inmigración está ahora bajo control del Departamento de Seguridad Nacional."

Estas leyes inmigratorias fueron en su mayoría sancionadas en 1996, durante el gobierno de Clinton, como parte del paquete de reformas Immigration Reform Act. Y le han venido como anillo al dedo a este gobierno republicano, que las está haciendo cumplir al pie de la letra, invirtiendo en ello un tremendo presupuesto.

Hasta ahora, no se han visto las ventajas de esta política inmigratoria en la llamada lucha contra el terrorismo. De los mil detenidos en la Operación Tarmac, según las autoridades federales, ninguno está acusado de actividades terroristas.

Sin embargo, es claro el efecto paralizante que ha tenido esta política inmigratoria en la actividad sindical. Con este clima, es difícil para un trabajador indocumentado obtener y mantener un puesto de trabajo, es más difícil aún organizar un sindicato y por lo tanto, disminuyen las posibilidades de mejora salarial. Y cuando los trabajadores inmigrantes, se ven obligados a aceptar salarios más bajos, también bajan los salarios del resto.

Hace unos meses un vocero de la Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIR) se preguntaba: ¿Los inmigrantes tendrán que vivir en un estado policíaco? La respuesta del gobierno de Bush ha sido un SÍ rotundo.